Debería haber un registro de palabras dichas, promesas electorales y juramentos lanzados en el calor del momento por todos esos funcionarios electos cuyas aparentes buenas intenciones van deslizándose con muy poco disimulo hacia el territorio del oportunismo, los intereses personales y las torceduras legislativas. Ahora los escándalos de corrupción parecen haberse ido decantando hacia la condena pública y el linchamiento mediático de unos cuantos protagonistas de las revelaciones de la Cicig y el MP, mientras un buen grupo sigue haciendo cuentas de cuánto le tocará en los negocios que vienen.

¿Cómo alguien en su sano juicio puede dudar de la opacidad implícita en una ley que permita a los funcionarios ser contratistas del Estado? En ese pequeño acápite de la Ley de Compras y Contrataciones subyace todo un universo de actos de corrupción que tienen al Estado al borde de la quiebra y han provocado un fuerte oleaje social contra los sectores involucrados en los abusos cometidos durante décadas.

También debería quedar estampada en letras de molde la prohibición para los financistas de las campañas, quienes una vez pasadas las elecciones usufructúan de los privilegios de esa línea de negocios, dada la obvia relación de compadrazgo con los recién electos. Pero toda esta corrección a la letra es poco menos que un sueño de opio dadas las negociaciones cerradas con candados en territorios tan poderosos como las farmacéuticas, los agroquímicos, la minería o el sector de la construcción, entre muchos otros.

La depuración exigida por la sociedad comenzó un camino espectacular con la defenestración de los titulares del Ejecutivo y un inesperado cambio de gobierno, pero parece haberse quedado centrada en un objetivo único, en un grupo bien identificado de funcionarios, amigos, parientes y compadres, cuando en realidad las investigaciones dejaron en evidencia una podredumbre extendida por todos los ámbitos de la vida nacional, abarcando a sectores muy cuidadosos en el resguardo de su imagen pública.

Es vergonzoso presenciar cómo los legisladores, ante la posibilidad de perder la oportunidad de enriquecerse por la vía de contratos con el Estado, se retuercen como fieras ante la amenaza de una disposición que se los impida. Esa, sin duda, ha sido la gallinita de los huevos de oro. Y esos huevos, cuyo resplandor pudo haber salvado la vida de millones de ciudadanos a través de hospitales bien abastecidos, cárceles seguras, sistemas de protección ciudadana eficientes, transporte público decente y funcional, se han ido diluyendo en cuentas en el exterior, mansiones en la periferia, fincas y casas de descanso, yates y joyas.

Bastaría un buen examen de conciencia de esta casta de aprovechados —de entre los cuales son muy pocos quienes se salvan de la definición— para que el país retomara un rumbo hacia la corrección legislativa y, por consiguiente, la corrección política tan necesaria y urgente. La población lo exige, pero esas voces no parecen afectar la codicia de quienes tienen en sus manos el futuro de la nación. Quizá esperan que las aguas se calmen y la ciudadanía vuelva a caer en la inercia que tanto los ha beneficiado.

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