Estados Unidos
De mis notas
Presupuesto y diputímetros
Nada cambiará hasta que el Congreso se renueve con gente proba, visionaria y profesional.
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Los Q192 mil millones del Presupuesto, si se aprueba como está, obligan a discutir los problemas de fondo de Guatemala sobre financiamiento público y ejecución. Para cualquier neófito que no sepa nada de finanzas públicas, saber que, de cada cien centavos de ingresos tributarios previstos, 14 se irían en intereses y comisiones de la deuda, levanta cejas y enciende alarmas.
Para entender el tamaño de la deuda acumulada en bonos del tesoro y préstamos internacionales, debemos saber que se proyecta en 29.1% del PIB para 2027: casi la tercera parte de lo que Guatemala produce anualmente. Por su parte, el déficit fiscal propuesto para ese año alcanza el 4.4% del PIB, o sea, la bicoca de Q48 mil 300.1 millones.
Parte del déficit se financiará con bonos del tesoro y préstamos que tendremos que pagar con intereses. Los bancos figuran entre los compradores de esos bonos, cuyo rendimiento también compite con las tasas que ellos mismos ofrecen a los ahorrantes.
El artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe financiar gastos corrientes u operativos con deuda. Esa prohibición debería respetarse. Como ha señalado el Cien, las excepciones introducidas en los presupuestos anuales permiten financiar funcionamiento con bonos. Los límites al endeudamiento deben ser una prioridad nacional no sujeta a los vaivenes politiqueros.
Todo esto es porque el Estado siempre ha sido un ejecutor ineficiente, despilfarrador y sin transparencia, en el cual se cuelan la bribonería y la corrupción. Muchas veces hemos hablado de las alianzas público-privadas como una buena salida para ejecutar infraestructura de largo plazo. Guatemala tiene enormes limitaciones viales y portuarias. Pero el proceso de aprobación y posterior ejecución tarda muchos años en convertirse en realidad.
Los números asustan: el déficit fiscal propuesto para 2027 alcanza la bicoca de Q48,300.1 millones.
¿Quién no estaría dispuesto a pagar nuevamente el peaje de Palín-Escuintla para utilizar ese tramo de manera expedita, limpia y ordenada? ¿Cuántos no pagaríamos por viajar de Puerto San José a Puerto Barrios por una carretera concesionada a empresas de comprobada experiencia e idoneidad?
Pero el problema es doble: aun aprobándose con grandes dificultades las alianzas, todavía se tienen que resolver los obstáculos para ejecutarlas. Permisos municipales y derechos de paso pueden retrasar obras durante años. Las controversias del caso Trecsa ilustran la necesidad de reglas claras y contratos respetados. Tenemos, desgraciadamente, demasiadas decisiones presupuestarias impregnadas de un enfoque clientelar, apartado de las necesidades estratégicas del país.
Veamos los datos: para los Codedes se proponen Q6 mil 185.4 millones en 2027. Pero, al 3 de septiembre de 2026, según lo informado al Congreso, habían gastado únicamente Q3 mil 761 millones, o sea, el 24.39% de sus recursos disponibles, ¿y no pudieron ejecutar Q11 mil 633 millones? ¿Alguien entiende esto?
La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es importante. Al 4 de septiembre, su reglamento todavía esperaba firma y publicación. Tenemos una enorme capacidad para detener lo importante y enfocarnos en lo minúsculo.
Hay que pensar en el próximo proceso electoral. Guatemala no saldrá adelante con esta calidad de diputados. Con
honrosas excepciones, el Congreso es un antro de politiqueros que buscan su beneficio. No podemos seguir así. Tenemos que ganar el Congreso y llenarlo de gente proba, ética, con preparación y experiencia. Estamos condenados a repetir lo mismo si en cada elección escogemos a la misma clase politiquera de siempre. Pero sigamos soñando despiertos, que no cuesta nada. Nada cambiará hasta que el Congreso se renueve como debe ser. Jodidos estamos.
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