El juez contralor de la investigación incurrió en violación al debido proceso al no haberles dictado auto de prisión a los legisladores implicados en el caso conocido como Guategate.

Castro ?manifestó dolosa negligencia y desconocimiento, cuando legalmente debió haber dictado auto de prisión? con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la ley, agrega la resolución.

La investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH, también señala como responsable al fiscal Sáenz, por haberse apartado de la objetividad y convertido, con su actitud, en defensor de los parlamentarios.

Con el fin de detener la investigación y pedir que se archivara el caso, Sáenz argumentó: ?Las grabaciones no son contundentes, determinantes, concluyentes ni suficientes, para demostrar que no hubo fondo de revisión y que dicha prueba no fue redargüida de nulidad?.

Asimismo, la resolución de la PDH señala la violación a los derechos y deberes políticos de los guatemaltecos y al debido proceso.

Según Arango, los diputados actuaron fuera de las normas del Legislativo al haber introducido un documento falso -fondo de revisión- luego de la aprobación del Decreto 43-2000.

Historia y argumento

El 25 de octubre, Sáenz pidió al juez Castro archivar el proceso contra los 20 diputados eferregistas sindicados de la alteración de la Ley de bebidas.

Sáenz fundamentó su solicitud en que se determinó ?que no hubo delito? en la aprobación del decreto aludido. Sin embargo, Arango resolvió que después de las investigaciones efectuadas, se determinó que los derechos y deberes políticos de los guatemaltecos fueron violados, y censuró la actuación de los parlamentarios oficialistas, el juez y el fiscal.

Resolución positiva

Sindicalistas, agrupaciones pro Derechos Humanos y dirigentes estudiantiles calificaron de positiva la resolución de la PDH. ?Es importante que la Procuraduría asuma esta postura y emita condenas públicas, para señalar el compadrazgo que existe entre jueces y fiscales, al apoyar los actos de corrupción de los eferregistas?, expresó Miguel Albizures, de Alianza contra la Impunidad.

?Cualquier opinión que se vierta contra los diputados es correcta, ya que ilustra y revela lo que hemos defendido?, declaró Miguel Angel Sandoval, del Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos.

Por su parte, Jorge Mario García, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, consideró positiva para el estado de Derecho estas acciones, para que los operadores de la justicia no tomen decisiones irresponsables al servicio de intereses políticos.

?Hacía falta; aunque sea una condena moral tiene validez, ya que da la razón a los señalamientos que hemos hecho?, puntualizó José Pinzón, secretario general de la Central General de Trabajadores de Guatemala.

?Que vigilen?

Asimismo, Arango Escobar solicitó al Fiscal General de la República, Adolfo González Rodas, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Alfonso Alvarez-Lobos, que velen para que la justicia sea cumplidamente administrada, y que dicten las providencias para remover los obstáculos que se opongan a la misma.