La paz no es sólo ausencia de guerra; su construcción está íntimamente ligada a la justicia y al desarrollo, condiciones necesarias para resolver los conflictos económicos, sociales y culturales. La realidad que vivimos dista mucho de esa paz integral, razón por la cual sostengo que es una asignatura pendiente, una condición por alcanzar.

Hay que recordar, además, que la paz no es un objetivo puntual ni coyuntural; es un estadio, un ambiente que permite el pleno goce de los derechos ciudadanos. Por ello, al evaluar los avances del proceso de paz -a cinco años de haberse iniciado- hay que hacerlo desde esta perspectiva de conjunto, tratando de establecer si el cumplimiento parcial de algunos acuerdos contribuye a generar ese clima de concordia, justicia y equidad al que aspiramos.

Hasta la fecha, casi la totalidad de los compromisos operativos ha sido cumplida; los de carácter sustantivo, en su gran mayoría, siguen sin ser honrados. Hay avances innegables, sobre todo en materia política, pero éstos no son irreversibles. La cuestión étnico-nacional; los temas económicos, laborales y agrarios; el fortalecimiento del poder civil y la reforma del Estado son compromisos soslayados por el anterior y el actual gobiernos, aunque haya logros puntuales.

Sin menospreciarlos, debemos tener claro que el cumplimiento aislado de algunos compromisos sustantivos no ha generado la dinámica integral que el proceso de paz requiere.

Hay muchos ejemplos: las recomendaciones de las Comisiones Paritarias nunca se tradujeron en políticas públicas y reformas institucionales que abolieran el régimen de exclusión y opresión en contra de los indígenas; los progresos en materia catastral y en resolución de conflictos de tierras no son parte de una política de desarrollo agrario que resuelva, entre otros muchos aspectos, la concentración de tierra en pocas manos y la inseguridad alimentaria, etc.

Las libertades cívicas, la libre emisión del pensamiento, la transparencia, la probidad, la vigencia de los derechos humanos y la independencia de poderes son garantías constitucionales que peligran con las reformas legislativas y las políticas públicas impulsadas por el régimen eferregista.

Para decirlo en dos platos: los compromisos de la paz no se han cumplido por falta de voluntad política de los gobiernos, de la URNG, del Ejército y de la iniciativa privada, ante una sociedad tan pasiva como expectante.

Existen, por lo menos, tres condiciones básicas para que una negociación de paz fructifique: la justeza y la viabilidad de lo pactado; el consenso social sobre los acuerdos; y la eficacia de los mecanismos de verificación para su cumplimiento.

Los Acuerdos de Paz surgen de una negociación entre las fuerzas militares contendientes, las que no se preocuparon, por desidia o soberbia, en promover una apoyo social para su cumplimiento.

Tanto el gobierno de Arzú como la Comandancia de la URNG decidieron, contra toda lógica política, que su representatividad era suficiente para hegemonizar el proceso pacificador, dejando al margen a la sociedad guatemalteca.

De esa suerte, los Acuerdos no se convirtieron en un programa de lucha que movilizara a las fuerzas vivas de la nación.

El resultado de la última Consulta Popular impidió darle sustento jurídico a los compromisos, y el fracaso del Pacto Fiscal los dejó sin suficiente base material. El balance es, por lo tanto, muy precario, pues a la paz le hace falta mayor soporte social, jurídico y económico.

En este contexto, la ineficacia de los mecanismos de verificación ha sido grave. La Comisión de Acompañamiento se convirtió, progresivamente, en un órgano ineficiente, sin credibilidad política, ni capacidad de convocatoria cívica.

Las funciones de MINUGUA fueron seriamente debilitadas desde que Jean Arnault casi la convirtiera en un ente de conciliación, en detrimento de sus funciones de verificación y fortalecimiento institucional.

Lo cierto es que, a pesar de sus carencias y retrasos, los Acuerdos de Paz constituyen el único programa de transición hacia la democracia con el que cuenta el país. Transitar hacia un nuevo modelo económico y hacia una proyecto concertado de Nación presupone, entre otras muchas cosas, dar cabal cumplimiento a los Acuerdos de Paz.

Durante el nuevo año que se avecina, tratemos de honrar lo que nuestros ancestros consignaron en el Popol Wuj: ?¡Que los pueblos tengan paz, mucha paz, mucha vida y útil existencia!?