El Ministerio solicitó a la Municipalidad que presentara las autorizaciones judiciales que dieran por terminados los contratos laborales a los trabajadores y que, de no contar con estas, debía reinstalarlos en sus puestos.

El documento refiere que si no se cumple con la reinstalación, al alcalde se le aplicarán las sanciones que la ley establece y se remitirán al juez de Trabajo designado para conocerlas.

En el escrito se establece que la comuna admitió que no existió causa justificada para los despidos y que no se cumplió con el procedimiento establecido en el pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente.

El alcalde Guerra responsabilizó a sus abogados de haber cometido errores después de los despidos, y que si eso es así tendrán que reconocer el error y enmendarlo.