Estados Unidos
Estado, empresa y sociedad
Viéndonos en el espejo de Paraguay
Es necesario que los bancos que se hagan cargo de las operaciones del banco suspendido tengan la capacidad patrimonial.
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En Paraguay la suspensión de operaciones de un banco sistémico nos confirma que para ser banquero no solo se tienen que poseer capacidad, conocimientos, experiencia en administración de riesgos, honradez y responsabilidad, sino especialmente honorabilidad y sujetarse estrictamente a la Ley, asumiendo las mejores y más sanas prácticas bancarias para proteger el dinero de los depositantes e inversionistas. Y que tomar dinero del público para destinarlo a los propios accionistas del banco, maquillando o solapando cifras, estar políticamente comprometidos, o acompañados de una supervisión laxa o complaciente, es absolutamente inaceptable.
En general, nuestro sistema bancario se mantiene sólido, líquido y solvente.
Aprovecho para reiterar lo expresado el 10 de marzo de 2020 en elPeriódico, recordando que la Ley de Bancos y Grupos Financieros (LBGF) establece un mecanismo de regularización, suspensión de operaciones y exclusión de activos y pasivos, que cuando ha sido necesario ponerlo en ejecución en Guatemala ha funcionado razonablemente bien y se han podido seguir atendiendo las cuentas y el dinero de los depositantes, trasladándolos a otros bancos diferentes al que entra en proceso de liquidación, debido al cierre definitivo del banco suspendido.
Durante el período de regularización por deficiencia patrimonial y antes de declarar la suspensión de operaciones, la Superintendencia de Bancos (SIB) puede designar un representante con derecho a veto ante el Consejo de Administración y con poder de remoción de directores y ejecutivos del banco. Pero una vez se suspenden las operaciones, la resolución bancaria queda a cargo de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, entrando a funcionar el Fondo para la Protección del Ahorro (FOPA), mientras los pasivos y activos del banco suspendido se trasladan a uno o más bancos, quienes siguen atendiendo sin mayor contratiempo a los usuarios. Es un buen mecanismo, ya probado.
Para que esto funcione, es necesario que los bancos que se hagan cargo de las operaciones del banco suspendido tengan la capacidad patrimonial, financiera, operativa, informática, personal, instalaciones, agencias, planta y equipo suficientes para absorber sin contratiempo el servicio y atención de los clientes del banco suspendido.
Pero esto no es factible cuando se trata de un banco, denominado sistémico, viable, que por ser demasiado grande no es posible que otros bancos, uno o varios, posean la capacidad para absorber sus operaciones, por lo que no procedería suspender sus operaciones sino, por el contrario, asegurar que continúe operando y pueda seguir atendiendo a sus clientes.
Para preverlo, en septiembre de 2016, la SIB y la Junta Monetaria (JM) promovieron la iniciativa de ley 5157 para modernizar la LBGF, que en julio de 2017 fue dictaminada con el voto favorable de todos los diputados de la Comisión de Economía del Congreso, luego pasó el primero y segundo debate, pero finalmente fue engavetada y nunca llegó a aprobarse. Los demás países tienen un mecanismo de este tipo, excepto Guatemala; obviamente, la negligencia recae en el Legislativo, pero es una lástima que los temas importantes sigan siendo relegados. El Fondo Monetario Internacional reiteradamente ha señalado esta debilidad e instado a que sea subsanada.
En general, nuestro sistema bancario se mantiene sólido, líquido y solvente, bajo una supervisión exigente y oportuna de las autoridades (SIB y JM), pero, como sabemos, los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley permite, y la brecha en cuestión continúa estando latente en nuestro marco legal. Ojalá se retomara este importante asunto. Es insoslayable.
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