El gobierno bicéfalo de Nicaragua se sigue precipitando hacia su inexorable colapso a pesar de creerse intocable y todopoderoso.

Es llamativo el alto número de posibles “faltas gravísimas” incluidas en la Ley 32-2016, lo cual evidencia los riesgos de error o dolo en el desempeño de judicaturas.

Para tratar de justificar que no se revisen los expedientes de magistrados  se argumentó que   “por ser de carrera judicial, tienen derecho”.

La presidenta Castro acudió a la estrategia de señalar “injerencia”.

La Ley establece que los emisores de tarjetas implementen campañas de educación financiera y uso racional del crédito.

Guatemala no puede seguir así: necesitamos certeza jurídica, eficiencia en el desarrollo de infraestructura y en el uso de los recursos públicos.

El proceso de elección de cortes avanza a pesar de los tropiezos inducidos. Está bajo fuerte auditoría pública.

Es necesario desde hace décadas un marco regulatorio para el vital líquido en el país.

El ninguneo del mandatario mexicano hacia los embajadores, so pretexto de injerencia extranjera, viene precedido por seis años de intolerancia.

El asedio al Roosevelt debe cortarse de tajo con precedentes procesales certeros y toda laxitud judicial debe ser denunciada.