Estados Unidos
Punto de encuentro
Justicia para Luis, Héctor, Nanci, Esteban y Basilio
Un nefasto precedente para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación.
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Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Samuel Chaclán Batz siguen padeciendo los impactos de la persecución penal indebida que el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta inició en su contra por su liderazgo en las movilizaciones en defensa de la democracia que se realizaron en 2023.
Un patrón claro de persecución y racismo en contra de los pueblos indígenas
Como autoridades indígenas —y en aquel momento como integrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán— actuaron en cumplimiento de lo que definió la asamblea comunitaria. Sus acciones no solamente no constituyen delito sino que fueron fundamentales para impedir un rompimiento institucional a partir del desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas. Además de que la Constitución garantiza el derecho a la manifestación y la libertad de organización y expresión.
Pacheco y Chaclán están presos desde el 23 de abril de 2025 cuando fueron capturados por los delitos de asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y terrorismo, en otro de los casos fabricados por la anterior fiscal general en complicidad con una estructura corrupta de jueces y magistrados del Organismo Judicial.
Durante este tiempo se han registrado innumerables violaciones al debido proceso, empezando por las tres recusaciones que la Fundación contra el Terrorismo —querellante adhesivo— presentó en contra de los jueces designados para conocer el caso —Mario Rodrigo Flores Maldonado, del Juzgado Cuarto Penal; Judith Secaida Lemus y Arnulfo Carrera, jueza A y juez B, del Juzgado Quinto Penal, respectivamente— lo cual derivó en el estancamiento del proceso y en la prolongación ad aeternum de la prisión preventiva.
Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo Penal, fue el cuarto juez nombrado por la Sala Tercera de Apelaciones, pero se excusó por un evidente conflicto de intereses, y no fue sino hasta el pasado mes de abril cuando se nombró a Mynor Moto Morataya como encargado del proceso. Y precisamente hoy, cuando se cumplen 468 días de prisión arbitraria, Moto citó a una audiencia para resolver la solicitud de revisión de medidas presentada por la defensa.
Si el juez actúa apegado a derecho, no habría motivo para negar la prisión domiciliaria que permitiría que Pacheco y Chaclán puedan seguir enfrentando el proceso judicial en libertad. No existe peligro de fuga ni tampoco de obstaculización a la averiguación de la verdad, por lo que esperamos que, con el cambio en la dirección del MP, la Fiscalía no se oponga a que dos personas que están siendo criminalizadas dejen de estar sujetas a una prisión preventiva que se ha convertido en una pena anticipada.
Pero Luis y Héctor no son las únicas autoridades indígenas absurda y perversamente procesadas. Esteban Toc Tzay y Basilio García Puac también están ligados a proceso por este mismo caso.
Y no olvidemos a Nanci Paola Sinto, una joven indígena maya kaqchikel que fue detenida en 2021 y que, cinco años después, sigue enfrentando un proceso penal —también arbitrario— por participar el 21 de noviembre de 2020 en una manifestación frente al Congreso, en rechazo a la aprobación del Presupuesto General 2021, que estuvo marcada por la opacidad, denuncias de corrupción y de compra de voluntades.
A Nanci, el MP la señala del delito de “depredación de bienes culturales” por supuestamente haber realizado una pinta en la pared del Congreso que, para más datos, luego fue retirada con agua y jabón. Además de la criminalización, su caso sienta un nefasto precedente para el ejercicio de derechos claves como la libertad de expresión y manifestación.
Evidentemente, hay un hilo conductor en estos procesos: un patrón claro de persecución y racismo en contra de los pueblos indígenas y una intención de socavar sus liderazgos y formas de organización. ¡Libertad y justicia para Luis, Héctor, Nanci, Esteban y Basilio!
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