En medio de la espiral de violencia prevaleciente, poco se ha reparado en un asunto sensitivo y de interés general, referente a la fabricación de medicamentos.

El Congreso aprobó el decreto 63-2002, que modifica la Ley de Propiedad Industrial y que a juicio de las Federaciones Centroamericana y Latinoamericana de la Industria y Laboratorios Farmacéuticos (Fifarma y Fedefarma) excluye la protección que se deriva de las patentes a los medicamentos, así como deroga el particular resguardo a los llamados datos de prueba, cuya información a las autoridades sanitarias es condición indispensable para que se autorice la comercialización de productos farmacéuticos.

Sin embargo, la Asociación de Industriales Farmacéuticos de Guatemala considera que las reformas, además de contribuir al desarrollo de esta industria, favorecen la disponibilidad de medicamentos de buena calidad y a precios accesibles, en provecho de los consumidores de menores ingresos.

La controversia surge cabalmente respecto a la incidencia que las modificaciones pudiesen tener en la propiedad industrial, pues mientras los farmacéuticos guatemaltecos aseguran que el mencionado decreto cumple con todas las obligaciones de protección que en este ámbito establece la Organización Mundial de Comercio; la Fifarma y la Fedefarma afirman que las reformas representarán para Guatemala serios inconvenientes a escala internacional, porque violan compromisos adquiridos por el país precisamente ante la OMC.

La Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos por su lado- asevera que las modificaciones a la ley referida garantizan la accesibilidad a los medicamentos, el fortalecimiento del sistema de salud y el aprovechamiento de los beneficios otorgados en los acuerdos internacionales de la OMC; argumento que rechazan las federaciones citadas, que indican que, adicionalmente, las reformas afectarán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, envían un mensaje negativo a la inversión extranjera y desalientan la investigación de los laboratorios farmacéuticos.

Al parecer, mientras unos proponen el abaratamiento de los medicamentos, los otros plantean que se garantice la calidad y seguridad de estos productos. Y en tanto que los farmacéuticos demandan al presidente Portillo que sancione el decreto 63-2002, las federaciones reclaman que lo vete. ¿Quién tiene la razón?

(Romualdo pregunta: ¿Pueden conciliarse una y otra posición en beneficio de los consumidores?).