Al lugar llegaron 250 efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército, en prevención de cualquier enfrentamiento entre pobladores y representantes de la empresa Giarfe, S.A., propietaria de la referida finca.

Telémaco Pérez, subdirector general de Operaciones de la PNC, explicó que la presencia de los agentes fue solicitada por el Ministerio Público (MP).

“No hubo capturas. Al final, con los comunitarios visitamos los nacimientos de agua y ellos expusieron las consecuencias que habría si se talan los árboles de los alrededores”, explicó el jefe policial.

Defienden bosque

Los inconformes abandonaron las instalaciones de la finca y se dirigieron al campo de futbol de la aldea Santa Fe Ocaña, donde dirigentes comunitarios explicaron que la lucha para conservar los nacimientos de agua es un derecho humano.

Carlos Pirir, representante de la alcaldía auxiliar, calificó de “negligentes” a las autoridades, por no atender las denuncias contra el propietario de la finca, que busca talar 40 hectáreas de terreno, sin tomar en cuenta el daño que eso causaría al ambiente.

También señalaron al Inab como responsable de ese conflicto, por no cancelar la licencia de explotación del bosque a favor de la finca.

El dirigente comunitario Antonio Orellana recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya les otorgó medidas cautelares por ese caso.

Los campesinos pidieron dialogar con delegados del MP, del Inab, la PNC, y con Guillermo Sánchez Ayau, representante legal de la empresa propietaria de la finca, y anunciaron una nueva concentración para el 18 de enero del 2012.

Sánchez Ayau denunció en la Fiscalía Distrital de Guatemala que ha recibido amenazas de los pobladores, pero estos lo negaron.