Estados Unidos
Políticas públicas
El precio de las “buenas intenciones”
Combatir abusos no exige destruir los mecanismos que hacen funcionar al mercado
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Hay pocas ofertas políticas más atractivas que prometer bajar precios por decreto. Y si la promesa se presenta como una cruzada contra la “usura”, la tentación resulta todavía mayor. El problema es que las leyes económicas suelen ser menos complacientes que los discursos políticos. El Congreso estudia la iniciativa 6614, Ley contra la Usura, cuyo propósito declarado es atendible: proteger a los deudores de prácticas abusivas que, sí, deben perseguirse y sancionarse, pues algunas empresas de cobranza han recurrido al hostigamiento, amenazas y métodos que el Estado no debe tolerar. Pero de ahí no se sigue que deba intervenirse el precio del crédito.
La iniciativa pretende fijar una tasa de interés “máxima”. El problema empieza por una elemental lección de economía: la tasa de interés es un precio. Como tal, incorpora el costo del dinero, los gastos de operación, el plazo y, especialmente, el riesgo de que el préstamo no sea pagado. Un préstamo respaldado por una garantía sólida no cuesta lo mismo que prestar una pequeña cantidad, sin garantía, a alguien sin historial crediticio. Pretender que ambos riesgos se acomoden dentro de un límite legal no elimina el riesgo: solamente impide reflejarlo en el precio. ¿Y qué hace un oferente cuando no puede cobrar un precio compatible con el riesgo? Deja de ofrecer. Así, el crédito aparentemente se abarata, pero también se vuelve más escaso. Los primeros excluidos serán previsiblemente quienes presentan mayor riesgo: pequeños empresarios, trabajadores informales y personas sin garantías; precisamente aquellos a quienes la ley pretende proteger.
Regular bien exige bisturí, no machete.
Y hay otra paradoja peor: quien queda expulsado del mercado formal no deja necesariamente de necesitar dinero, sino que terminará recurriendo al prestamista informal, con menos transparencia, menos protección jurídica y, en algunos casos, métodos de cobranza más intimidantes. La medicina empeorará la enfermedad. La iniciativa contiene otros problemas: restricciones sobre costos y comisiones, trámites onerosos, conceptos jurídicos ambiguos e incompatibilidad con normas existentes. Todo ello puede elevar el costo de prestar y cobrar legítimamente y generar inseguridad jurídica.
Esto no significa tolerar abusos bajo el pretexto de defender el mercado. Una economía de mercado requiere reglas y autoridades capaces de hacerlas cumplir. Pero la buena regulación debe corregir conductas dañinas o fallas identificables; no sustituir arbitrariamente el mecanismo de precios. Hay alternativas: normas estrictas contra el hostigamiento y las amenazas, sanciones efectivas contra cobros ilegales, transparencia sobre el costo del crédito y mecanismos eficaces para denunciar abusos. Lo importante es atacar la conducta que se desea corregir, sin destruir las señales que permiten funcionar al mercado. El criterio para cualquier regulación debe ser: identificar el problema, demostrar que la intervención es necesaria y escoger el instrumento menos distorsionante. Regular bien exige bisturí, no machete.
Los controles de precios son políticamente atractivos: sus beneficios se anuncian hoy y sus costos aparecen mañana, dispersos entre personas que nunca sabrán que aquel crédito que necesitaban dejó de existir como consecuencia de una ley que pretendía protegerlas. En vísperas de un año electoral, conviene estar particularmente atentos a esas soluciones seductoras. El populismo económico suele utilizar problemas reales para plantear soluciones engañosamente sencillas. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno; y, en economía, también el camino hacia la escasez.
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