Estados Unidos
Estado, empresa y sociedad
Gobierno en la picota
Es una pena ser testigos del continuo deterioro del actual gobierno.
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Percibo que cada vez hay más preocupación entre los guatemaltecos de bien, que somos la mayoría, sobre la situación nacional que podría terminar derivando en afectar gravemente la gobernabilidad del país y terminemos convirtiéndonos en un Estado fallido, algo más sentido que real, pero los acontecimientos continúan alimentando un ambiente de amplia zozobra e incertidumbre. Observando las expresiones de desesperanza y creciente desmoralización de cada vez más amplios sectores, que no solo esperaban más del actual gobierno, sino que no perciben una luz al final del túnel, excepto por las consabidas expectativas que generan cada cuatro años los candidatos (vendedores de sueños que luego convierten en pesadillas) que aspiran a dirigir al país, desde la presidencia, el Congreso de la República y las municipalidades.
Cada vez hay menos credibilidad y confianza en los gobernantes actuales, cifrándose más las esperanzas en los que vendrán. Casi como lo que ocurre, también cada cuatro años, con la aspiración de que la selección nacional de fútbol alguna vez clasifique para el mundial, que genera mucho entusiasmo y después muchísima decepción.
Una secuela de eventos se han venido acumulado durante el actual período gubernamental, desde la incomprensible fuga de 20 reos de alta peligrosidad que estaban bajo resguardo del Gobierno; la inexplicada pero oficialmente reconocida participación de miembros del ejército en los crímenes de Huité; el más reciente asesinato a mansalva de un político de izquierda bajo protección de la PNC, reconocido abogado de la URL, denunciante y eficaz comunicador en redes sociales, exfiscal en el MP que encarceló a peligrosos jefes de maras y del crimen organizado, exsuperintendente de la SAT que, de una manera cuestionable pero efectiva, cobró los impuestos a encumbrados evasores; coronada ahora por las recientes denuncias sobre amenazas anónimas de parte de un joven y prometedor profesional del derecho de la UFM, que ha promovido reformas a la Constitución de la República.
De ninguna manera puede ni debe tolerarse ni aceptarse un rompimiento constitucional.
El asesinato de Solórzano Foppa es el evento más reciente que nos recuerda el círculo infernal de intimidación, corrupción, impunidad y cooptación de las fuerzas de seguridad y de justicia, que considerábamos desterradas de nuestro país, pero lo ocurrido provoca sospechas que cuerpos ilegales y aparatos clandestinos volvieron a capturar diversas instancias gubernamentales.
Francamente, es una pena ser testigos del continuo deterioro del actual gobierno, a pesar de su discurso de reivindicación social y sus esfuerzos por querer apartarse de la corrupción e impunidad de los gobiernos antecesores, pero la percepción ciudadana es elocuente como lo muestra la última medición de CB Global Data que ubica al presidente Arévalo en el último lugar entre los mandatarios de América Latina, con una imagen negativa del 63% y una imagen positiva de apenas el 31%; o, el diagnóstico de percepciones de DIESTRA que advierte el desgaste del gobierno motivado por la crisis de seguridad y violencia; o, el más reciente informe de Fundación Libertad y Desarrollo/CID Gallup, que revela que el 89% de los guatemaltecos consideran que el país va por el rumbo equivocado.
Pero a este gobierno democráticamente electo habrá que llevarlo hasta que finalice su período, aunque sea cargado, como se llevan las andas procesionales más pesadas. De ninguna manera puede ni debe tolerarse ni aceptarse un rompimiento constitucional, como denunció el ministro de la Defensa, sin identificar ni encausar penalmente a los promotores de tal desatino e ilegalidad. Dios nos libre.
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