Estados Unidos
Conciencia
Más gasto, menos resultados
Un gasto enorme para 2027 exige resultados que justifiquen los impuestos de los guatemaltecos.
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El Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de presupuesto para 2027 que debería provocar indignación. Propone gastar Q192,045.1 millones, un récord, sin explicar cómo mejoraría los servicios públicos. De aprobarse, el presupuesto sería alrededor de 62% mayor, en términos nominales, que el vigente de 2023. Los guatemaltecos seguimos esperando buenas carreteras, atención médica oportuna, una educación de calidad y seguridad ciudadana efectiva. Se pide más dinero sin responder por los recursos anteriores.
El gobierno pasará, pero la deuda y los gastos permanentes quedarán para los próximos años.
Los análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) advierten problemas de financiamiento, capacidad de ejecución y calidad del gasto. El proyecto mantiene estructuras y aumenta asignaciones sin una revisión suficiente de sus resultados. Cada incremento debería explicar qué servicio mejoraría, cuánto costaría y quién respondería por su cumplimiento. Los ciudadanos necesitan servicios que funcionen.
Los tres ministerios con mayores aumentos absolutos preocupan. Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda recibiría 35.5% más en términos reales. A agosto de 2026, había ejecutado apenas 35.4% de su presupuesto, después de ceder Q2,298.1 millones. Salud Pública y Asistencia Social recibiría un incremento real de 9.1%, mientras un análisis de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) señala que la cobertura de servicios esenciales se mantuvo alrededor del 60% entre 2010 y 2023. Desarrollo Social tendría 33.4% más en términos reales. A agosto, había ejecutado 56.0% de su presupuesto, pero debe demostrar qué resultados adicionales produciría ese aumento.
Solo una quinta parte del presupuesto propuesto se clasifica como inversión, y buena parte corresponde a transferencias. La inversión real directa apenas representaría 4.2%. Sin embargo, la masa salarial aumentaría Q2,725 millones en términos reales, un 5.8% respecto del presupuesto vigente a agosto de 2026. Además, Q1,621.6 millones para remuneraciones se financiarían con deuda. En total, Q23,716.6 millones de funcionamiento se pagarían con préstamos, casi uno de cada cinco quetzales destinados a esos gastos. Mientras las obras siguen pendientes, crecen los gastos permanentes y se comprometen ingresos futuros.
El déficit fiscal alcanzaría 4.4% del producto interno bruto, el segundo más alto del período analizado por el Cien, después del de la pandemia. Esta vez no existe una emergencia comparable que explique semejante desequilibrio. Se contempla endeudamiento neto por Q39,735.0 millones y la deuda acumulada llegaría a Q320,443.3 millones al finalizar 2027. Se pagará durante años, con recursos necesarios para salud, educación e infraestructura.
Los Consejos Departamentales de Desarrollo recibirían Q6,185.4 millones, incluidos Q1,200 millones extraordinarios que el análisis identifica sin obras de inversión que los respalden. Persisten dificultades para ejecutar y demostrar los beneficios de esas asignaciones. Transferir dinero no equivale a terminar una obra. Sin proyectos suficientemente preparados y resultados verificables, el riesgo de desperdicio es enorme. En año electoral, repartir recursos bajo esas condiciones abre espacio al uso político del presupuesto. Puede pesar más la campaña que los servicios públicos.
El Congreso tiene la responsabilidad de corregir el proyecto antes de aprobarlo. Debe reducir el déficit eliminando asignaciones injustificadas, evitar deuda para financiar funcionamiento recurrente y condicionar los aumentos a proyectos evaluados, capacidad de ejecución y metas verificables. La sociedad debe exigir estos cambios. Este dinero proviene del trabajo de los guatemaltecos y los préstamos también deberán pagarse por generaciones futuras. Aprobar más gasto sin exigir resultados comprometería las oportunidades de quienes vienen detrás.
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