Estados Unidos
Reflexiones sobre el deber ser
¿Transición a la autocracia?
La alternancia no aseguró la gobernabilidad democrática.
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En 2025, el régimen de gobierno guatemalteco, en el marco del Índice de la Democracia, que es una medición de la calidad de la democracia liberal que lleva a cabo The Economist Intelligence Unit (EIU), fue calificado nuevamente como un régimen híbrido, esta vez más alejado de la categoría de “democracia imperfecta” (disfuncional) y más cerca de la de “régimen autoritario”. El EIU basa los registros en 60 indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura política. En suma, 167 países son clasificados como democracia plena, democracia imperfecta, régimen híbrido o régimen autoritario.
El régimen híbrido, también conocido como “anocracia”, es un sistema político situado entre la democracia y la autocracia, bajo el cual, si bien se celebran aparentes elecciones competitivas, no se cuenta con una autoridad electoral neutral al juego político partidista, ni con una justicia oficial independiente y eficaz, que proteja los derechos y libertades fundamentales.
Por lo tanto, en una anocracia los vicios electorales son comunes; rigen la politización de la justicia y la judicialización de la política; se reprime y criminaliza a la oposición y la disidencia; imperan la intolerancia, el clientelismo y la demagogia; la rendición de cuentas es nula; la participación y el pluralismo son bajos, así como la institucionalidad democrática es débil.
Los países que son registrados por el EIU como democracia plena son punteados en el rango de 8.01 a 10; como democracia imperfecta, en el rango de 6.1 a 8; como régimen híbrido, en el rango de 4.1 a 5.99; y como régimen autoritario, en el rango de 0 a 4. El desgobierno guatemalteco, en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, fue punteado con 4.62, 4.68, 4.47, 4.55 y 4.65, respectivamente, o sea, fue calificado como una anocracia, con una inequívoca deriva autoritaria.
En suma, 167 países son clasificados como democracia plena, democracia imperfecta, régimen híbrido o régimen autoritario.
A estas alturas, para ninguno es un secreto que la camarilla que mal gobernó durante el período 2020-4 consolidó una caquistocracia (gobierno de los peores) y una partidocracia ruin, que, además de orquestar una grotesca cleptocracia, alentó el envilecimiento de las instituciones estatales, así como implementó un avieso plan para perpetuarse en el poder, a través de la postulación de candidaturas vinculadas a dicha camarilla, financiadas con dinero público y sucio, lo que le aseguró una mayoría legislativa y edilicia. Además, mediante una descarnada concentración de poder, avasalló a la justicia oficial, que, bajo una apariencia de legalidad, inhabilitó candidaturas opositoras y criminalizó a críticos e indeseables. No obstante, la represión y el obsceno clientelismo no evitaron que la fórmula alternativa de Bernardo Arévalo, en rigor, ganara las presidenciables.
Empero, la alternancia no aseguró una gobernabilidad democrática, debido a que la partidocracia, enferma de abuso de poder y codicia, ha minado el campo institucional. Sus ejecutores, que controlan el Congreso y la justicia oficial, han enervado la gestión de Arévalo, quien, por otro lado, es cuestionado por rehuir el poder y no impulsar una renovación institucional.
Respecto del proceso electoral 2027, preocupa que la politización de la autoridad electoral y la justicia oficial, la financiación (Q20 millardos) en paralelo (Codedes y demás) del clientelismo partidista, así como el abstencionismo y el voto nulo, pongan en jaque a la democracia y viabilicen el advenimiento del despotismo, que, de entrada, impondría una brutal e indefinida suspensión de derechos y garantías.
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