Aleph

Ley de aguas: no es necesaria, es imprescindible

El Estado debe garantizar nuestro derecho al agua.

Siglo XXI y el 52% de la gente de toda Guatemala consume agua con heces fecales. En el área rural, esta cifra sube a 71%. Y no es como que, a falta de agua potable se pueda acudir a tomar el agua de un río, porque el 90% de las fuentes de agua superficiales o subterráneas en el país están contaminadas, química o bacteriológicamente. Si no es que las han desviado para fines agroindustriales o de minería, entre otros.

Guatemala, un país con una naturaleza aún maravillosa, se ha convertido en un gran basurero.

Además, Guatemala, un país con una naturaleza aún maravillosa, se ha convertido en un gran basurero. Recorrer las carreteras y caminos del país es darse cuenta de las enormes cantidades de basura que se tiran, sobre todo objetos plásticos que están por todas partes y llegan primero al río y luego al mar. Por otra parte, también los grandes vertederos municipales se vacían en el agua. Por eso, me gustan las placas que hay en el centro de San José, Costa Rica, al lado de cada drenaje. Dicen “El mar empieza aquí, no arroje basura”.

Cada objeto que tiramos termina en los cuerpos de agua. Guatemala tiene 38 cuencas hidrográficas y, dentro de ellas, las más contaminadas son las de los ríos Motagua y María Linda, justo porque drenan las aguas de la ciudad capital, donde se vierten los desechos sin darles el tratamiento necesario para su descomposición. Lo que sucede en una sola cuenca, afecta a toda la población. Y si casi todas las corrientes de agua se usan como desagües o basureros, ¿cómo esperar tener agua potable en nuestras casas? El agua no nace en el chorro.

Por otra parte, cada vez hay más cemento en vez de suelos, lo cual tapa los poros de la piel de la tierra, impermeabilizándola e impidiendo su adecuada filtración y su devolución en lluvia. De allí que tengamos más sequías, más pozos vacíos, malas o escasas cosechas, mantos freáticos secándose, pipas de agua vendiéndose donde escasea, áreas habitacionales completas sin agua. Al mismo tiempo, asistimos a la venta y consumo de cantidades navegables de agua embotellada (en botellas plásticas), jugos con exceso de azúcar, bebidas energizantes y gaseosas que se consumen como agua cotidianamente y que, no solo nos enferman, sino que promueven el uso del agua exclusivamente para fines privados, cuando un alto porcentaje de la población ni siquiera tiene agua entubada en su casa.

Por eso se habla tanto, sobre todo en la última década, de la relación indisociable entre cambio climático y escasez de agua. Por eso se ha tratado, hace más de una década, de que una ley de aguas sea aprobada en el Congreso de la República. Es necesario regular su uso, aprovecharla mejor, urbanizar para una mayor filtración de agua en los suelos, darle buen tratamiento a la basura, perforar pozos con sistemas de infiltración natural, no concentrar grandes cantidades de agua solo para fines industriales o hacerlo bajo sólidos criterios de uso, educar a la población en su uso y en el manejo de la basura, mientras se restauran los ecosistemas naturales que garanticen la producción de agua, se construyen plantas de saneamiento y espacios para su reserva en época de lluvia, que cada vez es menor.

La ley de aguas (iniciativa 6816) presentada por el gobierno actual en el Congreso fue bastante consultada previamente con distintos sectores y, técnicamente, es una buena iniciativa, según expertos. No hablo de la versión de la UNE, recién presentada, que es improvisada, contamina a la anterior y adolece de aspectos fundamentales. En la 6816, el agua se entiende como un bien público, y no solo porque lo diga nuestra Constitución. Legalmente, el Estado debe garantizar nuestro derecho al agua, pero lo obvio es que, sin agua, nos enfermamos o morimos. Su uso debe regularse y esta debe servir, principalmente, para abastecer a todos los hogares y para la agricultura de subsistencia, sin descuidar la naturaleza y la economía. En las manos del Congreso está.

ESCRITO POR:

Carolina Escobar Sarti

Doctora en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca. Escritora, profesora universitaria, defensora de DDHH por la niñez, adolescencia y juventud, especialmente por las niñas