Estados Unidos
Criterio urbano
Ciberseguridad que deja vacíos jurídicos
Una ley que no da certeza es mejor vetarla.
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Llevamos 17 años esperando y fueron importantes los consensos y la aprobación en el pleno de la Ley de Ciberseguridad. Pero una ley mal diseñada no resuelve el problema, sino lo entierra bajo una apariencia de solución. Y lastimosamente el decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, aprobado de urgencia nacional, en un solo debate y con enmiendas que se corregían a mano la misma noche, tiene fallas de fondo que ningún reglamento podrá arreglar.
La primera falla es totalmente jurídica. La ley crea un régimen de sanciones, pero no dice qué conductas se castigan, ni cuánto cuestan las multas; todo lo delega al reglamento. Eso va totalmente en contra del principio básico del Estado de derecho, que no hay sanción sin ley previa. Además, el alcance es tan amplio que cubre a casi cualquier empresa que maneje información. Las multas irán a los fondos de la misma Dirección que las impone, con un procedimiento de dos días de audiencia y cinco de prueba. Hay un incentivo perverso.
La segunda razón es de carácter técnico. La ley concentra en el Ejecutivo un poder que no tendría contrapesos. El Consejo lo preside el Presidente, que además decide sobre sus decisiones y nombra a los demás. La Dirección es un cuerpo de seguridad dentro de Gobernación, con facultades de monitoreo continuo de redes y servicios digitales. Su director no tiene período fijo, ni causales de remoción, así que dependerá por completo de quien gobierne y, claro, eso se puede volver un arma política en contra de cualquier persona o institución. Hoy los diputados le han dejado a esa institución más poder del que tenía la propia Cicig.
A esto se suma un papel inusual para el Ministerio de la Defensa. Elaborará el catálogo de infraestructuras críticas, diseñará un protocolo de acciones ofensivas y asumirá el mando en los incidentes que considere de soberanía nacional.
Lo mejor sería un buen análisis serio y vetar el decreto.
También preocupa el uso penal de la ley. Los delitos informáticos se incorporan a la Ley contra la Delincuencia Organizada, lo que habilita métodos especiales de investigación como la interceptación de comunicaciones. Figuras como la apropiación de identidad o el acceso “excediendo la autorización” tienen bordes difusos: pueden alcanzar una cuenta de parodia, una filtración periodística o un conflicto laboral. En un contexto de criminalización selectiva, esas ambigüedades no son detalles técnicos; son herramientas. Todo esto, además, sin una ley de protección de datos personales que le dé garantías al ciudadano.
El calendario agrava el problema. El reglamento debe estar listo en seis meses, en plena antesala de las elecciones generales de 2027. Facultades amplias para interrumpir transmisiones de datos, ordenar registros y sancionar empresas, administradas por un ente sin independencia, no deberían estrenarse en un período electoral.
Por último, está el riesgo reputacional. En la región ya hemos visto leyes de ciberdelitos usadas para restringir la expresión, y la comunidad internacional mira estos textos con lupa. Guatemala no necesita darle argumentos a nadie para ponerla en esa lista, precisamente cuando busca atraer inversión y acercarse al Convenio de Budapest. Para colmo, a la ley le faltan piezas procesales que ese convenio exige.
Nada de esto significa renunciar a la ley. Significa que el presidente puede decidir que el Congreso haga lo que no hizo: un debate técnico, con tiempo y con quienes conocen la materia. El costo de convivir con una ley que puede usarse contra quien incomode es mucho mayor. Lo mejor sería que, después de un análisis serio, el presidente vete ese decreto.
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