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Construyendo ideas
Guatecompras: ¿a quién le molesta que podamos buscar?
Guatemala no tiene un problema de exceso de transparencia. Tiene décadas de problemas por lo contrario.
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En Guatemala deberíamos haber aprendido una lección hace mucho tiempo: cada vez que se hace más difícil seguir el dinero público, alguien termina aprovechándose de la oscuridad.
¿Queremos ciudadanos que puedan vigilar al poder o ciudadanos obligados a creerle?
Por eso lo ocurrido con Guatecompras no puede verse como un simple ajuste tecnológico.
Es una de las pocas ventanas que tiene cualquier ciudadano para preguntarle al Estado algo elemental: ¿qué hicieron con nuestro dinero?
Quién compró. Qué compró. Cuánto pagó. A quién se lo compró. Quién representa a una empresa y cuánto dinero público ha recibido.
El Ministerio de Finanzas ha explicado que los cambios buscaban resolver problemas técnicos, proteger información de personas sin relación con contrataciones estatales y reducir consultas que saturaban la plataforma.
Que se protejan los datos que realmente deben protegerse. Que se mejore la tecnología.
Pero hay una línea que ningún gobierno debería cruzar: un problema tecnológico jamás puede solucionarse haciendo más difícil fiscalizar al Estado.
Guatemala no tiene un problema de exceso de transparencia. Tiene décadas de problemas por lo contrario.
Hemos visto carreteras pagadas que nunca terminan de construirse, hospitales sin insumos, escuelas deterioradas, contratos cuestionados, compras sobrevaloradas y proveedores que aparecen una y otra vez alrededor del poder.
Después nos indignamos. Pero muchas veces, cuando nos indignamos, el dinero ya desapareció.
La transparencia no es un favor del gobierno. Es una obligación del Estado y un derecho del ciudadano.
El funcionario que administra recursos públicos debe entender que administra dinero ajeno. No es dinero del ministro, del presidente, del Congreso ni de una municipalidad.
Es dinero del ciudadano que paga impuestos.
Y quien hace negocios con el Estado debe entenderlo también: contratar con dinero público implica aceptar un nivel mayor de escrutinio.
Debemos poder identificar proveedores, representantes, montos, instituciones contratantes e historial. Esa información permite que periodistas, organizaciones y ciudadanos detecten patrones que muchas veces las propias instituciones no detectan.
O no quieren detectar.
Por eso preocupa cualquier decisión que reduzca las posibilidades de búsqueda. Y es correcto reconocer que, después de las críticas, Finanzas haya incorporado nuevas herramientas y ampliado algunas consultas.
La pregunta es sencilla: ¿queremos ciudadanos que puedan vigilar al poder o ciudadanos obligados a creerle?
Pero no debería necesitarse una polémica pública para recordar algo tan elemental.
Guatecompras debe avanzar en la dirección contraria: más información, mejores buscadores, datos abiertos, cruces sencillos, historial accesible y herramientas capaces de seguir cada quetzal hasta que termina convertido en una compra, una carretera, una medicina o una escuela.
Ese debería ser el objetivo.
No un Guatecompras que simplemente cumpla con publicar. Un Guatecompras que permita fiscalizar.
Y este debate debe superar la política partidista.
No importa quién gobierna hoy. El sistema de transparencia que construyamos será el mismo que necesitaremos mañana para controlar al próximo gobierno.
Las instituciones serias no se diseñan para proteger a quienes ocupan temporalmente el poder. Se diseñan para limitar el poder de cualquiera que llegue después.
Porque perder transparencia casi nunca ocurre de golpe.
Primero cambia una búsqueda. Después desaparece un dato. Luego se dificulta una consulta. Hasta que descubrir cómo se gastó nuestro propio dinero se convierte en una investigación.
Y cuando mirar se vuelve difícil, esconder se vuelve fácil.
Guatemala ya pagó demasiadas veces el precio de mirar hacia otro lado.
Modernizar Guatecompras, sí. Fortalecerlo, absolutamente.
Oscurecerlo, nunca.
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