Estados Unidos
Políticas públicas
El imperativo de invertir
Invertir más y mejor es indispensable para el bienestar y la gobernabilidad.
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Guatemala lleva décadas cumpliendo una parte de la tarea económica: preservar la estabilidad; pero sigue postergando otra igualmente indispensable: invertir lo suficiente para que esa estabilidad se traduzca en prosperidad. El reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre el país permite entender por qué esa postergación resulta cada vez más costosa. El diagnóstico es conocido: la prudencia macroeconómica coexiste con infraestructura deficiente, servicios públicos precarios y elevada informalidad. La inversión total apenas equivaldrá al 16.6% del PIB en 2026, demasiado poco para cerrar las brechas que separan a millones de guatemaltecos de una vida digna.
Paradójicamente, en un país con enormes necesidades insatisfechas, el ahorro nacional supera a la inversión. Las remesas sostienen el consumo y alivian la pobreza, pero también generan presiones de apreciación cambiaria que dificultan competir a nuestros productores. El superávit externo refleja, en parte, nuestra incapacidad para convertir recursos disponibles en capacidad productiva. El FMI propone aumentar la inversión en infraestructura para elevar la productividad, atraer inversión privada y reducir la dependencia de las remesas. Una carretera transitable o un puerto eficiente reducen costos y vuelven viables negocios que hoy no lo son. Cuando la infraestructura pública funciona, el capital privado encuentra mejores razones para arriesgarse.
La urgencia también es social y política. Sin mayor productividad, los salarios y el empleo formal seguirán siendo insuficientes. Y si las familias no perciben oportunidades ni servicios que respondan a sus necesidades, se desgasta su confianza en las instituciones y se abona el campo para que surjan propuestas populistas. Invertir bien es, por tanto, una condición para sostener la gobernabilidad.
La certeza jurídica forma parte de la política de inversión.
El primer paso es entender que asignar presupuesto no equivale a crear infraestructura. El FMI recomienda incorporar al presupuesto solo proyectos con evaluación favorable de Segeplán, fortalecer su preparación y supervisión, y coordinar mejor a las instituciones responsables. También modernizar las contrataciones públicas y medir la ejecución por las obras útiles que entrega. La advertencia alcanza a los Consejos Departamentales de Desarrollo: hay que contener y focalizar mejor sus asignaciones extraordinarias, reforzar la fiscalización y asegurar la continuidad de proyectos mediante programación multianual.
Un segundo paso es abrir espacio a la inversión privada. El FMI plantea hacer operativas las reformas de infraestructura vial y de alianzas público-privadas, avanzar en los marcos portuario y aeroportuario, simplificar trámites y desarrollar mercados financieros que movilicen el ahorro, al tiempo que se combate la corrupción y se reduce la incertidumbre judicial. La certeza jurídica forma parte de la política de inversión.
El tercer paso es fiscal: aumentar la inversión exige preservar la solvencia del Estado, lo que implica moderar el déficit fiscal, con mejores ingresos y mayor calidad del gasto. Esto requiere fortalecer la administración tributaria y evitar exenciones y otros tratamientos que erosionen la recaudación. El endeudamiento no puede compensar indefinidamente la ineficiencia. La agenda, pues, queda clara. Lo difícil será construir los acuerdos y capacidades para ejecutarla. Guatemala necesita que su reconocida prudencia económica produzca resultados que la población pueda ver en su vida cotidiana, pues una estabilidad que no amplía oportunidades termina perdiendo respaldo. Y ese es un riesgo que tampoco podemos permitirnos.
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