Estados Unidos
Imagen es percepción
Un Ejército para las amenazas de hoy
No se trata de militarizar la calle. Pero tampoco de reducir el Ejército solo a ceremonias cada 30 de junio.
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El 30 de junio Guatemala celebra el Día del Ejército y, con él, regresan los desfiles, las condecoraciones y los discursos de rigor. Pero la efeméride llega este año con una pregunta que ningún acto protocolario puede esquivar, ¿cuál debe ser su misión en un mundo que cambió radicalmente? Porque las amenazas del siglo XXI ya no se parecen a las de hace 40 años.
El mejor homenaje a la institución, en su día, no es repasar su historia. Es atreverse a discutir, sin nostalgia ni tabúes, su futuro.
La Constitución de 1985 encomendó al Ejército la defensa de la soberanía, la integridad del territorio y la seguridad de la República. Aquel texto, sin embargo, se redactó en plena Guerra Fría y a la sombra del conflicto armado interno. Sus autores no podían prever que el desafío del próximo siglo vendría de organizaciones criminales con presupuestos millonarios, armamento de guerra, drones y capacidad para operar simultáneamente en media docena de países.
Washington llegó a la misma conclusión y reordenó sus prioridades. La administración de Donald Trump desplazó el centro de gravedad de su política regional, del terrorismo y la migración hacia el combate frontal a los carteles, a los que hoy trata abiertamente como una amenaza a la seguridad del hemisferio. En ese giro, Guatemala recuperó un valor estratégico que durante años pasó inadvertido. Su posición entre Sudamérica y México, sus dos litorales y su frontera porosa la convierten en una pieza codiciada para controlar los corredores de la droga.
El acercamiento dejó de ser retórico. El presidente Bernardo Arévalo confirmó que su gobierno solicitó cooperación a Estados Unidos —equipo, capacitación, asesoría de expertos e intercambio de inteligencia— mediante una carta dirigida al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Como muestra de esa cercanía, el mandatario subrayó que se levantó el embargo de venta de armas que pesaba sobre el país desde hacía medio siglo. A inicios de junio, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, viajó a la capital para afinar los términos de la colaboración.
Hasta ahí el consenso. La discordia surgió cuando The New York Times informó que, en una llamada del 19 de mayo, Arévalo habría aceptado ataques aéreos conjuntos en suelo guatemalteco, lo que haría del país el segundo de la región, después de Ecuador, en abrir sus fronteras a operaciones militares estadounidenses. El gobierno lo negó de inmediato. Ni Arévalo ni Sáenz autorizan tropa extranjera, y la cooperación se limita, insisten, a operativos dirigidos por fuerzas guatemaltecas. Algunos diputados recordaron, además, que un acuerdo de esa naturaleza tendría que pasar por el Congreso.
Detrás del rifirrafe diplomático late un debate que merece seriedad. Tras los acuerdos de paz, la seguridad ciudadana se confió a instituciones civiles, sobre todo a la Policía Nacional Civil, y el Ejército quedó replegado a un papel acotado dentro del Estado democrático. Fue una decisión “sensata” para su tiempo. Pero el crimen organizado de hoy no se parece a la delincuencia común, dispone de inteligencia, tecnología y poder de fuego que desbordan a cualquier cuerpo policial.
La pregunta, entonces, no es solo quién debe combatirlo, sino si nuestro andamiaje legal e institucional ofrece las herramientas para enfrentarlo sin diluir las funciones que la Constitución asignó a cada institución. No se trata de militarizar la calle ni de añorar el pasado. Tampoco de reducir el Ejército a ceremonias. Se trata de admitir que el Estado fue diseñado para amenazas que ya no existen, y que las de ahora viajan en silencio, ocultas entre cargamentos de droga, armas y dinero sucio. El mejor homenaje a la institución, en su día, no es repasar su historia. Es atreverse a discutir, sin nostalgia ni tabúes, su futuro.
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