Estados Unidos
Punto de encuentro
Blindar la justicia capturada
La coalición autoritaria no está dispuesta a ceder terreno.
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Los investigadores colombianos Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo desarrollaron el concepto “reconfiguración cooptada del Estado” para describir un fenómeno de penetración profunda del aparato estatal, más complejo que la “captura del Estado”.
Torpedean cualquier intento que lleve a modificar el estado actual de las cortes y el sistema judicial en el país.
En la reconfiguración, los actores legales e ilegales —funcionarios, integrantes de partidos políticos, grupos económicos, estructuras de narcotráfico y redes ilícitas— se articulan para operar desde el interior del Estado con el fin de subvertir y modificar las instituciones públicas, los órganos de control y el sistema de justicia para que funcionen de manera permanente a favor de sus intereses.
El control de las fiscalías y las cortes es clave porque les permite blindarse, asegurarse impunidad, desviar recursos públicos a largo plazo sin temor a ser perseguidos y revestirse de una fachada de legalidad. Además de convertir las unidades fiscales, salas de apelaciones y juzgados en instrumentos de persecución judicial en contra de personas o grupos a quienes consideran “enemigos” y entorpecer con fallos y resoluciones cualquier iniciativa que “amenace” su poder y su esfera de influencia.
Y, cuando la reconfiguración alcanza a las altas cortes, el panorama resulta doblemente peligroso. Las decisiones que toman las y los magistrados pueden interferir indebidamente en la promulgación de leyes, implementación de políticas públicas y otros asuntos que son competencia exclusiva del Ejecutivo o del Congreso o, peor aún, bloquear derechos y libertades ciudadanas, aunque estos estén contemplados en la Constitución. Y precisamente aquí radica el enorme poder que han acumulado en Guatemala la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia.
El ejemplo más reciente, pero no el único, es la resolución del tribunal constitucional (otra vez tres a dos) de bloquear el intento de reforma a la Constitución que promovía la organización Poder Ciudadano. Basados en el texto constitucional, se dieron a la tarea de recoger firmas para presentarlas ante el Congreso y que avanzara el procedimiento hasta llegar al referéndum.
La propuesta (que ahora se convirtió en iniciativa de ley) busca eliminar las comisiones de postulación, apuntalar la carrera judicial, sacar del Congreso la elección de magistrados de Apelaciones, prohibir la reelección y renovar las magistraturas de las cortes de manera escalonada. En dos platos, cambiar las actuales reglas del juego que no garantizan la independencia judicial. Y ahí está el meollo del asunto: cualquier intento por modificar el estado actual de la justicia en el país (notoriamente capturada) es torpedeado hasta hundirlo, porque ahí radica el enorme poder que ejerce la alianza procorrupción y proimpunidad que, dicho sea de paso, hasta hace unos meses tenía también el control del Ministerio Público.
Se puede estar a favor o en contra de lo planteado, pero no se puede obviar la gravedad que supone vetar de un carpetazo judicial el legítimo derecho de 16 mil ciudadanos y ciudadanas de respaldar una propuesta de modificación constitucional. Y, además, ordenar una serie de procedimientos —que cambian los requisitos que la Constitución contempla— que harían inviable cualquier posibilidad de reforma por la vía de la propuesta ciudadana.
Ahí tienen ustedes un ejemplo clarísimo de lo que Salcedo y Garay identifican como “reconfiguración cooptada del Estado”. Para más inri, el “veto” de la CC se da en el medio de amenazas y seguimientos en contra de Édgar Ortiz, Marjorie von Ahn y otros integrantes de Poder Ciudadano, lo que muestra la confluencia intereses y actores para blindar la justicia recontracapturada del país.
La coalición autoritaria no está dispuesta a ceder terreno en el ámbito judicial porque de ahí emana gran parte de su poder.
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