Estados Unidos
A contraluz
La lentitud como política pública
La excesiva burocracia bloquea el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
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La posibilidad de cambiar de compañía telefónica sin perder el número es un derecho consolidado desde hace años en muchos países. En Guatemala, la burocracia se ha encargado de retrasar 14 meses el ejercicio de ese derecho. El 12 de noviembre del año pasado, el Congreso aprobó el decreto 14-2025, Ley de Portabilidad Numérica, luego de lo cual debió elaborarse el reglamento técnico y administrativo. Sin embargo, se ha convertido en un ir y venir de entidad en entidad, que solo entorpece su puesta en práctica.
El propósito de la norma es sencillo: permitir que los usuarios puedan cambiar de operador conservando su número telefónico. Esta medida buscaría fortalecer la competencia entre las empresas, ampliar las opciones para los consumidores y evitar que continúen siendo cautivos de las empresas.
El problema es que el expediente se encuentra en un ruleteo interminable que va de la Superintendencia de Telecomunicaciones al Ministerio de Comunicaciones, de ahí a la Procuraduría General de la Nación, de vuelta al Ministerio y luego a la Secretaría General de la Presidencia. Cada entidad añade o revisa los dictámenes jurídicos. ¿Por qué ocurre eso? Porque no existe en este gobierno una autoridad que ponga un alto a ese ritual burocrático.
Este caso ilustra una de las grandes contradicciones del Estado. La ley, en teoría, pretende ampliar los derechos de los consumidores, pero la ausencia de un reglamento mantiene en la cola de un venado tales beneficios. No les basta que hayan pasado nueve meses en trámites estériles, sino que ahora las autoridades dicen que luego del reglamento se requieren otros seis meses antes de que los usuarios tengan acceso a este servicio.
La truculenta historia de la portabilidad numérica ilustra lo irracional de la burocracia estatal.
Después de aprobarse el reglamento se deberá conformar un Comité de Portabilidad, contratar a un administrar de la base de datos centralizada y realizar adaptaciones técnicas en los sistemas de las empresas telefónicas. Esta es una realidad kafkiana por lo absurdo que es. Más parecieran pretextos para que sigan los abusos de las compañías telefónicas que tienen atados a los usuarios.
El problema de fondo no es solo el retraso en la aprobación del reglamento. La situación revela una cultura institucional que convierte cualquier proceso administrativo en una carrera de obstáculos. Hace casi un siglo, Weber advirtió que la burocracia podía convertirse en una “jaula de hierro”. Décadas después, Merton explicó cómo los procedimientos terminaban desplazando los objetivos originales de las instituciones. Crozier fue aún más lejos al señalar que la burocracia crea sistemas incapaces de adaptarse al cambio. Esta ridícula historia burocrática confirma que los tres tenían razón.
En Guatemala, las leyes suelen aprobarse con rapidez cuando existe voluntad política, pero su implementación puede quedar paralizada durante meses o años. Los trámites se vuelven interminables, al igual que los dictámenes, las revisiones, las consultas y los procedimientos que se multiplican sin que nadie asuma responsabilidades.
Resulta paradójico que mientras el Estado se mueve con lentitud, la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. La economía digital demanda que las instituciones sean ágiles y capaces de responder a las necesidades ciudadanas y la adaptación a los cambios del mercado.
La truculenta historia de la portabilidad numérica debería servir de advertencia. El país no necesita más leyes incapaces de materializarse. Requiere instituciones que comprendan que el tiempo de los ciudadanos vale más que la danza de los expedientes. La burocracia no solo retrasa los procesos administrativos, sino que bloquea el ejercicio de los derechos ciudadanos.
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