Estados Unidos
Estado, empresa y sociedad
Hay presupuesto, pero no ejecución
Cada día de retraso es un día perdido en el desarrollo físico, emocional y educativo.
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El ministro de Finanzas Públicas informó que la ejecución presupuestaria al 25 de junio pasado había alcanzado Q70,061 millones (41.5% del presupuesto vigente), mostrando un crecimiento del 11.3% respecto del año anterior. Afirmó que este avance reflejaba un buen resultado, a pesar del retraso de tres meses provocado por la Corte de Constitucionalidad al suspender la ejecución del presupuesto, aprobado oportunamente por el Congreso de la República.
Además, detalló que la recaudación tributaria alcanzaba el 47.7% de la meta establecida para 2026, fijada en Q119,763 millones, con un crecimiento de ingresos del 7.1%. O sea que el Gobierno tiene recursos suficientes, pero contrasta con el informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), al 30 de junio de 2026, sobre la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA).
Los datos son contundentes. Aunque la IPNA representa 22.6% del presupuesto ejecutado del Gobierno Central, la ejecución financiera alcanza solo el 43.2%, equivalente a Q16,463 millones, de un presupuesto vigente para este fin de Q38,107 millones. Esta brecha no es trivial: implica que más de la mitad de los recursos destinados a la niñez permanecen sin utilizar en un contexto de alta vulnerabilidad social.
El informe revela que, en promedio, Guatemala invierte Q15.90 diarios por cada niña, niño y adolescente. Esa cifra, de por sí insuficiente, se vuelve simbólica cuando se observa que programas esenciales están paralizados o recortados. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública ejecutó solo 14.5% del presupuesto destinado a vacunación infantil y 28.6% del presupuesto para micronutrientes. En un país con desnutrición crónica que afecta a casi la mitad de la niñez, estos números son intolerables.
No en promesas, no en cifras en papel, sino en salud, educación, protección y oportunidades.
La situación en educación tampoco es alentadora. Las becas para estudiantes del ciclo básico y diversificado muestran ejecuciones de 23.7% y 29.0%, respectivamente. En un contexto donde miles de jóvenes abandonan la escuela por razones económicas, la falta de ejecución en becas es una oportunidad perdida que se traduce en más desigualdad y menos movilidad social.
Pero quizá el dato más alarmante es el relacionado con infraestructura básica. Los recursos destinados a agua y saneamiento, vitales para la salud infantil, muestran una ejecución de apenas 16.7%. Y los fondos para los Consejos Departamentales de Desarrollo, que deberían impulsar proyectos locales, apenas alcanzan 17.5% de ejecución.
Y en un país con crisis nutricional, rezago educativo y brechas profundas, la subejecución no es un problema administrativo; es una forma de abandono que profundiza las brechas de desigualdad y deja desprotegida a la infancia más vulnerable. Es un llamado urgente a corregir el rumbo. Cada día de retraso es un día perdido en el desarrollo físico, emocional y educativo de cientos de miles de niñas y niños.
No solo se trata de asignar recursos, sino de ejecutarlos con eficiencia, transparencia y sentido de urgencia, porque si queremos romper los ciclos históricos de pobreza y desigualdad, cada quetzal destinado a la niñez debería convertirse en resultados reales. No en promesas, no en cifras en papel, sino en salud, educación, protección y oportunidades.
Y esto va más allá del informe financiero del Ministerio de Finanzas Públicas. Se trata de que el resto del aparato estatal funcione, porque estoy persuadido de que los ciudadanos de buena voluntad compartimos el deseo de que el Gobierno tenga éxito por el bien del país, por lo menos en lo que a la atención de la niñez y la adolescencia se refiere.
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