Estado, empresa y sociedad

Devenir del Banguat

La Constitución de 1985 y la reforma de 1994 sentaron las bases de un mayor respeto
a la autonomía de la banca central.

En un ambiente cargado de descalificaciones, me han preguntado sobre el Banco de Guatemala (Banguat). Desde 1946 pueden identificarse dos corrientes de pensamiento económico y político, aunque no forzosamente partidario. Las autoridades que lo han dirigido pueden identificarse en sucesivas olas, asociadas con eventos políticos nacionales: de 1946 a 1954; de 1955 a 1963; de 1964 a 1985; de 1986 a 1994; de 1995 a 2026. Ha habido profesionales cuyo pensamiento se vincula con una u otra corrientes, en función del papel del Estado en la economía.


Ha existido una competencia propia de una meritocracia, basada en el conocimiento, capacidad, dedicación y resultados. Un ambiente de orden y disciplina, que premia la entrega laboral (quizás trabajólica), el cumplimiento de plazos y del trabajo bien hecho, propiciando una formación y capacitación permanente (local y externa), bajo la premisa de que los profesionales que ingresan a la banca central han sido bien seleccionados, para hacer una carrera de por vida hasta jubilarse. Ha sido la premisa, con excepciones.

Las decisiones más importantes en la JM deben tomarse por mayoría, cuerpo colegiado integrado por el presidente, tres ministros de Estado, el Cacif, los banqueros privados, la Usac y el Congreso.


Trabajando en la Superintendencia de Bancos (SIB), fui comisionado para dirigir un grupo multidisciplinario de jóvenes profesionales inquietos por modernizar esta Institución (acción truncada por un golpe de Estado), ocasión en que revisamos todas las actas de las sesiones de la Junta Monetaria (JM) durante distintos períodos e identificar el énfasis de la dirección de la política monetaria, cambiaria y crediticia, así como de la supervisión bancaria y financiera. Durante los gobiernos militares, de facto, la autonomía del Banguat y de la SIB fue precaria, llegándose a sustituir al presidente del Banguat, en promedio, cada 11 meses.


La Constitución de 1985 y la reforma de 1994 sentaron las bases de un mayor respeto a la autonomía de la banca central, a partir de la prohibición de que el Banguat otorgue crédito al Gobierno (salvo en casos de catástrofes o desastres públicos), como una reacción a los desmanes monetarios y cambiarios de la década de 1980 que ocasionaron la devaluación del quetzal, que había estado a la par del dólar estadounidense desde 1926. Esta ancla ha favorecido la estabilidad macroeconómica y el relativo mantenimiento del poder adquisitivo de nuestra moneda. Un tema debatible y controversial, lo reconozco, según la perspectiva con que se vea, pero no tanto para los que vivimos una inflación que superaba más del 60% anual; la pérdida de todas las reservas monetarias internacionales que obligó hasta pignorar las reservas de oro; y el encarecimiento del dólar entre el 300% y 500% en el mercado negro de divisas.


Así que cada vez que el presidente de la República de turno designa a un nuevo presidente del Banguat y JM, surgen inquietudes sobre la dirección de la política monetaria, cambiaria y crediticia, y de la supervisión financiera, por lo que siempre debería nombrarse a un profesional idóneo, capaz, experimentado e independiente. También cabe recordar que las decisiones más importantes en la JM deben tomarse por mayoría, cuerpo colegiado integrado por el presidente, tres ministros de Estado, el Cacif, los banqueros privados, la Usac y el Congreso. Y que todos los documentos que se elevan a su consideración, tanto por el Banguat como por la SIB, son elaborados por departamentos técnicos dirigidos por personal de carrera, con las más altas calidades profesionales sobre la materia; obviamente, siempre que se esté respetando la carrera y meritocracia interna. Aunque no es una garantía absoluta, al menos asegura la calidad de las propuestas.

ESCRITO POR:

José Alejandro Arévalo

Profesional, especialista en banca y finanzas. Profesor universitario. Consultor independiente.