La elección de seis aspirantes a dirigir el Ministerio Público deja a los integrantes de la Comisión de Postulación con una imagen de mayor independencia de sus predecesores, sin que esto signifique que todo se hizo de la mejor manera, pues en cada proceso resulta obvio que todo puede ser mejorable.

Sin embargo, en esta ocasión parece haberse dado un paso importante en romper los lazos con grupos oscuros o, cuando menos, fue mucho más discreta la presencia de representantes de sectores vinculados con el tráfico de influencias para beneficiar a personajes más comprometidos con entorpecer los esfuerzos en la necesaria lucha en contra de la corrupción y de la impunidad.

Esa bifurcación de caminos es saludable para el fortalecimiento de las instituciones porque se vislumbra una ruta de mayor independencia en la toma de decisiones trascendentales, pero sobre todo porque también coinciden con iniciativas en las que también se da un notorio cambio de rumbo, como lo acaba de dar a conocer el sector privado organizado al anunciar la exigencia de mayores estándares de transparencia.

La semana pasada, el gremio empresarial comunicó el fortalecimiento de políticas de transparencia en el entorno de sus compañías, pero también anunció su compromiso en respaldar esfuerzos en favor de la gobernabilidad democrática y apoyar la unidad de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral.

Ese renovado compromiso incluso fue presentado en la reciente Cumbre de las Américas, celebrada en Perú, a las máximas autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes les ofrecieron profundizar en el rechazo a cualquier modelo de opacidad, mucho de lo cual surge en el marco de la iniciativa Guate Íntegra, lo que marca una redefinición del rumbo por seguir a raíz de la debacle del sistema político guatemalteco, cuyas máximas figuras están en prisión o bajo persecución judicial.

La iniciativa empresarial contrasta con la obstinación de los políticos que insisten en sus viejas prácticas de apuntalar financieramente las estructuras de un andamiaje político inviable. Una de ellas es insistir en que los empresarios continúen financiando sus campañas políticas, con el absurdo ofrecimiento de que en el Congreso se aprobará una benévola ley de aceptación de cargos, con la que se podría evitar la cárcel ante casi cualquier ilícito.

Muchos empresarios se han negado a continuar con una vieja práctica que ha sido la base de un corrupto modelo que está dejando solos a los políticos, pues es inconcebible que busquen recursos financieros a cambio de supuestos castigos blandos, como si evitar la cárcel los librara de una tacha que queda de por vida y que al final se convierte en una barrera para aspirar a un cargo o para hacer negocios con el exterior.

Hacen bien los empresarios no solo en separarse de las viejas y pestilentes prácticas de una política desfasada, sino en dejar claro cuáles son los nuevos paradigmas en la conducción de la actividad empresarial y en sus relaciones con un entorno perverso, cuya obstinación y resistencia solo provocará un final traumático en sus carreras, ante la obstinación por seguir empujando un vehículo que va al despeñadero.