Estados Unidos
Políticas públicas
Cuando el bolsillo vota
Cuando el ingreso se reduce, el populismo florece ofreciendo soluciones ilusorias.
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Existe una diferencia importante entre inflación y percepción del costo de la vida. La primera puede medirse con precisión; la segunda se experimenta a diario, cuando el salario rinde menos, llenar el tanque cuesta más o el presupuesto familiar no alcanza. Para millones de personas esa percepción pesa más que cualquier indicador macroeconómico. Por eso conviene prestar atención a las señales que hoy empiezan a aparecer. Los mercados internacionales muestran fuertes presiones sobre el precio del petróleo y otros insumos estratégicos. La incertidumbre geopolítica amenaza con trasladarse a mayores costos de producción y transporte, aumentando los riesgos inflacionarios.
La izquierda y la derecha populistas coinciden más de lo que suele reconocerse.
Simultáneamente, se está produciendo un cambio significativo en el estado de ánimo de los guatemaltecos: la principal preocupación de los hogares ya no es la inseguridad, sino el costo de la vida. Una encuesta reciente muestra que el 62 % considera que este ha aumentado significativamente durante los últimos meses. Ese tipo de percepciones merece atención, no porque conduzcan inevitablemente a una crisis económica, sino porque modifican los incentivos políticos. Si las familias manifiestan que viven peor, aumenta la demanda por respuestas inmediatas; y cuando surge esa demanda, casi siempre aparece algún político dispuesto a ofrecer alivios financiados con recursos que el Estado no tiene.
Este no es un fenómeno exclusivamente guatemalteco. Alrededor del mundo resurgen propuestas para congelar precios, subsidiar bienes y servicios, ampliar el gasto público, controlar mercados o cargar todos los costos sobre “los ricos”. La izquierda y la derecha populistas coinciden más de lo que suele reconocerse: ambas desconfían de la disciplina fiscal, recurren al intervencionismo y ofrecen beneficios presentes sin explicar quién pagará la factura mañana. Guatemala ya empieza a recorrer ese camino.
En las últimas semanas el Congreso aprobó o impulsó medidas con un claro contenido populista: eliminación del IUSI, prórroga del impuesto de circulación, nuevos subsidios a los combustibles y gastos extraordinarios para grupos de interés, entre otras decisiones adoptadas con escaso análisis de sus implicaciones fiscales. Cada iniciativa, aisladamente, puede parecer atractiva. El problema surge cuando todas se acumulan sobre un presupuesto limitado y debilitan la sostenibilidad de las finanzas públicas. La historia económica está llena de ejemplos en los que las crisis fiscales no comenzaron por una gran decisión equivocada, sino por la suma de pequeñas concesiones políticamente populares.
Cuando una familia afirma que le preocupa el costo de la vida, muchas veces no está describiendo únicamente un aumento de precios: está expresando que su ingreso ya no le permite mantener su nivel de vida. En otras palabras, el problema de fondo suele ser el poder adquisitivo; y este no mejora mediante subsidios permanentes ni repartiendo recursos públicos cada vez más escasos. Mejora cuando aumenta la productividad, crece la inversión, se fortalecen las instituciones, se generan empleos formales mejor remunerados y la economía produce más valor por trabajador.
Las soluciones responsables rara vez producen aplausos inmediatos; requieren paciencia, disciplina y reformas que fortalecen la capacidad de crecer. Las soluciones populistas ofrecen exactamente lo contrario: beneficios visibles hoy a cambio de costos invisibles que terminan pagando las generaciones futuras. Cuando el bolsillo aprieta, la tentación populista siempre gana fuerza. Precisamente por eso es cuando más conviene defender la prudencia económica.
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