Estados Unidos
Criterio urbano
¿Regresaremos a las candelas en las casas?
El Congreso tiene la oportunidad de revertir la tendencia.
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Quienes recordamos cómo era la grave situación de la electricidad a mediados de los 90 en Ciudad de Guatemala lo tenemos clarísimo. Todos teníamos candelas en nuestras mesitas de noche y en los trinchantes. “Anda a encender unas candelas, mijo”, me decía mi mamá cada vez que se sabía que iba a haber apagones y a veces nos tocaba tener también linternas de baterías, porque los apagones podían incluso ser imprevisibles.
Eso cambió, y quienes pertenecen a la generación Z ya ni saben qué es eso. Ahora esto va a revertirse si no logramos aumentar la inversión en transmisión. Recordemos que, por la negligencia de las administraciones en el Ministerio de Energía y Minas de los últimos dos gobiernos, no se realizaron licitaciones importantes en generación, y en la última licitación en transmisión fue tan mal calculado el costo promedio ponderado de capital, donde ningún privado participó en la misma y fue un total desastre.
Guatemala rompió su récord de demanda eléctrica tres veces entre marzo y mayo de este año. El último dato, dos mil 417 megavatios, es casi 10% más que el máximo de 2025. Es la señal de una economía que produce más, que atrae industria y que empieza a electrificarse de verdad. También es la señal de un sistema que se está quedando sin margen.
Mientras la demanda corre de forma acelerada, la red arrastra los pies. El presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica informó al Congreso en julio que más de cien proyectos de transmisión siguen atascados por permisos, licencias y derechos de vía. Construir una línea de alta tensión toma seis o siete años, de los cuales solo dos o tres son obra física.
Los diputados deben aprobar con urgencia la iniciativa 6665.
La iniciativa 6665, Ley de Infraestructura Urgente para Transporte de Energía, viene a romper ese nudo gordiano y, con las enmiendas que hoy discute la Comisión de Energía y Minas, quedó mejor de lo que estaba. La objeción más seria —que un ministerio impusiera servidumbres sobre propiedad privada por resolución administrativa— desapareció del texto. Ahora, cuando no hay acuerdo, decide un juez de Primera Instancia Civil, con audiencia, prueba y defensa del propietario, quién puede discutir el monto de la compensación y la delimitación de la franja. La extinción y la caducidad de servidumbres siguen la misma ruta judicial. En materia ambiental, la enmienda conserva íntegros el estudio de impacto ambiental favorable y la aprobación del Conap, y exige que una negativa explique en qué condiciones la obra sí sería viable. Trato prioritario, no exención.
Dicho de otro modo: quienes pedían garantías de debido proceso y de protección ambiental las obtuvieron. Lo que queda sobre la mesa ya no es una discusión de principios, sino de calendario.
Y el calendario sigue corriendo. Cada mes de retraso posterga la conexión de la generación renovable que el país necesita; el plan indicativo estima hasta ocho mil 485 megavatios nuevos y más de US$8 mil 600 millones de inversión, que sin red no llegarán a ninguna parte. El nearshoring no espera a que un país ordene sus trámites.
En las enmiendas se puede restituir la palabra “justa” al principio de compensación del artículo 3, que se perdió en la redacción; asegurar que los cobros de la ventanilla única se creen por ley y no por reglamento; y fijar techos máximos a los arbitrios municipales, con prohibición de cobros paralelos, para dar previsibilidad al inversionista, sin lesionar la autonomía municipal. Son ajustes de una sesión de trabajo, no de otro semestre. El momento de su aprobación es ahora o estaremos pronto nuevamente todos con candelas.
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