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Clamor por desarticular pandillas

Mientras El Salvador tensa el músculo, el país confía en el derroche.

El 18 de octubre pasado, en Croix des Bouquets, Haití, fueron secuestrados cuatro técnicos aeronáuticos. El 21 de octubre, el presidente Nayib Bukele pidió su liberación aduciendo el carácter de técnicos aeronáuticos, así como anunció el envío de dos mil soldados. El secuestro fue atribuido a la pandilla 400 Mawozo, dirigida por Wilson Joseph con alias de Lanmó San Jou. El cabecilla vivía en un palacio de varios pisos, así como había una sede de los pandilleros. El 8 de noviembre, a las 2.30 de la madrugada, el ejército salvadoreño rindió como parte: destruimos la casa de la muerte sin días y el cuartel de 400 Mawozo. El nombre resulta de traducir el apodo del jefe pandillero. Al día siguiente, 9 de noviembre, Amnistía Internacional publica un reclamo por el despliegue salvadoreño y pide el comando de Naciones Unidas con su Fuerza de supresión de pandillas (GSF), de 1,200 elementos encargados de fortalecer a la policía local, pero no realizan ninguna acción sobre el terreno, salvo consejos para obtener inteligencia.

Solo una política de fuerza con respeto al derecho a la vida puede derrotar a las pandillas.

Los salvadoreños estaban en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), de la OEA, transformada en la GSF. Pero el nuevo contingente opera con su propio mando operacional por un acuerdo entre Bukele y el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé, el 28 de octubre. En patrullajes realizados en Puerto Príncipe, así como en la ocupación del estadio nacional donde operan los llamados 400 Mawozo, se han encontrado restos humanos; la mayoría, calcinados, así como el vehículo de los técnicos aeronáuticos totalmente destruido.

La presencia salvadoreña en Haití, aunque sea temporal, demuestra la necesidad de actuar de manera contundente y rápida contra las organizaciones criminales. No es posible acordar inmunidades y mucho menos negociación como el pasado ministro de Gobernación del país, para abatir el delito. Las políticas buenistas solo generan clientelismo, pues no permiten actividades productivas so pretexto de no provocar a los pandilleros. Así se impide el trabajo de personas honradas por temor a las gavillas. En esa parálisis, prosperan la narcoactividad y otros delitos.

Nuestro país ha estado integrado a misiones internacionales en Haití. Ahora se debería apoyar a El Salvador. A nivel regional se debe detener el avance de la criminalidad; no es solo un fenómeno local. Hasta Costa Rica tiene problemas con los narcos, tal como se prueba con el asesinato de un periodista especializado en el tema, este 16 de noviembre.

El gobierno decretó estado de sitio en Zacapa e Izabal. Sin embargo, actúa como si no existiera la emergencia. Esa suspensión de las garantías sirve para medidas expeditas, de carácter excepcional; obvio, con respeto a la vida. Si se califica como narcodesfiles hípicos a la exhibición de fortunas y armas, realizada por los capos en las ferias, precisamente la suspensión de las garantías podría servir para, provisionalmente, encarcelarlos y dificultar sus negocios. En contra, se les deja con las armas de grueso calibre que exhiben, así como se les mantiene en libertad para continuar con sus tratativas. Se molesta solo a los negocios, ferias y festividades religiosas; se generaliza detener automóviles y registrar personas. ¿Para qué suspender garantías?

Mientras Bukele presenta 18 mil soldados jurando fidelidad nacional, el 15 de septiembre de 2024, en el Parque Cuscatlán, el Presidente Arévalo, este año, gradúa 3 mil policías en el Estadio de Cementos Progreso; solo les solicita buena conducta. Uno confía en la fuerza del Estado honorable; el otro, en adhesión por la deuda pública.

ESCRITO POR:

Antonio Mosquera Aguilar

Doctor en Dinámica Humana por la Universidad Mariano Gálvez. Asesor jurídico de los refugiados guatemaltecos en México durante el enfrentamiento armado. Profesor de Universidad Regional y Universidad Galileo.