Estados Unidos
A contraluz
La gestión de Porras queda al desnudo
El MP reconoce que Consuelo Porras utilizó la investigación penal para venganza política.
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El Ministerio Público (MP) sufrió una debacle durante los ocho años de gestión de Consuelo Porras y su camarilla de impunidad. A nivel nacional e internacional se le atribuyeron acciones para la obstrucción de la justicia, el desmantelamiento institucional, la protección de redes criminales y la persecución de quienes combatían la corrupción. Ahora esos nefastos hechos han sido confirmados por la administración del fiscal Gabriel García Luna.
Cada funcionario que utilizó el MP para atentar contra el Estado de derecho debe responder ante la ley.
El secretario general del MP, Edwin Chavajay, admitió el miércoles pasado que durante la gestión de Porras esa institución fue objeto de una “paulatina cooptación y desmantelamiento, cuyo objetivo era garantizar la impunidad”. Durante su disertación en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), efectuada en Washington, expresó que el derecho penal dejó de ser un instrumento de justicia para convertirse en un mecanismo de persecución.
En la pasada administración, Ángel Pineda, ex secretario general del MP, era una de las piezas claves para la cooptación del MP por parte de grupos criminales, que difundían falsedades, como un supuesto fraude electoral en 2023. De forma descarada urdían un complot para tratar de derribar al gobierno de Bernardo Arévalo. Ahora Chavajay, sucesor de Pineda, reconoce el involucramiento del MP en esa conspiración, en el que seguía directrices de estructuras extremistas, como la Fundación contra el Terrorismo. Según Chavajay esas acciones contribuyeron al debilitamiento institucional del MP y a la erosión del Estado de derecho.
Igual de grave es el reconocimiento de que las investigaciones penales fueron utilizadas para incidir en la designación de autoridades judiciales. Según Ferrajoli, el derecho penal constituye el mayor poder que tiene el Estado sobre la libertad de las personas y, precisamente por ello, debe estar sometido a los límites más estrictos. Este jurista italiano señala que la función de ese derecho no es proteger a los gobernantes ni castigar a los adversarios políticos, sino salvaguardar los derechos fundamentales frente a cualquier forma de arbitrariedad. El MP dirigido por Porras precisamente incurrió en tales abusos. Para Ferrajoli, cuando esos límites desaparecen, el sistema de justicia deja de operar bajo el Estado de derecho y comienza a responder a la lógica del poder.
Porras no operaba en forma aislada. Ella y su camarilla formaban parte de una estructura de impunidad que continúa enquistada en el Organismo Judicial, de la mano de la magistrada Claudia Paredes, y en la Corte de Constitucionalidad, con el magistrado Roberto Molina Barreto. Esa entente corrupta ha sido responsable de que la criminalización dejara de ser una denuncia aislada para convertirse en un patrón. Sus víctimas han sido operadores de justicia, líderes indígenas, fiscales anticorrupción, periodistas y activistas que han sido encarcelados o se han tenido que exiliar.
El reconocimiento del MP indudablemente es un primer paso. Sin embargo, la democracia no se reconstruye únicamente con palabras. La credibilidad institucional exige verdad, reparación y rendición de cuentas. Cada expediente construido para perseguir debe revisarse, cada persona criminalizada en forma arbitraria merece una reparación digna y cada funcionario que utilizó el aparato penal con fines de venganza política debe responder ante la ley.
La recuperación de la Fiscalía general no depende solo de un cambio de autoridades y de discurso. Dependerá de que la institución demuestre que nunca más el poder de investigar y acusar sea utilizado para intimidar, silenciar o alterar el curso de la democracia.
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