Nota bene
Déficit fiscal crónico
¿Cómo ponemos un límite al gasto público?
Es espeluznante la gráfica que muestra los presupuestos requeridos por los presidentes del país desde 1995, publicada por Prensa Libre (4-IX-26). El reportaje señala que la administración Arévalo-Herrera sometió al Congreso un presupuesto de Q192 mil 45.1 millones para el 2027. Tal petición no guarda proporción con los presupuestos históricos, y está a años luz de los Q7 mil 827.1 millones que pidió el presidente Álvaro Arzú en 1995, cifra que en su momento nos pareció elevada.
Esta gráfica tendría que acompañarse de una paralela que muestre los ingresos tributarios. La recaudación crece a un ritmo más bajo que el gasto. Las autoridades reportan haber recolectado mucho dinero, más de lo que anticiparon en 2025: Q111 mil 981.5 millones. En un plato, Guatemala opera un déficit fiscal crónico y la brecha se mantiene desde hace varios años.
¿A quién le importa? Las autoridades dan excusas: no es culpa del gobierno de turno, la mayoría de los gobiernos del mundo también opera con déficit, el déficit no es gigante si se mide contra el producto interno bruto anual, o el Gobierno de Guatemala es un infractor menor en comparación con gobiernos como el de Estados Unidos. Algunos sugieren que las deudas se pueden ir pateando hacia delante ad infinitum, o se jactan de que los gobiernos no pueden ir a la quiebra. Mal de muchos, consuelo de tontos.
Los déficits crónicos son una necedad generalizada y responden a incentivos mal alineados en el juego político. El premio nobel de Economía James M. Buchanan explicó que la clase política hace promesas grandiosas y gasta a manos llenas porque busca siempre maximizar votos. Los mismos votantes presionamos a las autoridades para que ejecuten tales o cuales programas. Por otra parte, los políticos tienden a evitar lo que ocasiona malestar, rechazo o protestas entre los electores, incluyendo alzas en las tasas tributarias. Esos dos incentivos contribuyen a una cultura fiscal deficitaria.
¿A quién le conviene gastar a manos llenas?
Antes de la Segunda Guerra Mundial y de la popularización de las ideas keynesianas, por lo menos regía un consenso en torno de evitar los déficits presupuestarios. La excepción eran los tiempos de guerra o de crisis, y se confiaba en que ese gasto excesivo sería compensado por la bonanza que vendría con la paz. Aunque estas expectativas rara vez se cumplían, el déficit se planteaba como una excepción.
Otro costo social de manejar déficits fiscales crónicos es la “ilusión fiscal”, escribe Buchanan. A través de la deuda pública, el gobierno engaña a los ciudadanos haciendo parecer más baratos, o gratuitos, sus servicios, y cubre su costo real con deuda. Las generaciones futuras también sufrirán. Si un gobierno financia su planilla con deuda en vez de con recaudación tributaria, el votante no percibe el costo inmediato ni futuro. La población casi nunca se pregunta: ¿Son los beneficios recibidos de sostener esa burocracia estatal superiores o inferiores al costo? ¿Quién prestó el dinero que se empleó para cubrir la planilla? ¿Cuánto nos costará ese financiamiento? ¿En qué otras inversiones privadas se hubieran podido usar esos fondos, con réditos más productivos para la sociedad?
Cómo solución, Buchanan propuso lo que llamó una “constitución fiscal”; es decir, límites claros al gasto público al nivel constitucional para crear una renovada cultura de disciplina fiscal. Es preciso poner en lugar un límite claro al gasto, ya sea atándolo a los ingresos, o al crecimiento poblacional y la inflación. Siendo un mandato constitucional, los legisladores y administradores públicos no podrían elaborar proyectos de presupuesto exorbitantes y descabellados.