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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha detectado una red interna que ha defraudado a la institución a través de pagos adicionales, sin soporte de documentos, en pensiones que corresponden al Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

Se trata de al menos 35 casos en los que se han sustraído fondos del IVS, los cuales suman Q1.5 millones y ya fueron denunciados en el Ministerio Público, que investiga la posible complicidad de trabajadores y ex trabajadores del IGSS, que ahora son pensionados, y otras personas que han recibido pagos adicionales, como un mecanismo para sustraer fondos.

Esto se realiza en detrimento de uno de los programas de seguridad social que más dificultades económicas afronta, pues sus reservas podrían agotarse en los próximos años, de no llevarse a cabo las modificaciones en el sistema de pensiones.

“Se identificó claramente un procedimiento orquestado para defraudar al Instituto”, declaró el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Luis Reyes Mayén, quien agregó que por ahora “se tiene una idea preliminar de que lo defraudado asciende a Q1.5 millones en menos de un año, pues solo hay 35 casos plenamente comprobados”.

El directivo no descartó que dichas anomalías podrían haberse estado realizando durante más de dos años, pero para establecerlo con certeza se solicitará una auditoría forense de los pagos hechos en los últimos 10 años.

“Cualquier monto que se defraude al Instituto es significativa para los afiliados”, expresó Mayén.

La forma de operar

La estrategia ha sido la misma en los 35 casos: cuando un trabajador empieza a recibir su pensión en el IVS tiene derecho a hacer un reclamo o plantear su inconformidad, si considera que no es adecuada la suma que recibe. Un analista de la entidad, o alguien que lo suplanta, hace un nuevo cálculo y “corrige” la cifra que debe recibir el pensionado.

Ese procedimiento lo lleva a cabo un analista de nómina adicional, y como requisito indispensable se le requieren al solicitante varios documentos, para poder efectuar los pagos complementarios. Todo ese proceso debe estar avalado con la firma del jefe del IVS, cargo que ocupa Osmar Daniel Ardiano Alonzo, quien, como parte de la investigación, ya fue citado por el MP.

La defraudación se hizo acreditando fondos a varios pensionados, por medio de una nómina adicional, sin el soporte de los documentos requeridos.

La primera denuncia fue presentada al MP por el subgerente de Planificación y Prestaciones Pecuniarias del IGSS, Luis Felipe Irías Girón, en la que señala a Walter Samuel Ocampo Barrera, quien ocupaba el puesto de analista B del Departamento de IVS, encargado de los cálculos y nómina adicional.

A Ocampo se le sindica de haber depositado en las cuentas de varios pensionados montos adicionales a los que les correspondían, mediante supuestos nuevos cálculos para el pago de pensiones.

Sin embargo, dichos desembolsos, operados por medio de la clave de usuario de Ocampo, no cuentan con la solicitud de revisión de los pensionados, y tampoco tienen el respaldo de los documentos.

Otro de los casos detectados es el de Ramón Salazar Díaz, ex trabajador del Seguro Social, a quien se le acreditaron fondos adicionales en más de 403 ocasiones, los cuales superaban los montos a los cuales tenía derecho.

A Salazar se le pagaba desde noviembre del 2006 una pensión mensual de Q3,021.26; sin embargo, entre noviembre y diciembre del 2007, así como en febrero del 2008, se le acreditaron Q62 mil 488 a su cuenta en Banrural.

Según el detalle, en noviembre del 2007 se hizo un depósito por Q14 mil 148; en diciembre, por Q24 mil 170, y en febrero del 2008, por Q24 mil 170.

También se detectaron otros dos créditos de Q7 mil 148, en agosto del año pasado, y otro de Q10 mil 648, en octubre, para un total de Q80 mil 286.

Al ser consultado por Prensa Libre, Salazar dijo haber recibido Q60 mil, no Q80 mil, y que los devolvió en efectivo cada mes a personas que se identificaban como trabajadores del IGSS, quienes le mostraban un supuesto memorando firmado por el jefe del IVS. Nunca fue citado a alguna oficina del Seguro Social, y tampoco le entregaron ningún documento que avalara la devolución.

Al intentar conocer la versión de Ardiano, se excusó con que no tenía autorización para brindar declaraciones.

También se trató obtener la opinión de Ocampo; sin embargo, no accedió a hablar, y se limitó a decir que él también había presentado una denuncia.

Proceso

La denuncia del IGSS fue presentada el 26 de marzo del 2008, y el seguimiento está a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, donde ya se le tomó declaración a varios trabajadores del Instituto.

Entre los testimonios que aportan pistas al proceso está el de Virginia Aracely Hernández Aceituno, quien manifestó que ella detectó la estafa a través de unos documentos que llegaron a su poder después de la salida de Ocampo.

La Unidad de Análisis Financiero, del MP, se encargará de establecer los montos de lo estafado, quiénes participaron y las forma en que se ejecutó. El IGSS también solicitó que se involucre a la Intendencia de Verificación Especial, para detectar posibles triangulaciones de los pagos ilegales.

Además, el Seguro Social tiene indicios de que varias transacciones fraudulentas adicionales fueron borradas del sistema informático de la institución cuando se inició la investigación interna, por lo que debieron acudir a un archivo en resguardo fuera del Instituto.

Abundan las denuncias

Ocampo y Salazar, quienes son señalados directamente en la denuncia presentada por el IGSS, han interpuesto a la vez otras denuncias en el MP.

La de Ocampo ingresó a mediados de abril en la Fiscalía contra la Corrupción, y en ella argumenta que a través de una de sus compañeras él se enteró sobre pagos anómalos en la planilla del IVS. Indica que a un pensionado se le dieron Q9 mil de más, y que también le contaron que existen otros 35 casos similares, que en total sumarían Q1 millón 520 mil.

La acción de Salazar fue presentada a mediados de abril, y se encuentra en la Unidad de Desjudicialización. En la denuncia, también verbal, indica que a él en varias ocasiones le depositaron montos mayores a su pensión, pero que después personeros del IVS lo citaban para pedirle la devolución del dinero.