A principios de este mes, la Sala Tercera de Apelaciones anuló la condena contra cinco exdirectivos del IGSS encontrados culpables de un fraude millonario. No importó que por ese hecho delictivo murieran más de 50 pacientes debido a que los procesados permitieron la contratación de la Droguería Pisa para dar servicio de diálisis sin contar con la capacidad para ello. Entre los absueltos están Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, expresidente del IGSS, y Otto Fernando Molina, hijo de Blanca Stalling, magistrada separada del cargo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este caso ilustra cómo se deja en impunidad un hecho criminal y se ajusta a intereses políticos. La presidenta de la referida sala es Beyla Estrada, esposa del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, y que también denegó el levantamiento de la inmunidad del alcalde Álvaro Arzú, en marzo de 2018, con lo que evitó que este fuera investigado por el caso Caja de Pandora.

¿Se recuerdan, estimados lectores, del caso en el que estaba involucrado el diputado Felipe Alejos, como parte de una estructura delictiva dentro de la SAT para agilizar en forma ilegal la devolución de crédito fiscal? En dos ocasiones el pleno de magistrados de la CSJ rechazó la solitud de antejuicio contra Alejos por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, pese a la existencia de testigos.

No era cuestión de justicia, sino de quedar bien con alguien afín a sus intereses políticos. Estos casos, entre muchos otros, ilustran cómo la justicia se ha manipulado para dejar en la impunidad hechos criminales. Es bien conocida la existencia de redes de tráfico de influencias y de estructuras paralelas que manejan el Organismo Judicial a su sabor y antojo. Por ejemplo, De la Cruz Rodríguez fue durante mucho tiempo un operador cuyo objetivo era utilizar las comisiones de postulación para colocar a abogados afines a mafias en magistraturas.

Ahora estamos precisamente en época de votaciones en el Colegio de Abogados y Notarios para elegir a sus 24 representantes en las postuladoras de magistrados, 12 para la CSJ y 12 para las cortes de Apelaciones. Lejos del interés de mejorar el sistema de justicia, varias planillas solo están interesadas en los negocios y mantener el manto de la impunidad, a través del tráfico de influencias y el clientelismo.

Se sabe, por ejemplo, que una de las planillas tiene como uno de sus objetivos la permanencia de la magistrada Beila Estrada en la Sala Tercera de Apelaciones. En estas elecciones gremiales se cruzan intereses del sector empresarial, del gobierno de Jimmy Morales, de redes de corrupción e incluso de estructuras criminales. Esos grupos tienen sus propios operadores que van desde Gustavo Herrera, Héctor Pérez Aguilera hasta Roberto López Villatoro, quien se encuentra en prisión preventiva precisamente por señalamientos de manipular las postuladoras.

Hoy los abogados y notarios tienen la posibilidad de comenzar a erradicar la corrupción que envuelve el proceso de renovación de autoridades judiciales. La opción que representan las agrupaciones Juristas por Guatemala, Alternativa Independiente y la Asociación Rubén Contreras podría permitir el impulso de ese cambio en la conducción de la justicia. Desde las reformas constitucionales de 1993, el gremio de abogados tuvo la facultad de incidir en la designación de las autoridades judiciales, lo cual se convirtió en un poder que a lo largo de los años no jugó por la transparencia y la independencia de la justicia, sino que se trastocó por el tráfico de influencias y la impunidad. Ahora es momento de que este gremio retome el rumbo de la independencia judicial. Es importante salir de la actual descomposición del sistema de justicia y lograr que este sea administrado por magistrados que no respondan a intereses espurios.