La organización -que representa a 190 asociaciones de 42 países europeos- cree que los problemas en la gobernanza de la Alianza, “dominada por la industria”, y el método utilizado para determinar qué químicos son críticos “allana el camino para que se debiliten salvaguardas sanitarias, medioambientales y climáticas fundamentales en la UE”.

La Alianza de Químicos Críticos, puesta en marcha a principios de año, forma parte del plan de la Comisión Europea para ayudar a un sector considerado estratégico para la economía comunitaria y su trabajo consiste en identificar las moléculas “críticas” para la UE y sugerir medidas de apoyo.

Tras ocho meses participando en las conversaciones, European Environmental Bureau subraya que el concepto de “crítico” va camino de convertirse en un “escudo” para proteger la producción que ya existe en la UE, aunque se trate de sustancias que propio bloque está tratando de controlar por sus riesgos para la salud o el medio ambiente, o de procesos con altas emisiones o consumo de combustibles fósiles que la UE también trata de reducir.

“Ya no podemos apoyar un proceso que ha dejado de lado sistemáticamente la perspectiva del interés público”, dijo en un comunicado la directora de política de químicos de la organización, Tatiana Santos.

EEB subraya que la metodología definida por la Alianza tiene en cuenta el coste de la energía y de las emisiones de carbono, así como la “carga regulatoria” a la que está sometida la producción de un químico a la hora de definir cuán vulnerable es una sustancia y, por tanto, considerarla “crítica”. Además, vincula que exista dependencia de una molécula con que esta sea esencial y no incluye criterios ligados a la salud.

El resultado, explican, es que en la lista de 49 químicos identificados como críticos hay una serie de petroquímicos nocivos como el benceno, que es carcinógeno, y otras sustancias “altamente problemáticas” que ya están sujetas a regulaciones de la UE destinadas a reducir su uso y sus riesgos.

Es el caso del plástico PVC, del conocido como Teflon, que forma parte de los llamados químicos eternos (PFAS) que el bloque estudia prohibir; o del dióxido de titanio, cuyo uso como aditivo alimenticio se prohibió en 2022, entre otros.

“Esto no aborda los retos clave del sector; los perpetúa. La UE no debería usar dinero público para asegurar una producción que sus propias políticas están tratando de eliminar gradualmente”, afirma Santos.

Y es que la Alianza recomienda que las plantas que producen estos químicos críticos puedan beneficiarse de facilidades en la concesión de permisos, menores costes por sus emisiones a partir de 2038, normas medioambientales más flexibles, protección comercial y financiación pública.

EEB teme que esto genere presión para debilitar o retrasar las restricciones del reglamento REACH sobre químicos, reducir los requisitos de la directiva sobre emisiones industriales o de la directiva sobre el agua, debilitar el escrutinio medioambiental al acelerar los permisos para las plantas de producción; y mantener la dependencia de la producción petroquímica a base de hidrocarburos en lugar de acelerar su sustitución.

La organización critica además que este es el resultado de un proceso en el que “la industria ha jugado un papel central” y subraya que entre los 22 miembros encargados de redactar el informe final de la Alianza no había ninguna organización de defensa de la salud o el medio ambiente.