Estados Unidos
Conciencia
Guatemala tiene miedo
Vivir bajo amenaza y desconfiar de quienes deben protegernos tiene un costo para toda la sociedad.
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Los asesinatos a plena luz del día causan indignación y preocupación. Las imágenes circulan en las redes sociales y la gente pregunta: ¿qué está pasando con la seguridad? A ello se suman los cuestionamientos a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los cambios en su dirección. Hay razones para sentir miedo en las calles.
Seis de cada 10 víctimas no denuncian. ¿Qué tendría que cambiar para que lo hicieran?
En 2024 hubo 16.1 homicidios por cada cien mil habitantes; un año después fueron 17.3. A septiembre de 2026, la tasa interanual bajó a 16.8. Su registro no depende de una denuncia. Pero ¿cuánto se sabe de los otros delitos si las víctimas prefieren callar?
Desde hace 10 años, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) trabaja con la Universidad Francisco Marroquín (UFM), que incorporó preguntas de seguridad ciudadana en el Monitor Global de Emprendimiento (GEM). Cada año se entrevista a unas tres mil personas, con representatividad nacional urbana.
La encuesta de 2026 encontró que la victimización bajó respecto del año pasado, de 19% a 15.9%. Sin embargo, hay cambios que preocupan. Hace 10 años, los robos y asaltos representaban seis de cada 10 delitos reportados; hoy son cuatro de cada 10. La extorsión pasó del 3.3% al 21.1%, y las estafas, del 11% al 16.5%.
Siempre ha existido el temor a que le roben a uno. Pero la extorsión lleva esa angustia a otro nivel. No termina cuando el delincuente se lleva el dinero. Vuelve a cobrar, amenaza a la familia y obliga a seguir pagando sin saber hasta cuándo. ¿Cómo salir a trabajar con esa preocupación? Parte del esfuerzo termina en manos de quien amenaza con quitarle la vida.
Entre enero y septiembre de 2026, las denuncias por extorsión bajaron 40.2% respecto del mismo período de 2025. Esto no necesariamente significa que menos personas estén siendo extorsionadas. La encuesta muestra una mayor participación de este delito entre los reportados por las víctimas. No basta con que bajen las denuncias para concluir que el problema se está resolviendo. Es necesario conocer la “cifra gris” de la extorsión —los casos que no se denuncian—.
En el conjunto de delitos, solo cuatro de cada 10 víctimas denunciaron. De quienes lo hicieron, el 41.2% acudió al Ministerio Público (MP), menos que el año anterior (44.4%). En la PNC ocurrió lo contrario: pasó del 47.6% al 51.1%. Seis de cada 10 víctimas guardaron silencio, una proporción mayor que el año pasado. Las principales razones fueron la desconfianza en las autoridades, creer que denunciar no sirve y el temor a represalias. ¿Quién las protege si el delincuente cumple su amenaza?
La última encuesta oficial de victimización se realizó entre 2017 y 2018. Es necesario retomar estas mediciones y profundizar en las extorsiones. Las autoridades necesitan saber qué ocurre con quienes no acuden a ellas y qué resultados obtienen las personas que sí denuncian.
Urge fortalecer a la PNC y al MP, mejorar la investigación criminal y desarrollar capacidades de inteligencia para identificar y desarticular las estructuras delictivas. También es indispensable recuperar el control de las cárceles, impedir las comunicaciones ilícitas y poner en marcha las de máxima seguridad. Debe haber certeza del castigo y un sistema de justicia penal que funcione eficientemente. Para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado se requiere coordinación y una estrategia sostenida.
La gente quiere trabajar, mantener a su familia y regresar tranquila a casa. Denunciar debería ser el primer paso para recibir ayuda, pero muchos lo ven como un riesgo adicional. La confianza en la PNC y el MP se recupera cuando investigan, protegen a las víctimas y logran que los delincuentes enfrenten la justicia. Mientras pedir ayuda parezca más peligroso que guardar silencio, será difícil dejar de vivir con miedo.
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