Estados Unidos
Criterio urbano
Presupuesto de Seguridad y Justicia 2027
Una oportunidad para avanzar hacia el desarrollo
|
La semana pasada, Fundesa realizó el conversatorio previo a Enade sobre la importancia del Presupuesto para Seguridad y Justicia 2027. La pregunta que abrió el conversatorio previo fue un poco incómoda: ¿el presupuesto de seguridad y justicia de Guatemala es lo que se necesita o es muy poco? La respuesta depende de con qué se le compare, y esa ambigüedad explica buena parte de nuestro estancamiento.
Necesitamos ajustar los recursos de seguridad y justicia para reducir la violencia.
En quetzales, la cifra impresiona. Los techos presupuestarios para 2027 asignan Q20 mil 100.6 millones a la finalidad de Orden Público y Seguridad Ciudadana, cerca del 11% de un presupuesto de Q181 mil 563.2 millones. Es más del triple de los Q6 mil 34 millones de 2012 y refleja una aceleración notable a partir de 2024. Vista así, la conclusión sería que el Estado ya invierte lo suficiente y que el problema es únicamente de gestión.
Medida como proporción de la economía, el panorama se invierte. Icefi estima que el gasto en administración de justicia, defensoría pública penal y derechos humanos equivale apenas al 0.6% del PIB y al 3.8% del gasto del gobierno central. En el promedio 2020-2024, Guatemala destinó a justicia el 0.87% del PIB: la proporción más baja de Centroamérica, por debajo de Costa Rica y El Salvador (1.47% cada uno), Panamá y Honduras.
El caso del Organismo Judicial lo ilustra con crudeza. Frente a un requerimiento de Q6 mil 500 millones, el techo notificado es de Q4 mil 359 millones: una brecha de Q2 mil 141 millones, casi uno de cada tres quetzales necesarios. Y el recorte no cae sobre lo prescindible, sino sobre lo que permite operar: quedan Q363.9 millones para servicios, materiales e inversión, mientras la nómina queda protegida. El resultado es un sistema que paga salarios, pero no puede generar audiencias con normalidad, mantener sistemas ni resguardar expedientes. Guatemala cuenta con aproximadamente ocho jueces por cada cien mil habitantes, frente a un referente internacional de 18. La mora judicial no es un accidente administrativo: es la consecuencia aritmética de esa brecha.
Conviene recordar lo que cuesta no invertir. El BID estima que el costo asociado al crimen y la violencia le cuesta a Guatemala cerca del 7% del PIB. Los hogares y las empresas ya pagan un impuesto privado a la inseguridad: garitas, cámaras, guardias y primas de riesgo que sustituyen —de forma cara e ineficiente— lo que debería ser un bien público.
Ahora bien, más presupuesto sin resultados es igualmente inaceptable. Lo hemos visto en los fondos que se van a través de los Codedes o en ministerios a los que se les quiere aumentar el presupuesto como el de Mides en plena época electoral. La inversión debe estar atada a metas verificables a lo largo de toda la cadena, investigación criminal que sostenga acusaciones, expediente electrónico e interoperabilidad entre Policía, Ministerio Público y Organismo Judicial, así como Inacif, Instituto de la Víctima y el Instituto de la Defensa Pública Penal, así como la Instancia Modernizadora del Sector Justicia y un Sistema Penitenciario que hoy concentra apenas 8.7% de la finalidad, capaz de dejar de operar como centro de mando del crimen organizado.
La certeza jurídica es el activo más barato que puede ofrecer un país y el más caro de reconstruir cuando se pierde. Si aspiramos al grado de inversión, a atraer capital de largo plazo y a que los guatemaltecos vivan sin miedo, el presupuesto de seguridad y justicia debe dejar de tratarse como gasto corriente y entenderse como lo que es: infraestructura productiva. Sin ella, ninguna otra inversión rinde.
ESCRITO POR:
