Estados Unidos
A contraluz
La justicia bajo el asedio de las mafias
Las estructuras de impunidad utilizan el recurso del miedo para evitar la reforma de sector justicia.
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La decisión de Édgar Ortiz, presidente de la asociación Poder Ciudadano, de retirar la propuesta de reforma constitucional del sector justicia, debido a las amenazas y seguimientos que han afrontado él y su esposa, Marjorie von Ahn, constituye una señal de alarma. Sobre todo, porque las intimidaciones se han extendido a más miembros de esa organización civil.
La reforma del sector justicia debe ser retomada por las organizaciones de la sociedad civil.
No se trata solo de un problema de seguridad. Lo que está en juego es la posibilidad de discutir y modificar las reglas para elegir a quienes administran la justicia. Es la evidencia de que hay fuerzas oscuras empeñadas en que el Organismo Judicial continúe bajo control de las mafias, y para lograrlo están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias.
Estos actos de barbarie no se pueden ver en forma aislada. Hace tres semanas fue asesinado Juan Francisco Solórzano Foppa, un abogado crítico de las estructuras de poder, por lo que se entiende la prudencia adoptada por Poder Ciudadano para preservar la vida de sus directivos. Esta violencia exhibe la fragilidad de las instituciones del Estado. Guatemala se enfrenta a la resistencia de intereses mezquinos que podrían tener mucho que perder si la justicia deja de estar a su servicio.
La pregunta inevitable es quiénes se benefician de que la reforma de la justicia no avance. El sistema judicial arrastra desde hace años cuestionamientos por la influencia de redes políticas, intereses económicos y estructuras criminales en sus instituciones. Modificar los mecanismos de selección de jueces y magistrados significa tocar uno de los espacios más sensibles de la disputa: el control de los tribunales que deciden sobre la libertad de las personas, la legalidad de las actuaciones del Estado y la suerte de los procesos contra quienes ejercen el poder.
No es difícil comprender por qué esta reforma encuentra resistencias. Un sistema de nombramientos que permite influir sobre quién administra la justicia representa una ventaja para quienes requieren protección judicial, impunidad o capacidad de perseguir a sus adversarios. Si las reglas cambiaran y los nombramientos se realizaran con criterios de independencia, capacidad e integridad, los privilegios de las mafias desaparecerían.
Estos hechos requieren que el presidente Bernardo Arévalo vaya más allá de expresar su preocupación. El mandatario llegó a la Presidencia con el compromiso de combatir la corrupción y enfrentar las redes que se han beneficiado del Estado. Esas promesas pierden credibilidad cuando la ciudadanía percibe falta de carácter y firmeza en el Ejecutivo, lo cual abona a que las mafias se sientan a sus anchas para actuar con impunidad. Si el gobierno está siendo rebasado por esta grave situación, debe reconocer las fallas y corregirlas con medidas concretas, no refugiarse en explicaciones que la población ya no considera suficientes.
Por ello, se entiende la urgente necesidad de preservar la vida de los directivos de Poder Ciudadano, pero eso no significa que su trabajo se abandone. Debería obligar a las instituciones del Estado a garantizar la seguridad de quienes promueven la reforma judicial, investigar las amenazas y crear condiciones para que la discusión continúe.
Asimismo, a que el Congreso, las organizaciones sociales, las universidades, los colegios profesionales y los sectores comprometidos con la independencia del Organismo Judicial retomen el trabajo de Poder Ciudadano. Deben evitar que el miedo sea un mecanismo de veto sobre los cambios constitucionales. El mayor riesgo para Guatemala es acostumbrarse a que las amenazas determinen hasta dónde puede llegar la reforma del sector justicia.
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