Por más que se busque valorar las acciones gubernamentales, esto resulta ser una tarea estéril, porque se sigue actuando con criterio oportunista e irresponsable, sobre todo cuando se ve la displicencia con la que los burócratas dictaminan un nuevo plan de gastos en el cual primero se atiende al clientelismo y la corruptela.

En medio de la peor crisis de institucionalidad de la historia nacional, cuando ni siquiera se han cumplido dos años de gestión del Gobierno, el pasado viernes se entregó al Congreso el nuevo proyecto de presupuesto de gastos para 2018, en el cual lo primero que se observa, y en consecuencia resulta muy repudiable, es un incremento injustificado de más de 10 mil millones de quetzales, en el cual también es fácil determinar a quiénes está dirigido.

La última muestra de respaldo, expresada por el dirigente magisterial Joviel Acevedo y su combo de solidaridad, siempre disponible para gobiernos en crisis, le costará a los guatemaltecos un aumento en el gasto de más de mil millones de quetzales, pues es sabido que los pactos colectivos leoninos, irresponsables y que se vuelven dádivas de gobiernos en desgracia se convierten en el mejor agradecimiento por el apoyo brindado cuando hay crisis.

El mayor incremento, y también sumamente sospechoso, se reporta en el Ministerio de Comunicaciones, el cual pasará de 4.1 mil millones a 7.3 mil millones en el 2018, quizá el peor indicador del pago de favores que ocurrirá en los siguientes meses, si ese presupuesto no se discute más ampliamente, si no se le ponen candados y si tampoco se justifican los destinos de un brutal aumento de más del 40 por ciento en los gastos.

Un incremento de esa naturaleza en una cartera que ha sido el foco de la mayor corrupción en los últimos años es lo que más despierta suspicacias, porque en torno a esos recursos y a los personajes que manejan ese presupuesto, y quienes les prestan esos servicios, se ha tejido la mayor red de corrupción en el país, al punto de que los últimos funcionarios y empresarios relacionados con esa dependencia se encuentran presos, en procesos judiciales o prófugos de la justicia, como es el notorio caso de Alejandro Sinibaldi.

En cambio, llama poderosamente la atención que siendo la inseguridad y la violencia uno de los mayores azotes de los habitantes, a la cartera de Gobernación apenas se le incrementa el presupuesto en poco más de 25 millones de quetzales, un aumento vergonzoso que delata por dónde avanzan las estrategias gubernamentales, que parecen continuar por la misma senda de los irresponsables gobiernos precedentes, pero también en la prolongación de un modelo clientelar insostenible.

El presupuesto de gastos para 2018 debió atender primero frenar el irresponsable endeudamiento externo, sobre todo porque la recaudación fiscal sigue siendo deficitaria, pero también porque denota irresponsabilidad en continuar alimentando el insaciable modelo de atender primero a las mafias de la construcción, antes de privilegiar el gasto en áreas de desarrollo y de seguridad, que son las que ocupan las principales preocupaciones de la población.