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Trasplantes y donaciones de órganos en Guatemala: la espera de hasta ocho años y una ley que sigue sin reglamento

El Decreto 5-2024 marcó un avance para organizar los trasplantes en Guatemala, pero su reglamento sigue pendiente y la lista nacional de espera aún no funciona. Mientras el país realiza unos 150 trasplantes al año, muchos pacientes esperan años o carecen de opciones en el sistema público.

La ley de trasplantes creó nuevas estructuras para coordinar la donación de órganos, pero su reglamento sigue pendiente de aprobación. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La ley de trasplantes creó nuevas estructuras para coordinar la donación de órganos, pero su reglamento sigue pendiente de aprobación. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

En marzo de 1994, Manuel Suruy llegó al Hospital San Juan de Dios con la piel amarilla y el cuerpo con olor a orina. Tenía 21 años y no sabía qué era la insuficiencia renal crónica.

Durante unos diez o doce días perdió la movilidad: los músculos no le respondían, no podía caminar y se desmayaba. Salió del hospital a los 21 días, con catéteres, y comenzó a asistir tres veces por semana a sesiones de hemodiálisis, en un servicio que, recuerda, tenía dos máquinas y unos diez pacientes.

Su diagnóstico fue insuficiencia renal crónica, una enfermedad que gana terreno en Guatemala, ya que cada día alrededor de 30 guatemaltecos reciben este diagnóstico.

El médico Rudolf García Gallont explica que parte del aumento se debe al síndrome cardiorrenal metabólico, que encadena enfermedades como la diabetes y la hipertensión, y a la nefropatía mesoamericana, que afecta a jóvenes que no son diabéticos ni hipertensos. Según sus cálculos, la incidencia de diálisis ronda los 35 casos por cada 100 mil habitantes en la capital, es mayor en zonas de la costa y promedia unos 60 a nivel nacional.

Una de las alternativas que tienen los pacientes renales para mejorar su calidad de vida, cuando es aplicable, es el trasplante de riñón.

Un riñón, una espera y tres intentos

Para Suruy, el diagnóstico tuvo una salida: un trasplante. Su donante sería su padre, Ramiro Suruy. En ese entonces, la prueba de compatibilidad se envió a México por avión y, entre 25 y 28 días después, llegó por fax el resultado: 95%.

Con el resultado en mano, el trasplante debió esperar. La cirugía se suspendió dos veces, cuenta Suruy: la primera, por una huelga de médicos, y la segunda, porque la noche anterior los quirófanos se habían usado para atender a heridos de bala y no estaban en condiciones. Lo mandaron de regreso a su casa en ambas ocasiones. Finalmente, en julio de 1994, fue operado durante nueve horas.

Su ruta, con donante vivo, es similar a la que se sigue en la actualidad.

El médico Rudolf García Gallont, director de Trasplantes, cuenta que la actividad de trasplantes en Guatemala comenzó hace unos 38 años, tanto en el sistema de salud pública como en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Hoy, estima, el país realiza unos 150 trasplantes al año. Frente a esa cifra, calcula que unos 5,000 pacientes nuevos necesitan diálisis cada año.

Sin embargo, aún existe una enorme brecha entre la cantidad de trasplantes realizados y los pacientes que necesitan un órgano. “Somos una gota de agua en un desierto”, resume García Gallont.

Según la médica Cindy Ixpancoc, coordinadora de trasplantes del Hospital General San Juan de Dios, quienes tienen un donante vivo completan un protocolo de estudios que dura entre ocho meses y un año, y luego reciben fecha para la cirugía.

Quienes no tienen un donante vivo esperan entre cinco y ocho años por un órgano de donante fallecido. En cuatro décadas, indica Ixpancoc, el sector público ha realizado casi 1,000 trasplantes, y García Gallont estima que hoy se hacen unos 150 al año.

Manuel Suruy recibió un trasplante de riñón en 1994 y, 32 años después, acompaña a otros pacientes que atraviesan la misma enfermedad. (Foto Prensa Libre: Cortesía Manuel Suruy)

Medicamentos de por vida

Tras la operación, Suruy pasó ocho días en un cuarto aislado y tres meses en su casa, durmiendo solo y con mascarilla; quien lo visitaba debía usarla. Desde entonces toma inmunosupresores, medicamentos que, explica, deberá tomar siempre para que su cuerpo no rechace el órgano. No come mariscos ni pescado porque sus defensas no son como las de los demás.

Esa medicación es uno de los aspectos que la ley buscó resolver.

El Decreto 5-2024, aprobado por el Congreso en febrero del 2024 y publicado en el Diario de Centro América el 25 de marzo de ese año, establece en su artículo 10 que el Ministerio de Salud proporcionará gratuitamente los inmunosupresores, con presupuesto aprobado por el Congreso, pero solo a los pacientes que reciben seguimiento en su red de servicios. El IGSS debe hacer lo propio con sus afiliados. Ixpancoc calcula que el tratamiento cuesta entre Q2,000 y Q3,000 al mes.

Suruy, quien dice haber participado en las conversaciones previas a la aprobación de la ley, considera que ha habido pocos avances. Afirma que a veces faltan medicamentos, tanto en el seguro social como en el sistema de salud pública, y que los propios pacientes se ayudan para conseguirlos.

Ocho años de pronóstico, 32 de vida

Cuando Suruy salió del hospital, su médico le dijo que la operación había salido bien, pero que solo tenía ocho años de vida. Han pasado 32. Dejó el tabaco y el alcohol, y hoy tiene un hijo de 22 años.

Antes de la aprobación del Decreto 5-2024, estaba vigente el Decreto 91-96. Sin embargo, este no estaba actualizado y presentaba muchas deficiencias.

La nueva ley, por su parte, creó la Dirección de Trasplantes en el Ministerio de Salud, una lista de espera única nacional y un Registro Nacional de Trasplantes.

También creó el Consejo Nacional de Trasplantes, integrado por el ministro de Salud, el fiscal general, el presidente del IGSS, el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), un representante del Colegio de Médicos y el director de Trasplantes, con voz, pero sin voto. García Gallont indica que el Consejo ya está integrado y que sostuvo sus primeras reuniones.

Para Ixpancoc, el cambio más importante es la actualización del concepto de muerte encefálica, que, según explica, permite aprovechar más donantes. La ley exige que la certifiquen al menos dos médicos, uno especialista en ciencias neurológicas y otro en medicina interna, y que los signos persistan seis horas como mínimo.

La ley de trasplantes creó nuevas estructuras para coordinar la donación de órganos, pero su reglamento sigue pendiente de aprobación. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Un reglamento que no llega

Suruy ve el proceso como “paso a paso”, pero lento. Opina que el Ministerio de Salud debería hacer más campañas, con vallas, periódicos y redes sociales, para que la población sepa que puede donar, en vida o al fallecer.

La ley fijó ocho meses para emitir el reglamento. Más de dos años después, sigue sin aprobarse.

Marta Azmitia de Hernández, de la Fundación Donaré, afirma que el poco avance de este proceso podría deberse a la falta de voluntad política y que, hasta donde sabe, el documento fue entregado al Ministerio a finales del año pasado.

García Gallont explica que el reglamento está por pasar a revisión jurídica, luego al Consejo y a la Procuraduría General de la Nación, y que se emitirá como acuerdo gubernativo. Defiende que el proceso no ha sido lento: el reglamento ordena una actividad con 40 años de existencia y establece, por ejemplo, que las donaciones entre vivos sin parentesco sean evaluadas por el Consejo.

Ixpancoc dice desconocer las razones del retraso y lo espera “como agua de mayo”.

Sin reglamento, la lista nacional aún no opera. García Gallont explica que cada hospital administra la suya. El nuevo sistema funcionará con un algoritmo: el nombre del paciente no aparece, solo sus características genéticas, y los órganos se asignan a los más compatibles de toda la red, pública y del IGSS. Según el director, en el 2026 la Dirección no tuvo presupuesto y se espera que reciba fondos a partir del 2027.

La donación de órganos de una persona fallecida requiere decisiones y procedimientos coordinados en un periodo de tiempo muy corto. (Foto Prensa Libre: Cortesía Dr. Rudolf Garcia-Gallont)

En lista de espera

En todos estos años, Suruy ha conocido a pacientes con problemas de páncreas o hígado que necesitaban un trasplante y no pudieron hacérselo. Cuenta que fallecieron porque en el sistema de salud pública no había adónde acudir. Señala que quien tiene recursos puede viajar al extranjero para operarse, pero quien depende de la salud pública no.

En efecto, en Guatemala, el sector público solo realiza trasplantes de riñón y córnea.

La ley contempla centros para trasplantes de corazón, hígado, páncreas, pulmón, médula ósea y otros tejidos, además de bancos de tejidos, pero ninguno opera aún. García Gallont explica que cada órgano es “un mundo”: “un trasplante renal toma unas cuatro horas; uno de hígado, hasta 36”.

Sin embargo, en Guatemala ya se han trasplantado otros órganos, pero únicamente en el sector privado.

Azmitia señala que estos procedimientos superan el millón de quetzales. Su fundación llegó a recaudar fondos para equipar unidades, pero detuvo la recaudación porque, sin la apertura del Ministerio, no podía utilizarlos.

El director recuerda que hace unos diez años un equipo de diez especialistas se formó en Taiwán, con financiamiento de ese país, para iniciar los trasplantes de hígado, pero ningún hospital reunía la infraestructura necesaria para este tipo de procedimientos.

Ixpancoc agrega que solo un trasplante renal involucra a más de 30 personas. García Gallont calcula que no pasan de diez los cirujanos que pueden hacer trasplantes en el país.

Donar contra el reloj

La donación de un padre a un hijo, como la de Suruy, se planifica con meses de estudios. La de una persona fallecida se decide en horas.

García Gallont explica que solo el 1.4% de quienes mueren en una unidad de cuidados intensivos lo hace en condiciones que permiten donar y que, en 24 a 36 horas, el paciente sufre un paro cardíaco y los órganos dejan de servir.

Ixpancoc indica que, tras el diagnóstico de muerte encefálica, si no se actúa en unas 24 horas, los órganos pueden perderse. Solo el estudio de compatibilidad toma de cuatro a cinco horas y, al sumar el traslado de receptores desde otros departamentos, el proceso puede durar entre ocho y diez horas.

Quienes mueren de inmediato, por ejemplo, en un accidente, solo pueden donar córneas, aclara Ixpancoc, e indica que los órganos de cuerpos que llegan al Inacif ya no son funcionales.

La ley establece que, en muertes violentas o sospechosas, la extracción se coordina con el Ministerio Público antes de remitir el cuerpo al Inacif. Sin embargo, por la premura, esto debe hacerse rápido.

Solo el 1.4% de quienes mueren en una unidad de cuidados intensivos lo hace en condiciones que permiten donar

Convencer a una familia es la parte más delicada. Ixpancoc la define como “la pregunta más difícil hecha en el peor momento”.

García Gallont explica que por eso existe el coordinador de trasplantes, que detecta posibles donantes y aborda a las familias.

Sobre la promoción, Azmitia afirma que no existe un programa gubernamental, aunque la ley encarga esa tarea a la Dirección de Trasplantes. Ixpancoc detalla que en el San Juan de Dios usan las redes de Daré Guatemala, cuyos videos, indica, alcanzaron entre 2.7 y 5 millones de visualizaciones para dar a conocer la donación de órganos y fomentar esta práctica entre la población.

Suruy, mientras tanto, dedica su tiempo a acompañar a otros pacientes. Cuando el Hospital San Juan de Dios o el Ministerio de Salud le piden que dé su testimonio a alguien en hemodiálisis o trasplantado, acude. Lo resume con una frase: “De gracia recibí, de gracia hay que dar”.

Aunque la ley contempla la donación de varios órganos, actualmente en Guatemala solo se realizan transplantes de riñón y de cornea. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

¿Cuáles son los requisitos para donar un órgano en Guatemala?

  • Quién puede donar: Guatemaltecos civilmente capaces. Los menores de edad no pueden donar en vida, salvo células progenitoras hematopoyéticas, con autorización de sus padres o tutores.
  • Principios: La donación es voluntaria, gratuita y confidencial. El consentimiento se puede revocar antes de la extracción del órgano.
  • Donante vivo: Debe ser mayor de edad, estar plenamente informado, contar con un dictamen médico favorable y presentar una declaración jurada ante notario, tanto del donante como del receptor. Si existe parentesco, debe demostrarse el vínculo consanguíneo. Los casos sin parentesco son evaluados por el Consejo Nacional de Trasplantes.
  • Donante fallecido: Si dejó su consentimiento en vida, este no puede ser revocado. Si no lo dejó, deciden el cónyuge o conviviente legal y, luego, los parientes. La muerte encefálica debe ser certificada por al menos dos médicos.
  • Receptores: Para recibir un órgano de un donante fallecido, el receptor debe ser guatemalteco y estar inscrito en un programa de trasplantes.
  • Prohibiciones: Comerciar con órganos, ofrecer o recibir pagos y coaccionar a un donante. La ley prevé penas de prisión de 8 a 18 años por disposición ilegal de órganos y de 15 a 30 años si se violan estas prohibiciones.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.