Quien no quiera ver, que no vea, pero a estas alturas del juego hay suficientes evidencias que deben ser evaluadas con suma seriedad por los guatemaltecos, antes de que todo derive en una crisis institucional de inmensurables consecuencias, a menos que la sociedad desista de buscar cambios en la situación actual, inmersa en patrones de burla al ordenamiento jurídico del país, abuso constante de poder y arbitrariedad en la toma decisiones.

Suficientes indicios hay en prospectiva para visualizar todo lo que se puede esperar para el 2002, si los desmanes de la autoridad política siguen inalterables. La razón para sustentar tal preocupación es muy sencilla: los procesos de selección, designación y elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Procurador de los Derechos Humanos, Procurador General de la Nación, Fiscal General y Contralor General determinarán el futuro institucional de la democracia en Guatemala.

Puede que suene dramática -pero no por ello exenta de realismo- la afirmación de que a la luz de todo lo ocurrido es casi obligatorio razonar esta situación en ciernes, así como sus posibles efectos, con mucho sentido común. Además, se debe establecer el grado de peligro que podría afrontar la sociedad si el Frente Republicano Guatemalteco llega a consumar el copamiento de las instituciones mencionadas, y asumir este análisis como un deber cívico, y no sólo un ejercicio de interpretación.

Para ilustrar de mejor forma los alcances de ese riesgo, debe tomarse como premisa básica que el ejercicio del poder conlleva tentaciones irresistibles para quienes no poseen auténticas convicciones democráticas.

Es así como debe interpretarse que el retorcimiento de las leyes, la legislación casuística, los actos de nepotismo y la mediocridad en el desempeño o los hechos de corrupción son muestra de cómo el poder puede ser utilizado para satisfacer intereses particulares, en lugar de servir a la sociedad.

Por ello, no debe resultar extraño que surjan temores sobre el derrotero que pueda seguir el régimen político guatemalteco, si las autoridades legítimamente electas siguen actuando con el mismo carácter veleidoso. La analogía puede parecer muy dura, pero cuando los políticos asaltan las instituciones con el propósito de ubicar serviles que satisfagan sus intereses, se comportan de la misma forma que los proxenetas, pues prostituyen el sistema de controles democráticos.

Así como el vividor, que sin el menor respeto por los valores de la sociedad y con el único afán de obtener ganancias induce o coacciona a otras personas a ejercer la prostitución en su propio beneficio, de igual manera actúa el político, al traicionar la confianza que le fue depositada a través el voto popular, y prostituye la actividad de las instituciones democráticas. Es obvio que dentro de esta calaña se incluye a los prestanombres que sirven para tan infames propósitos.

Cuando un político abusa de su poder y retuerce una ley para favorecerse con ella, se comporta como un proxeneta. Cuando un partido político coloca a testaferros para tener el control de las instituciones, procede como proxeneta. Cuando una persona o un grupo se prestan al juego de quienes ejercen el poder público para aberrar la función de las instituciones democráticas, también se conducen como proxenetas.

Sirvan estas líneas como un buen consejo para quienes, de manera transitoria, ejercen el poder político del país. Con tanta experiencia acumulada, el proxenetismo político como estrategia cuanta con muchos ejemplos de cómo comienza, pero también de cómo llega a su fin.

El más revelador de ellos tiene un nombre que pocos olvidarán en América Latina: Alberto Fujimori. El ex presidente peruano pasará a la historia como un hombre cuya ambición llevó a la quiebra política a su país. Ahora que se han destapado las letrinas de la inmensa corrupción fujimorista, el hedor acumulado de los desmanes del ex mandatario y sus secuaces ha inundado todos los ambientes de la sociedad peruana.

¿Esta moraleja será suficientemente educativa? De no ser así, se prevén los resultados.