Estados Unidos
Escenario de Vida
Ley de aguas: urgencia nacional y consensos
Esta vez la discusión actual trasciende las bancadas.
|
Cuántas veces muchos de nosotros hemos querido que se regularice uno de los recursos más importantes para el ser humano: el agua. Finalmente creo que quizás esta vez lo logremos pues estamos ante una oportunidad histórica. La iniciativa 6816, Ley de Aguas, fue impulsada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), e ingresó al Congreso, la que fue conocida por el pleno el 11 de agosto de 2026. Sin embargo, pareciera que no todos los sectores se unen a su aprobación, pues todavía enfrenta un camino de análisis técnico, consultas y acuerdos políticos.
La propuesta, integrada por 215 artículos, busca desarrollar el mandato del artículo 127 constitucional, que establece el carácter público de las aguas y ordena una legislación específica para regular su aprovechamiento. Entre sus principales disposiciones figura la creación de una superintendencia nacional del agua, un registro de derechos de uso, regulación de aguas subterráneas, protección de fuentes y tratamiento de aguas residuales.
El gobierno de Bernardo Arévalo, por medio del Marn, encabezó su elaboración mediante diálogos con sectores sociales, comunitarios, indígenas y económicos. En el Congreso, el diputado César Fion figura entre sus ponentes, con participación de legisladores de distintas bancadas. Gracias a Patricia Orantes, ex ministra de Ambiente y Recursos Naturales, ahora diputada al Congreso, la iniciativa se está moviendo.
Según la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, presidida por Randy Coc, la Iniciativa debe ahora analizarse y emitir dictamen antes de que pueda avanzar a su discusión legislativa.
¿Hay sectores que le frenen? El sector empresarial, por medio del Cacif, ha solicitado una mesa técnica para revisar el contenido y ha advertido sobre posibles efectos negativos de aprobarlo sin modificaciones.
Por su parte, la Comisión Plurinacional por el Agua, integrada por organizaciones territoriales y representantes comunitarios e indígenas, ha expresado su rechazo. Cuestiona la suficiencia de la participación de los pueblos, el otorgamiento de derechos de aprovechamiento y disposiciones que, a su juicio, podrían favorecer la concentración del recurso.
¿Podremos construir un marco legal que garantice el agua para las generaciones presentes y futuras?
En cuanto al Instituto de Fomento Municipal (Infom), acepta la necesidad de dicha ley, pero sugiere que se les incorpore adecuadamente en la estructura administrativa, por su experiencia en agua potable y saneamiento.
Guatemala necesita reconocer que la disponibilidad de agua está directamente relacionada con su estabilidad económica y social. No olvidemos la agricultura, la agroindustria, la generación de energía, el turismo, la industria y el consumo humano directamente vinculados al recurso agua.
Pensemos entonces lo que falta para aprobarla. La comisión legislativa recibirá observaciones hasta el 30 de octubre, para luego evaluar los aportes, discutir eventuales modificaciones y construir un dictamen. Posteriormente, el pleno tendrá que conocer y votar la iniciativa conforme al procedimiento legislativo.
El desafío es enorme. Consiste en conciliar la protección del agua como bien público, el acceso humano, los sistemas comunitarios, las necesidades municipales y las actividades económicas, sin debilitar la sostenibilidad de las fuentes.
Guatemala ha conocido numerosas propuestas de legislación hídrica sin lograr convertirlas en ley. Esta vez la discusión actual trasciende las bancadas: ¿podremos construir un marco legal que garantice el agua para las generaciones presentes y futuras? Tendremos reglas claras, participación legítima y responsabilidad compartida? Opine Ud.
ESCRITO POR:
