Terrible, errático y amenazante es el rumbo tomado por el gobierno, con medidas cada vez más alejadas de cualquier posible concepto de gobernanza, si alguna vez existió tal posibilidad. Una rápida retrospectiva permite ratificar el desalentador panorama: los últimos dos presidentes enfrentando procesos por corrupción y el actual ha logrado evadir a la justicia gracias a ilegales e inmorales complicidades.

El retiro de agentes de la Policía Nacional Civil al servicio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es la más reciente y burda maniobra que muestra la profunda crisis del régimen de Jimmy Morales, quien con acciones deplorables desmiente cualquier discurso que pretenda hacerle creer a los guatemaltecos que hace esfuerzos por combatir la corrupción.

Ese falso discurso provoca todo lo contrario. Entre otros temas, busca quebrar el acuerdo que creó la Cicig, con el único objetivo de fortalecer las estructuras criminales incrustadas en el Estado, pero sobre todo, para generar un entorno de impunidad de cual el presidente será uno de los beneficiados.

Otro triste espectáculo lo dio quien hoy ocupa la más alta jefatura de la diplomacia en el país, pero sobre lo cual no parece haber tenido la más mínima preparación, pues ahora en una nueva muestra de incapacidad presenta una denuncia por violencia psicológica misógina contra el presidente de El Periódico, José Rubén Zamora, en una desencajada réplica de lo que en su momento hizo la exvicepresidenta Roxana Baldetti, cuando era acusada de múltiples casos de corrupción.

Estos son apenas dos hechos ocurridos en pocos días, pero reveladores del tan preocupante rumbo que ha tomado este gobierno, incurriendo en medidas desesperadas, pero que no dejan de ser amenazantes para la estabilidad institucional, sobre todo con las muestras de un retorno al pasado de oprobio, utilizando viejas tácticas de los regímenes militares para desprestigiar a los críticos con burdos montajes.

En buena medida esto ocurre cuando al frente de las más importantes instituciones del Estado se encuentran aprendices de política, rufianes que se escudan en el poder para atropellar la institucionalidad y aprovechar el vacío de poder en otras instituciones que también se han adormecido.

Una de estas entidades es el Ministerio Público, cuya titular Consuelo Porras llegó bajo la sospecha de haber sido elegida por Morales para frenar la persecución criminal en casos de alto impacto, lo cual solo ella y sus acciones pueden desmentir, porque hasta hoy la parsimonia también da motivos para la preocupación.

La fiscal general debe abandonar el modo pausa en que tiene al MP y emprender o continuar con las acciones enérgicas contra quienes están abusando del poder y acosan a los críticos de sus abusos, porque podrían estar incubando una mayor crisis. Guatemala ha dado enormes pasos en rechazar de manera masiva la inmoralidad en la administración pública y no se puede permitir que un grupúsculo de aprendices de rufianes se aproveche de su alta investidura para favorecer la corrupción y la impunidad.