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La Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha recibido en lo que va del año 60 denuncias de ataques e intimidaciones contra comunicadores guatemaltecos, pero se calcula que podría haber más, porque muchos de los periodistas tienen miedo a denunciar.

Entre esos casos se encuentran amenazas de muerte, llamadas telefónicas anónimas, agresiones directas y hasta enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado.

De hecho, en el año último, la represión ejercida por la Policía Municipal de Tránsito o la Policía Nacional Civil contra periodistas ha ido en aumento, al igual que las agresiones físicas cometidas por los miembros de seguridad de los funcionarios públicos.

Pero más allá de estos incidentes, los ataques más graves se han producido en la provincia, contra periodistas que tienen que hacer su labor diaria en entornos dominados por el crimen organizado y el narcotráfico.

Departamentos como San Marcos, Jutiapa, Chiquimula, Izabal, Cobán o Petén se han convertido en territorio peligroso para informar, ya que cualquiera que se atreva a nombrar a algunos de los cabecillas de las redes corre franco peligro, junto a su familia.

El pasado 28 de julio, un locutor y periodista de Radio Punto, Edin Rodilmiro Maaz, tuvo que soportar cómo rociaban de balas la entrada de su vivienda, en clara advertencia para que tuviera más cuidado con lo que hacía.

Aunque Maaz asegura que nunca ha recibido amenazas por su trabajo, su hermano Eduardo, también periodista de profesión, fue asesinado en septiembre del 2006.

Uno de los hechos más lamentables del último año ocurrió en Coatepeque, el 10 de mayo.

Jorge Mérida, corresponsal de Prensa Libre, fue asesinado dentro de su propia vivienda, mientras escribía en su computadora la que sería su última nota.

El sicario entró con total tranquilidad en la casa, y disparó contra Mérida.

Su hijo, de 14 años, fue quien encontró el cuerpo sin vida del corresponsal, sobre el teclado de la máquina.

A pesar de que Mérida sí había recibido advertencias por parte de terceras personas respecto de que su cobertura informativa estaba causando molestias en ciertos sectores de poder, hasta ahora el caso no ha tenido mayor avance ni se ha emitido la orden de captura de ningún sospechoso.

Muchas veces, cubrir casos sobre corrupción en las municipalidades o de extrañas relaciones entre las autoridades locales y los jefes del crimen organizado les acarrean graves problemas personales a los corresponsales.

El Comité de Protección de Periodistas, que trabaja a escala internacional para denunciar ese tipo de amenazas, informó que el 2007 fue trágico para ese gremio.

Sesenta y cuatro comunicadores fueron asesinados en todo el mundo, la mayoría, en venganza por su trabajo o mientras cubrían situaciones de riesgo, como guerras o enfrentamientos públicos.

En la región latinoamericana, el narcotráfico se ha convertido en el mayor enemigo de los periodistas. En México y en Colombia, muchos han tenido que dejar la profesión o evitar escribir notas acerca de ese tema, sobre todo los que residen en los estados del norte del vecino país. Muchos de ellos han sido asesinados o secuestrados por su trabajo, sin que las autoridades hayan conseguido ponerles freno a las agresiones.