Estados Unidos
Conciencia
Meses para aprobar un champú
La burocracia encarece los productos, limita la competencia y dificulta la libertad de emprender.
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En Guatemala, quien desea emprender debe prepararse para enfrentar numerosos trámites. Algunos son necesarios, pero otros consumen tiempo y recursos sin aportar mayores beneficios. Las empresas deben esperar meses para obtener una autorización, aun cuando se trate de productos que ya se comercializan en otros países. Estas demoras tienen un costo que termina trasladándose al consumidor.
Para conocer cuánto tiempo destinan las pequeñas empresas a cumplir con las exigencias del Estado, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU) promueve el Índice de Burocracia, en cuya elaboración participa el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y se comentó en la columna pasada.
A partir de ese trabajo, el Cien decidió estudiar con mayor detalle los trámites para registrar productos afines, con financiamiento del Centro Internacional para la Empresa Privada (Cipe), dentro del proyecto Libertades Económicas. Se escogieron porque representan una carga importante para las empresas y porque son productos que utilizamos todos los días, como champús, jabones, cosméticos y artículos de limpieza. Para poder venderlos legalmente se requiere cumplir con una serie de requisitos ante las autoridades sanitarias.
La selección no fue casual. El Índice de Burocracia identificó que estos trámites representaban mil 920 horas anuales, equivalentes al 60% del tiempo dedicado a los procedimientos de funcionamiento del sector secundario analizado. Era necesario comprender por qué consumían tantos recursos y qué podía hacerse para reducir esa carga.
El estudio encontró que durante 2025 obtener determinados registros podía tomar entre cinco y ocho meses. Entre enero y mayo de 2026 los tiempos se redujeron a dos o tres meses, una mejora importante, aunque todavía insuficiente para procedimientos que deberían resolverse de 15 a 20 días, según el portal oficial. Además, los empresarios enfrentan requisitos repetidos, dificultades para dar seguimiento a sus expedientes y criterios que no siempre resultan claros.
Simplificar los trámites no significa renunciar a los controles sanitarios.
La magnitud del trabajo administrativo también llama la atención. El análisis identificó 111 mil 589 certificados y 53 mil 221 notas relacionados con estos procedimientos, además de una demanda de al menos cinco mil 500 trámites anuales. Estas cifras ayudan a comprender por qué resulta indispensable revisar la forma en que se organizan y atienden las solicitudes.
No se trata de eliminar los controles sanitarios. Su función es proteger la salud de la población. El problema surge cuando los procedimientos se vuelven tan complicados que terminan retrasando la entrada de productos al mercado, encareciendo su comercialización y desalentando la competencia. Una empresa pequeña difícilmente puede soportar las mismas demoras que una compañía con mayores recursos.
El Cien propone establecer un plazo máximo de 20 días hábiles para resolver las solicitudes, aplicar el silencio administrativo positivo cuando corresponda y utilizar controles diferenciados según el riesgo sanitario. También recomienda fortalecer la vigilancia posterior, consolidar expedientes, publicar criterios claros y aprovechar laboratorios acreditados. La digitalización debe permitir realizar los procedimientos completos, no limitarse a recibir documentos por internet.
El viernes 23 se presentaron públicamente ambos estudios con el apoyo de la Agexport, y ya están a disposición de los interesados en la página del Cien (cien.org.gt).
Guatemala necesita instituciones capaces de proteger la salud sin convertirse en un obstáculo para quienes desean producir, invertir y generar empleo. Aprobar un champú no debería convertirse en una carrera de obstáculos. La tarea es simplificar los trámites, establecer plazos y exigir resultados a las instituciones públicas.
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