A esa ciudad sudamericana se trasladó el avión de Tomza —compañía que busca la autorización del Gobierno para instalar una terminal de gas licuado— para traer al gobernante de vuelta a Guatemala.

Ronaldo Robles, secretario de Comunicación de la Presidencia, declaró que la referida empresa le presta el avión a Colom cuando lo necesita, por amistad.

“Amablemente han cedido esta aeronave para que se faciliten los manejos del presidente, y esto de ninguna manera tiene que ver con cualquier proceso que ellos tengan en el país en búsqueda de la instalación de cualquier elemento para sus empresas”, expuso el funcionario, en referencia a que no se busca beneficiar a Tomza con la autorización para que instale la referida planta.

Robles aseveró: “No es ninguna novedad que un avión privado se encuentre en las instalaciones presidenciales, no solo en esta administración. Ustedes saben cómo en anteriores administraciones, por ejemplo en la del presidente —Óscar— Berger, sucedía este tipo de cosas”.

Colom ha utilizado al menos en 10 ocasiones la aeronave de Tomza, lo cual, aunado a la destitución de Jorge Luis Galindo y el nombramiento de Federico Álvarez al frente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), generó suspicacias sobre el intento de beneficiar a Tomza y autorizar la instalación de una planta en la reserva natural Punta de Manabique, Izabal.

Cómo va el proceso

Francisco Castañeda, director del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos y delegado en el Conap, señaló que los departamentos Jurídico y Técnico de esa institución ya emitieron dictámenes desfavorables a la construcción de la terminal de gas en Punta de Manabique.

Aseguró que esas opiniones deben ser conocidas por el Conap, para emitir una resolución, pero aún no ha sido convocado.

De acuerdo con las leyes ambientales, el Ministerio de Ambiente debe contar con la resolución del Conap para aprobar o rechazar el nuevo estudio de impacto ambiental que presentó la empresa del Grupo Tomza.

Rafael Maldonado, coordinador del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, señaló que con el caso Tomza se demuestra cómo para el mandatario son más importantes los intereses de una transnacional que los de la población, en detrimento de los recursos naturales, de la biodiversidad y de la vida humana.