Acerca de mi artículo del lunes 28 de octubre en torno a la controversia generada por las reformas a la Ley de Protección Industrial, personeros de dos organizaciones farmacéuticas del país me enviaron un poco extemporáneamente un documento aclaratorio cuyos datos capitales resumo.

Respecto a una supuesta pugna entre precios y calidad, los representantes de la Asociación de Industriales Farmacéuticos de Guatemala y la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos aseguran que su propuesta de abaratar el precio de los medicamentos coincide con el mejoramiento de las normas de calidad y seguridad de las medicinas.

Comentaba ese lunes que dos federaciones regionales de la industria y de laboratorios farmacéuticos (Fifarma y Fedefarma) se oponen a la vigencia del decreto 63-2002, que modifica la citada ley, por considerar que se violan compromisos contraídos por el país con la Organización Mundial de Comercio, sobre todo en lo que respecta a calidad y seguridad de los medicamentos.

Los farmacéuticos guatemaltecos rechazan este argumento, y aseguran que las reformas favorecen el acceso de la población a los medicamentos, evitan el aumento desmedido de los precios y mejoran rígidas normas de control, a la vez que eliminan proteccionismos y monopolios.

En torno a que las modificaciones se contrapongan a normas de la OMC, como lo advierten las empresas transnacionales, los dos grupos farmacéuticos guatemaltecos subrayan que es todo lo contrario, pues los artículos enmendados permiten una mejor adaptación de la legislación nacional a los convenios con la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En todo caso, puntualizan, los tratadistas contemporáneos reconocen que la salud debe tener prioridad sobre la propiedad intelectual, en tanto que la Constitución Política establece que el bien común prevalece sobre el particular; además de asentar que, mal legislada, la propiedad intelectual favorece los monopolios y desestimula la sana competencia entre las industrias.

Con las reformas, precisan, también se suprimen 15 años de protección a las fábricas transnacionales de medicinas (contra 5 años en USA), y se persigue mejorar la salud de los guatemaltecos y, con ello, su calidad de vida. Por estas y otras razones, confían en que el presidente Portillo sancionará el decreto 63-2002.

(El abuelito de Romualdo pide una viagra en la farmacia. ¿Trae la receta? Le pregunta el farmacéutico. El octogenario murmura: No, sólo al enfermito).