Estados Unidos
Cuando el nicaragüense Kenis López abordó aquel vuelo de deportación en Dallas, Texas, el 28 de agosto, ya no tenía fuerzas.
Los últimos siete meses los había pasado bajo custodia federal, desde que en enero varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieran a las puertas de su casa en Mineápolis, en el estado norteño de Minnesota.
Cuenta que en el avión iba atado de pies y manos, y con un casco en la cabeza.
Minutos antes se había resistido a descender del autobús en el que llegó a la pista del aeropuerto y había suplicado que no lo subieran a aquel vuelo. Según relata, nadie le había dicho bien cuál era su destino y solo escuchó que iba a África.
“No me voy a bajar. Prefiero morirme aquí que en un continente tan lejano”, recuerda que le dijo al personal que lo custodiaba en el bus. También que le contestaron: “Si eso quieres, eso te va a pasar”.
Asegura que, al negarse a obedecer, un agente de ICE ordenó que le disparasen con balas de goma. Las alegaciones coinciden con la de otros dos nicaragüenses y un cubano que iban en el bus, quienes cuentan que los disparos fueron “a quemarropa”, desde un metro de distancia, y le mostraron a BBC Mundo imágenes de los hematomas que estos les habrían dejado.
En las fotografías, tomadas dos días después, se ven dos círculos morados de unos cinco centímetros de diámetro con el centro rojizo en el brazo izquierdo de uno de ellos, así como un moretón en el pecho de otro.
BBC Mundo le enseñó las imágenes a Rohini J. Haar, asesora médica de Physicians for Human Rights, que dijo que las marcas son “compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal”. Con ella coincide Neil Corney, investigador de la Omega Research Foundation, especializado en analizar el impacto de armas no letales.
Ante las preguntas de BBC Mundo sobre el trato que, según los migrantes, recibieron de los agentes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, contestó que “no se está golpeando ni abusando de ningún detenido”.
López denuncia que tras sacarlo a rastras del autobús, los subieron al avión “como cualquier animal” y que fue allí donde supo que estaban siendo deportados a República Centroafricana, uno de los países más pobres del continente.
La República Centroafricana en datos
La República Centroafricana (RCA) sufre inestabilidad prácticamente desde que se independizó de Francia en 1960.
Es rica en diamantes, oro, petróleo y uranio, pero tiene una de las poblaciones más pobres del mundo.
Se sumió en el caos en 2013 cuando rebeldes musulmanes del grupo Seleka tomaron el poder. Una banda de milicias mayoritariamente cristianas, llamada anti-Balaka, se levantó para enfrentarse a Seleka.
Seleka entregó el poder a un gobierno de transición en 2014 bajo presión internacional, pero el país sigue en crisis.
- Capital: Bangui
- Población: 5,5 millones (2025)
- Área: 622.984 km²
- Idiomas: francés, sango
- Presidente: Faustin-Archange Touadera (desde 2016)
- Esperanza de vida al nacer: 58 años
- Porcentaje de población que vive con US$3 o menos al día: 71,6%
- Promedio de años de escolarización: 3,9
Fuentes: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), Banco Mundial y BBC Monitoring.
Acuerdos con “terceros países”
López, nicaragüense de 45 años, habló con BBC Mundo desde Bangui, la capital de una nación sobre la que hasta ahora no tenía ninguna referencia y a la que fue deportado en virtud de los acuerdos de EE.UU. para que otros países reciban migrantes expulsados.
“Todos estos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro. Estamos aplicando la ley tal como está escrita”, le contestó el DHS a BBC Mundo por correo electrónico.
Según datos de organizaciones sin ánimo de lucro que monitorean los vuelos de deportación, López es uno de al menos 100 migrantes que fueron expulsados a finales de agosto por el gobierno de Donald Trump a ocho países africanos en el marco de esos cuestionados acuerdos de deportaciones hacia “terceros países”.
Ya había tratado de migrar a EE.UU. en 2005 pero, al cruzar la frontera de forma ilegal, fue detenido y deportado de forma expedita.
Volvió a intentarlo en 2022, y desde entonces vivía en el estado de Minnesota. Sin embargo, en enero fue detenido por agentes del ICE cuando subía a su camioneta frente a su casa en Mineápolis para ir a trabajar en construcción, afirma.
Fue uno de los cientos de arrestados en esa ciudad, donde el gobierno de Trump desplegó a principios de año más de 2.000 agentes federales como parte de su ofensiva contra la migración ilegal.
La operación desencadenó protestas en las calles, y en ese contexto de tensión murieron a manos de agentes del ICE los estadounidenses Renee Nicole Good y Alex Pretti.
Cuando lo abordaron los funcionarios, López asegura que les mostró los papeles que siempre cargaba con él.
“Les entregué mi permiso de trabajo y la documentación que probaba que una jueza de Minnesota me había concedido la retención de remoción”, cuenta. BBC Mundo pudo ver la resolución del Tribunal de Inmigración Fort Snelling de Minnesota fechada el 13 de agosto de 2024.
López se refiere a lo que también se traduce como “cancelación de deportación”, que impide al gobierno devolver a un extranjero a un país donde su vida o libertad estarían en peligro por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
Asimismo, a López le fue concedida protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), un tratado internacional del que EE.UU. es signatario.
Esta medida impide la devolución a un país donde sea más probable que improbable que el beneficiario sea torturado. No abre camino hacia la ciudadanía o la residencia permanente, y puede ser revocada si las condiciones del país cambian.
Hace años que organizaciones nacionales e internacionales denuncian violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y este septiembre, un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar las desapariciones forzadas como instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población.
En su informe “La anatomía de la crueldad estatal”, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también denunció al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018, algo que el Ejecutivo rechaza.
A pesar de que López les mostró a los agentes la resolución de un tribunal de inmigración que lo protegía de ser deportado a ese contexto en Nicaragua, asegura que no lo liberaron. “Me llevaron diciendo que tenían que hacerme una verificación de datos en una oficina de ICE”, cuenta el nicaragüense.
Explica que de Minnesota fue llevado a un centro de detención en Texas, antes de ser trasladado al estado de Luisiana, donde, tras pasar por unas instalaciones en Alexandria, acabó en el correccional de Jackson. Allí permaneció durante los seis meses previos al inicio de su proceso de deportación.
Su historial en EE.UU. —que BBC Mundo ha podido revisar— incluye un delito menor de conducción sin la licencia adecuada en 2023. El DHS no respondió a la pregunta de si esto fue un factor en su deportación, pero remarcó que era un “inmigrante ilegal”. “Este gobierno no hace caso omiso del Estado de derecho”, agregó.
El gobierno de Trump ha dicho con frecuencia que está deportando a lo que describe como “migrantes ilegales criminales”.
Ahora, a miles de kilómetros de distancia y con un océano de por medio, López admite que vive entre el miedo y la angustia.
“Es cruel, es frustrante, porque aquí venimos a la deriva. No sé qué nos puede pasar”, se lamenta.
“El miedo es perder la vida aquí. Me asusta contraer cualquier enfermedad, la malaria, el cólera, la fiebre amarilla. Solo me refugio en Dios. Le pido fuerza, que me cuide, que me dé fortaleza”.
35 países y más de 20.000 deportados
Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia” del país.
Para lograrlo, sin embargo, el gobierno enfrentaba un desafío práctico: qué hacer con los migrantes que considera que no tienen estatus legal, pero que tampoco pueden ser enviados a sus países de origen porque un tribunal de inmigración determinó que allí podrían enfrentar persecución, tortura o muerte.
Durante años, a muchos de ellos se les permitió quedarse en EE.UU. bajo órdenes de supervisión, lo que requería que se reportaran regularmente ante ICE.
En ese contexto surgieron los llamados acuerdos de deportación a “terceros países”; esto es, a naciones distintas a las de origen.
“La expulsión a un tercer país es el único mecanismo por el cual ICE puede cumplir simultáneamente con sus dos obligaciones legales clave: la de no devolver a las personas a un país del que se les ha otorgado protección, y la obligación de hacer cumplir una orden final de deportación”, le dijo John A. Schultz, un alto funcionario del ICE, a un juez federal en marzo.
La implementación de la política ya ha enfrentado obstáculos legales. Una serie de tribunales determinaron que los afectados deben tener la oportunidad de objetar la decisión antes de que el gobierno los deporte a un país distinto al de su origen. Los fallos no prohibían dicha expulsión, pero alargaban el procedimiento.
Sin embargo, después de que el gobierno recurriera dichas decisiones, este martes la Corte Suprema permitió al gobierno de Trump que siga con las deportaciones expeditas a terceros países mientras sus jueces evalúan la legalidad de la política.
Según un informe de las organizaciones Human Rights First y Refugees International, desde enero de 2025 el gobierno de Trump habría establecido ese tipo de alianzas con más de 35 países, algunos anunciados públicamente, otros no.
“Estos acuerdos opacos no solo hacen que estos países de todo el mundo sean cómplices de la cruel campaña de deportación de la administración, sino que también los convierten en colaboradores de estas violaciones del derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos”, subraya el informe.
El gobierno estadounidense no ha hecho pública la cifra de deportados por medio de este mecanismo. “Por seguridad operativa y de nuestro personal, nunca revelaríamos información sobre nuestros vuelos de deportación”, contestó el DHS al ser consultado por BBC Mundo.
El reporte de Human Rights First y Refugees International apunta a que entre enero de 2025 y agosto de 2026 habrían sido deportadas más de 23.000 personas a 26 países con los que no tienen ningún vínculo legal ni familiar.
De ellas, casi 20.000 habrían sido enviadas a México; más de 2.700 a países de Latinoamérica y el Caribe, y más de 330 a países africanos como Liberia, Esuatini, la República Democrática del Congo o Guinea Ecuatorial.
“Estamos aplicando la ley”
En el caso de la República Centroafricana, ningún acuerdo ha sido anunciado públicamente entre EE.UU. y ese país, pero varias agencias de noticias y medios de comunicación han reportado su existencia, citando a altos funcionarios que lo han corroborado.
De acuerdo a Human Rights First, a este país africano, sumido en una guerra civil, han llegado desde junio tres de esos aviones con al menos 92 inmigrantes.
“En agosto se rompió el récord de vuelos de deportación”, le dijo a BBC Mundo Savi Arvey, jefa del equipo ICE Flights Monitor de esa organización.
“Y lo más preocupante es que el gobierno parece estar centrándose cada vez más en aquellos que habían obtenido protección ante la deportación en un tribunal de inmigración, y que los están enviando a un país en conflicto en el que quedan en una suerte de limbo”, agrega.
Por su parte, el DHS sostiene que “todos esos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro”.
“Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Todos los inmigrantes ilegales reciben el debido proceso. Si un juez determina que un inmigrante ilegal no tiene derecho a estar en este país, lo vamos a deportar. Punto”.
“La administración Trump está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia, tal como prometió el presidente Trump”, se lee en un mensaje enviado por correo y atribuido a un portavoz del departamento.
“Si un inmigrante ilegal decide presentar una solicitud ante un tribunal en la que se niega a volver a su país de origen, la ley nos obliga a encontrarle un país seguro al que ir. Si un inmigrante ilegal elige regresar a su país, le daremos un vuelo gratuito a casa y un cheque de US$3.000. La decisión es suya”, concluye.
Para preguntas sobre acuerdos específicos, remitió a BBC Mundo al Departamento de Estado, que respondió diciendo: “Por norma general, no comentamos sobre los detalles de nuestras conversaciones diplomáticas privadas con otros gobiernos”.
En unas declaraciones atribuidas a un portavoz, el Departamento de Estado subrayó que es su prioridad implementar la política de inmigración del gobierno de Trump, que sigue comprometido con “acabar con la inmigración ilegal y masiva y aumentar la seguridad fronteriza” y que usará “todos los medios legales” a su alcance para expulsar “a aquellos que no tienen derecho a residir” en el país.
Llegar a un país desconocido
Cuando el 30 de agosto López aterrizó en Bangui, no sabía nada de esa ciudad, tampoco del país. Pero nada más conseguir acceso a internet, comenzó a buscar información en Google.
“Es así como nos vamos dando cuenta de que en este lugar hay un conflicto armado, que hay bandas criminales, que hay tráfico de órganos, que tenemos que tener mucho cuidado”, dice.
Junto a López, en un edificio de apartamentos de la capital centroafricana también se encuentra su compatriota Luis Carlos Mendoza.
Ambos le cuentan a BBC Mundo que están vigilados “día y noche”, que no han salido desde que llegaron al país y que se sienten encerrados, como si estuvieran “en arresto domiciliario”.
“Me sacaron engañado. Nunca me dijeron que iba para África. Me sentí muy triste, angustiado. Fue horrible”, agrega Mendoza.
El nicaragüense cuenta que ingresó de forma irregular a EE.UU. en septiembre de 2018 y que, tras un mes detenido, fue puesto en libertad bajo fianza.
Vivía en el estado de Maryland con unos familiares y entre semana se dedicaba a la construcción, mientras completaba ingresos laborando como camarero los fines de semana.
Había solicitado asilo y le fue denegado. Pero en 2023 el Tribunal de Inmigración de Hyattsville (Maryland) le otorgó protección ante la deportación, tal como pudo comprobar BBC Mundo.
Relata Mendoza que el 9 de febrero pidió permiso en su trabajo para acudir a una cita de supervisión de ICE. “Pero nada más entrar un agente me detuvo, sin ninguna explicación”.
De Maryland fue trasladado a un centro de detención en Luisiana antes de ser deportado.
Su historial -según pudo verificar BBC Mundo- incluye un delito menor por conducción sin licencia y otro por hacerlo bajo los efectos de alguna sustancia, ambos en 2021.
“Es un muchacho trabajador. Siempre ha salido adelante trabajando de sol a sol con dos trabajos”, le dice a BBC Mundo una tía materna en cuya casa vivió entre 2018 y 2019.
“Desde que lo detuvieron nuestra familia está viviendo una pesadilla que no termina”, agrega la mujer, quien pide anonimato. “Vivimos con tristeza y el temor de que no volvamos a ver a Luis”.
Condiciones precarias
“Yo vine psicológicamente muerto”, dice Isaac Cruz, otro nicaragüense deportado en el mismo vuelo a República Centroafricana. “Los golpes duelen, pero más el maltrato, porque nosotros no somos criminales”.
Desde que cruzó la frontera de forma ilegal en 2021, vivía en Evansville, Indiana, y trabajaba en una empresa de limpieza. Fue detenido en 2024, cuando acudió a una cita migratoria de rutina, y expulsado del país a pesar de que en 2025 un tribunal de migración de Chicago, Illinois, le otorgó protección ante la deportación.
De la alimentación de estos latinoamericanos deportados y su hospedaje en Bangui se hace cargo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aseguran. “Nos traen desayuno, almuerzo y cena”, cuenta López.
La OIM confirmó a BBC Mundo que está brindando asistencia en el país “a petición del gobierno” local.
“Nuestro papel comienza con la llegada de los individuos; no tenemos ningún rol en la decisión de un país de admitir o expulsar a alguien”, dijo la agencia.
“Además del retorno voluntario asistido, que se apoya en otro programa que la OIM implementa en todo el mundo”, la agencia agrega que, junto a las autoridades centroafricanas, ofrece asistencia para los migrantes que llegan al país o ya se encuentran allí.
Este año EE.UU. le otorgó a la OIM US$85 millones para operaciones en la República Centroafricana.
La nación lleva años sumida en un conflicto que enfrenta a las fuerzas progubernamentales con grupos armados y es una de las más pobres del mundo. A pesar de sus enormes reservas de oro, uno de cada tres habitantes vive con menos de US$3 al día.
En ese contexto, los latinoamericanos que hablaron con BBC Mundo para este reportaje denuncian que sus condiciones son precarias. “Aquí se va la luz, el agua, el internet cada cuatro horas”, dijo Mendoza.
“He pasado como dos días mal del estómago, no sé si es el agua, no sé si es la comida”, contó por su parte López.
Lo que ambos reclaman es que se revisen sus casos y los regresen a EE.UU.
“Pido que se haga justicia, que me retornen a Estados Unidos, desde donde me sacaron a la fuerza sin mi consentimiento. Yo no firmé nada”, aseguró Mendoza.
“Quiero volver porque ahí es donde tengo más familia, mi abuela, mis tías y tíos”, agregó.
López tampoco ha considerado otro país que no sea EE.UU, pues allí viven sus dos hijos. “Le pido al gobierno de Estados Unidos, a los congresistas, a los senadores que revisen nuestros casos. No somos criminales”.
Mientras, ven los días pasar en Bangui con angustia, sin tener claridad de qué les depara el futuro.
López, quien dedica el tiempo a leer la Biblia, dice que simplemente sigue “confiando en Dios”.
“Yo realmente estoy esperando que pase un milagro”, dice por su parte Cruz. “Que la gente en Estados Unidos se dé cuenta, que entienda lo que la gente está pasando aquí”.
*Con el apoyo de Donovan Slack, de BBC News, y Jake Horton, de BBC Verify
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