Las recientes recomendaciones de los pocos abogados que asistieron al Congreso Jurídico manejado por los ambientalistas son realmente preocupantes, siendo una de ellas la que recomienda la titulación a nombre del Estado de todas las áreas protegidas.

Esto más bien pareciera una premisa del CUC o del CONIC; el hecho de que venga de juristas nos da la idea de cómo se encuentra nuestro estado de Derecho y de las posibles aberraciones legales que están por venir.

¿Será que los señores juristas tomaron en cuenta para su resolución a la Constitución de la República? Por supuesto que no, sencillamente la obviaron, la ignoraron, no sé si fue a propósito o sencillamente porque no se acordaron de ella.

Los señores que se supone son doctos en la ley nunca excluyeron en su recomendación a las áreas protegidas privadas que son las únicas que están bien cuidadas, no así las que están en propiedad del Estado, las cuales además de estar en muy mal estado, como es el caso de Laguna del Tigre y otras, son en muchos casos objeto de usurpaciones, pues los manipuladores de los invasores inmediatamente aducen que lo que es del Estado lo pueden tomar para sí con toda impunidad.

Otra cosa que no tomaron en cuenta los juristas es la compensación que se debiese dar a los propietarios de estas tierras, las cuales les costaron buen dinero y ahora sencillamente se pretende que se legisle hacia el despojo. Realmente nos preguntamos: ¿cuál es objetivo de esta recomendación?

La verdad es que se mira un desconocimiento total del manejo de áreas protegidas por parte del Estado, el número de guardarrecursos por área es sencillamente ridículo, y es por ello que estas áreas siguen siendo depredadas inmisericordemente. En la Sierra de las Minas, uno de estos señores debe de cubrir más de 40 caballerías; deberá ser una mezcla de Tarzán y Superman, además de ser incorruptible.

Ya más del 30 por ciento del territorio guatemalteco es área protegida y, sin embargo, no lo parece. El Estado es el peor guardián de todos los recursos, humanos, monetarios, naturales, y otros, eso se ha demostrado hasta la saciedad.

Yo estoy seguro de que esta propuesta está muy ligada a las organizaciones ?populares? que sólo están esperando saber que es del Estado para invadirlo, y lógicamente los señores ambientalistas verán cómo les sale el tiro por la culata, pues serán incapaces de sacar a los que en cuestión de días harán leña cuanto árbol se les ponga enfrente.

Esta semana hice algunas consultas a juristas de gran prestigio y tradición, y todos coincidieron en que esta recomendación no parecía venir de un grupo de abogados, ya que va contra todo nuestro estatuto legal, pero es lógico, no fueron ellos los que coparon el foro. Estos juristas ya no asisten a esos congresos, pues han sido secuestrados ideológicamente por un grupito de tendencias en contra de la propiedad privada y de aquello que signifique libertad; las ideas estatizantes prevalecen.

Ya se habla en la calle de la estrategia de invasiones para el próximo año, año de elecciones, año en que los políticos harán promesas populistas en contra de propietarios y de empresarios; por lo tanto, le están apostando a que nadie se atreverá a hacer un desalojo de lo usurpado.

Por tanto, la propuesta de los abogados es congruente con las posiciones de los desestabilizadores de profesión que encuentran eco en diferentes grupos de la sociedad disfrazando sus ideas y diluyéndolas en grupos afines o que como incautos caen en su trampa.