Estados Unidos
Construyendo ideas
Cuando el crimen vigila al Estado
¿Quién controla realmente el territorio? En una democracia solo puede haber una respuesta: el Estado, dentro de la ley y al servicio del ciudadano
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Hay una imagen que debería incomodarnos: mientras el Estado instala cámaras para proteger a los ciudadanos, las estructuras criminales también instalan las suyas para vigilarlos.
Guatemala necesita una política de seguridad que deje de correr detrás del delito y empiece a anticiparlo.
Durante 2026, la Policía Nacional Civil ha retirado aproximadamente 493 cámaras clandestinas que, según las investigaciones, eran utilizadas para observar a vecinos, monitorear movimientos policiales y anticiparse a operativos. No hablamos únicamente de delincuentes escondidos en un callejón. Hablamos de estructuras que construyen sistemas de vigilancia, información y control territorial.
Y eso cambia la discusión sobre seguridad.
Durante años hemos entendido el control territorial como presencia física: más patrullas, más agentes, más operativos. Pero hoy el territorio también se controla con información, comunicaciones, tecnología y dinero. Quien sabe quién entra, quién sale y cuándo llega la Policía obtiene una ventaja que el Estado no puede permitir.
Retirar esas cámaras es correcto. Pero el dato debe encender una alarma: si fueron encontradas 493, el problema no es una cámara. Es la capacidad que han adquirido estructuras criminales para imponer reglas, vigilar comunidades e intentar sustituir la autoridad legítima.
La contradicción es aún más grave cuando miramos hacia las cárceles.
Guatemala sigue discutiendo cómo bloquear de manera permanente la señal celular en los centros penitenciarios. Las pruebas piloto han sido reportadas como satisfactorias, pero el proyecto definitivo sigue sin una ruta clara y con estimaciones que han llegado a Q110 millones.
Esto no puede convertirse en otra discusión eterna de escritorios y procedimientos. Un preso no puede conservar desde una cárcel la capacidad tecnológica para ordenar extorsiones, intimidar familias o coordinar delitos afuera. Una prisión desde la que se sigue operando criminalmente no cumple plenamente su función.
La seguridad necesita policías bien equipados y respaldados. Necesita inteligencia, investigación criminal, fiscales capaces y jueces independientes. Pero también necesita algo que pocas veces exigimos con suficiente fuerza: que el Estado tenga superioridad tecnológica, capacidad de reacción y control efectivo de su territorio.
No se combate al crimen organizado con improvisación. Tampoco con estados de excepción convertidos en sustitutos permanentes de una política pública. Se combate construyendo instituciones que funcionen todos los días.
Desde hace años he visto de cerca el valor de la información ciudadana cuando existe un canal seguro para entregarla. Una denuncia puede convertirse en una captura, un rescate o una investigación. Pero pedirle al ciudadano que denuncie también obliga al Estado a estar a la altura: proteger la información, reaccionar con rapidez y demostrar que denunciar sirve.
Recuperar territorio significa mucho más que entrar a una colonia. Significa que ninguna estructura criminal pueda decidir quién entra, quién sale, quién comercia o quién habla. Significa impedir que cámaras clandestinas vigilen a la autoridad, cortar las comunicaciones ilegales desde las cárceles y seguir el dinero.
El Estado no puede llegar después.
Guatemala necesita una política de seguridad que deje de correr detrás del delito y empiece a anticiparlo. Que combine tecnología, inteligencia, presencia territorial, justicia y participación ciudadana. Que mida resultados y corrija lo que no funciona.
Porque al final la pregunta no es cuántas cámaras quitamos esta semana ni cuántos operativos realizamos.
La pregunta es mucho más seria:
¿Quién controla realmente el territorio?
En una democracia sólo puede haber una respuesta: el Estado, dentro de la ley y al servicio del ciudadano.
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