El pasado 17 de julio Claudia Carolina Rodríguez Caglianone se encontraba, como tantas otras veces antes, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, para tomar un vuelo doméstico.

“Estaba en la puerta de embarque y, unos minutos antes de abordar, unos agentes de ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) me retuvieron y me pidieron la identificación”, cuenta esta venezolana de 28 años.

“Sin devolvérmela, me dijeron que tenían que hacerme unas preguntas por mi caso de inmigración”, le explica a BBC Mundo, refiriéndose al proceso que tiene abierto desde que solicitara asilo en 2017.

Rodríguez no se subió a ningún avión. A aquello le siguieron más de dos semanas bajo custodia de las autoridades migratorias, de la que recién salió bajo fianza hace unos días, en medio de la presión ciudadana y el apoyo público de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz.

Su caso ilustra lo que varias organizaciones y abogados de inmigración denuncian como un aumento de las detenciones en aeropuertos estadounidenses, incluidas las de personas con visas vencidas pero procesos migratorios abiertos, como solicitudes de asilo y de residencias permanentes pendientes.

Los expertos lo atribuyen a un memorando de entendimiento firmado entre ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), vigente desde mayo de 2025 y que permite a ambas agencias compartir información.

“Una autorización de trabajo o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal en EE.UU.”, contestó ICE al ser preguntado al respecto por BBC Mundo.

Caso de asilo pendiente

Rodríguez dejó atrás su país natal e ingresó a EE.UU. el 25 de enero de 2017 con una visa de estudiante. Antes de que esta venciera, cuenta, solicitó asilo.

“Ya todos sabemos el régimen que ha sido Venezuela desde la llegada (en 1998 a la presidencia) de Hugo Chávez, y yo, desde que nací, siempre viví en esa corrupción. Además, en el entorno que estaba no me sentía segura”, explica sobre las razones que la llevaron a emigrar.

“Vine aquí por las oportunidades que ofrece este país, que desde hace 11 años es ya el mío”, subraya.

Instalada en Florida, donde también vive parte de su familia, estudió en la St. Thomas University de Miami Gardens, donde se licenció y obtuvo una maestría en administración de empresas.

También formó parte del equipo femenino de fútbol del centro, del que llegó a ser capitana.

En 2023 recibió el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa humanitario creado por el Congreso en 1990 y que permite a ciudadanos de ciertos países vivir y trabajar legalmente en EE.UU., aunque no otorga residencia permanente ni ciudadanía.

Ampliado por el gobierno del demócrata Joe Biden, ha estado en la mira de la administración de Donald Trump desde que este arrancara su segundo mandato en enero de 2025 con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.

Desde el año pasado, la actual administración ha puesto fin al TPS para más de una docena de países, dejando sin esa protección a cientos de miles de beneficiarios procedentes de Haití, Honduras, Afganistán o, como Rodríguez, de Venezuela.

Aun así, al tener un procedimiento de asilo pendiente y no contar con antecedentes penales ni historial delictivo, la joven venezolana dice que jamás pensó que sería interceptada por agentes migratorios.

“Nunca imaginé que me pudiera pasar algo así”, reconoce. “Aunque lastimosamente hay otros muchos casos de personas que han sido injustamente arrestadas y están en una situación mucho peor que la mía”.

Tras pasar ocho días en la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Miramar, fue trasladada al Centro de Transición de Broward, en el sur de Florida, donde estuvo detenida durante otros nueve días antes de quedar libre.

“Ella entró a EE.UU. el 25 de enero de 2017 con una visa que le habría permitido permanecer en el país hasta el 24 de julio de 2017. Violando las leyes de nuestro país, se quedó más tiempo del permitido por su visa. La autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO [sic] otorgan estatus legal en Estados Unidos”, le dijo un portavoz de ICE a BBC Mundo sobre el caso de la joven venezolana.

“Un juez de inmigración ordenó la liberación bajo fianza de Rodríguez Coglianone y fue liberada de la custodia de ICE el 3 de agosto”, confirmó la agencia.

Cinco veces más

Casos de personas que han sido detenidas por agentes de inmigración en aeropuertos de EE.UU., tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque, han inundado los medios y las redes sociales en las últimas semanas.

Uno de los más recientes es la detención del futbolista argentino Matías Pourrain, quien juega en un equipo local de Miami, cuando estaba a punto de abordar un vuelo en Fort Lauderdale el pasado jueves con dirección a Los Ángeles, donde debía disputar la final de la liga UPSL.

Según contó a los medios su abogada, Regina Moraes, Purrain llegó a EE.UU. en 2019 con visa de turista y tiene una solicitud migratoria en proceso, por lo que le habían concedido permiso de trabajo.

Su caso es similar al de la argentina Iliana Lick, quien ingresó en EE.UU. en marzo de 2023 con visa de turista y se instaló en Filadelfia. De acuerdo con el relato de su novio, Stephen Melchiorre, la joven, quien trabajaba de niñera, tenía una solicitud pendiente para permanecer en el país.

Lick fue interceptada por agentes migratorios en el aeropuerto internacional de esa ciudad el pasado 11 de julio, desde donde pretendía volar a Kansas City para ver jugar a su selección contra la de Suiza en el marco del Mundial.

Tras pasar por varios centros de detención en Pensilvania, Luisiana y Texas, aguarda en unas instalaciones de ICE en Nuevo México la posibilidad de salir en libertad bajo fianza.

Según un análisis llevado a cabo por la cadena NBC de cifras recopiladas por el Deportation Data Project, desde el inicio del segundo mandato de Trump el 20 de enero de 2025 hasta el 10 de marzo de 2026, ICE realizó 568 arrestos en aeropuertos o sus inmediaciones; cinco veces más que en ese mismo periodo el año anterior, cuando se registraron 108.

El Deportation Data Project procesa datos del gobierno obtenidos mediante una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Información. Publicó los más recientes a finales de marzo pasado y corresponden a arrestos registrados hasta el 10 de ese mes.

BBC Mundo solicitó información oficial a DHS, así como a ICE, para poder comparar y constatar así el potencial incremento de las detenciones, ya que ninguna de las dos agencias publica estadísticas desde hace ya varios meses.

“DHS revirtió la horrible política de la era Biden que permitía a los extranjeros en nuestro país de manera ilegal viajar en avión por todo nuestro país”, dijo la agencia en su respuesta.

“Bajo el presidente Trump, el DHS ya no tolerará esto. Esta administración está trabajando diligentemente para asegurarse de que los extranjeros que están aquí de manera ilegal ya no puedan volar a menos que sea fuera del país, para autodeportarse”, prosigue la contestación recibida por correo electrónico y atribuida a un portavoz de DHS.

“Aquellos que están en este país ilegalmente tienen donde elegir: pueden usar la aplicación CBP Home y recibir un vuelo gratis y un cheque de US$2.600, o pueden ser arrestados, detenidos y deportados”, dice el mensaje.

Varias organizaciones proinmigrantes se han hecho eco del aumento de la actividad de ICE en los aeropuertos y han reportado incidentes en California, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Massachusetts, Míchigan, Nevada, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) “ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos durante vuelos nacionales”, dijo en un comunicado su directora de servicios legales, Yunuen Trujillo.

Ante ello, esta organización con sede en California ha instado a inmigrantes con solicitudes pendientes de residencia permanente (green card) o de asilo consultar con abogados antes de planear viajes dentro del país.

Área gris

Cada año, cientos de miles de inmigrantes y visitantes se quedan en EE.UU. más tiempo del permitido por sus visas.

Los casos de muchos de ellos constituyen, según expertos legales, un área gris, al estar esperando extensiones de dichos visados, permisos de residencia o la aprobación de sus solicitudes de asilo, y cuentan con permisos de trabajo.

Bajo otros gobiernos, no eran la prioridad del sistema de deportación, a menos que tuvieran un historial delictivo, y rara vez eran detenidos mientras aguardaban la resolución de sus casos. Pero eso parece haber cambiado bajo el presidente Trump.

“A mí me agarraron en ese proceso, esperando mi corte (audiencia de su caso de asilo en un juzgado de inmigración), que es la que está operando desde que yo apliqué para mi asilo político”, le dice Rodríguez a BBC Mundo.

Acuerdo entre ICE y TSA

Abogados de inmigración y organizaciones del ramo consideran que estas operaciones en aeropuertos están siendo posibles gracias a la expansión de un acuerdo entre ICE y la TSA, ambas dependientes del DHS.

La TSA fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se encarga de la seguridad en los aeropuertos, revisando a todos los pasajeros de los vuelos comerciales que salen de EE.UU. y sus equipajes, mientras ICE se ocupa de hacer cumplir las leyes de inmigración y tiene entre sus responsabilidades la detención y deportación de indocumentados.

El memorando de entendimiento original entre ambas entidades, obtenido a través de la Ley de Libertad de Información por American Oversight, una organización que aboga por la transparencia gubernamental, y que BBC Mundo pudo revisar, tiene fecha de mayo de 2025.

“ICE compartirá información con TSA para identificar a individuos de interés para ICE en apoyo de su misión de cumplimiento de la ley”, se lee en el documento, que también señala que “ICE almacenará la información obtenida de la TSA en su base de datos”.

Asimismo, se especifica que “el alcance del acuerdo se limita al intercambio de datos acordados entre las partes para mejorar la seguridad nacional, la seguridad en el transporte, la aplicación de la ley y la gestión de inmigración y fronteras”.

Ni ICE ni DHS respondieron a la pregunta formulada por este medio sobre qué casos abarca exactamente el acuerdo. BBC Mundo tampoco recibió respuesta de TSA.

“Quiero ser la voz de otros”

En sus primeras declaraciones tras ser liberada, Rodríguez agradeció el respaldo recibido durante las semanas en las que permaneció detenida y expresó solidaridad con quienes continúan recluidos.

“Lo que me sacó de aquí fue el amor. Dejo mi corazón allá con todas las mujeres que están adentro injustamente”, les dijo a los medios que la captaron a la salida de Broward.

Al día siguiente, ofreció una rueda de prensa acompañada de la congresista Wasserman Schultz, demócrata por el distrito 25 de Florida.

Wasserman visitó las instalaciones en la que estuvo detenida la joven venezolana y, aunque no les permitieron un encuentro en persona, pudieron hablar por teléfono. “Historias como la de Claudia y tantas otras deben conducirnos a la acción”, declaró Wasserman tras aquella conversación.

El pasado martes, durante la comparecencia conjunta ante los medios, Rodríguez denunció los momentos en los que, estando bajo custodia, se sintió “como un animal”.

Al describir las condiciones en Miramar, habló de comida a veces vencida, falta de higiene en las instalaciones, la imposibilidad de ducharse, de cambiarse de ropa, de detenidas obligadas a dormir en el suelo. “Me sentí deshumanizada”, subrayó.

“Había personas con cáncer que recibieron la primera quimioterapia antes de ingresar y a las que no se les permitió recibir la segunda”, recordó. También aseguró haber conocido a dos mujeres que sufrieron abortos espontáneos, una afirmación que ICE ha tachado de “totalmente falsa”.

Al ser transferida a Broward, una instalación administrada por ICE en Pompano Beach, dijo que las condiciones mejoraron.

“Es una práctica de larga data brindar atención médica integral desde el momento en que un inmigrante entra bajo custodia de ICE”, le dijo a BBC Mundo un portavoz de ICE, en respuesta a estos señalamientos.

“Esta es la mejor atención médica que muchos inmigrantes han recibido en toda su vida. Y las comidas son certificadas por dietistas. Asegurar la seguridad, protección y bienestar de las personas bajo nuestra custodia es una prioridad principal en ICE”.

Conversando con BBC Mundo, Rodríguez insiste en que “hay una gran falta de humanidad” en todo el proceso y sostiene que su misión ahora es visibilizar los casos de aquellos en una situación similar a la suya pero con menos recursos.

“Voy a seguir a mi corazón, y ahora mismo lo que me está dictando es que tengo que ser la voz de todas esas personas”.

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