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La alimentación escolar sigue sin alcanzar las metas que se ha propuesto el Estado

El gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta un reto con la refacción escolar, pues debe cumplir con alimentar a tres millones de estudiantes inscritos para el presente ciclo, repartidos en más de 35 mil establecimientos públicos del país.

Sofía Menchú, Especial para Prensa Libre

12 de junio de 2024

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Entrega de alimentaci—n escolar a padres de familia por parte de maestros de la Escuela Lucas Tomas Cojulun , zona 1. Fotograf’a Esbin Garcia 22-05-24

La Ley de Alimentación Escolar ordena que se cumpla con el programa de dos maneras: a través de la entrega de bolsas de alimentos a los padres de familia o por medio de la refacción servida a la hora del recreo. Sin embargo, cada una de las modalidades tiene ventajas y desventajas. La bolsa es más práctica de repartir. Se entrega cada 25 días hasta cumplir los 180 días efectivos; es decir, siete veces durante el año.

Es una por estudiante, así que los hogares con más de un niño escolar pueden recibir varias. Pero el Ministerio de Educación reconoce que con los productos que se entregan no cubren todos los nutrientes recomendados porque falta la proteína y no hay garantía de que únicamente el estudiante aproveche la comida, pues se reparte entre la familia.

La refacción servida a la hora del recreo tiene más valor nutricional, según las autoridades educativas, pero para prepararla no es sencilla la logística, pues se necesita una cocina, mobiliario, equipo y personal que cocine. La Ley establece que el Estado debe proveer todos los insumos o se debe contar con la colaboración de las municipalidades para acondicionar espacios donde se elaboren los alimentos, y aunque esta es la opción a la que más le quiere apostar la administración de la ministra Anabella Giracca, es la más complicada, porque de los 35 mil 881 planteles educativos públicos, entre el 80 y 85% no pueden acondicionarse por ahora para construir una cocina.

Vieja historia

La distribución de alimentos en las escuelas se remonta a 1956, cuando el entonces presidente Carlos Castillo Armas ordenó instituir el plan Lunch, con el que se crearon y repartieron raciones para distribuir entre los estudiantes de primaria. Los menús se elaboraron con el apoyo del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap). La idea surgió después de que varios niños se desmayaron durante el desfile del 15 de septiembre, lo cual se tomó como un indicio de la mala alimentación que los menores recibían.

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Etiquetado, publicidad y sanciones que contempla la ley de alimentación saludable

A partir de entonces la refacción escolar ha cambiado en varias ocasiones. En 1971 se aprobó el decreto legislativo 13-71, denominado Ley de Refacción Escolar Rural, con el cual se le ordenaba al Estado suministrar refacción o complemento alimenticio a todos los estudiantes de las escuelas de todo el país. La ración consistía en un vaso de leche, Incaparina u otra bebida de valor nutritivo similar.

La galleta fortificada y el vaso de atol se distribuyeron desde 1986 al 2003. Al año siguiente, 2004, el Ministerio de Educación (Mineduc) inició el Programa Vaso de Leche Escolar, que duró tres años. En el 2009, dicha cartera, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), diseñó menús que pretendían cubrir el 15% del requerimiento dietético de proteína diario y 25% de energía. También se capacitó a los padres sobre plantación de huertos escolares pedagógicos e instalación de tiendas en las escuelas, pero con enfoque nutritivo.

Del 2012 al 2017, la Estrategia de Seguridad Alimentaria Nutricional y Gestión Escolar se mantuvo focalizada en los municipios de “alta y muy alta” vulnerabilidad nutricional. En el 2017, el Congreso aprobó la Ley de Alimentación Escolar, que entró en vigor en el 2018, y es la que rige actualmente. En esta se estableció inicialmente una asignación presupuestaria de Q3 por estudiante inscrito, y a partir del 2019, Q4 por beneficiario.

La normativa mandaba preparar y servir la refacción en las escuelas; sin embargo, durante la pandemia del covid-19, por la suspensión de clases presenciales, se optó por entregar bolsas de alimentos a los padres de familia, medida que permaneció hasta el año pasado. En el 2021, el Congreso reformó la ley e incrementó el costo de la refacción por estudiante, así que se establecieron Q4 para educación inicial, Q6 para preprimaria y primaria y Q4 para básicos y diversificado. Otro de los cambios fue que se amplió la cobertura para el nivel medio, que no estaba contemplado cuando se aprobó la medida.

“Yo veo esto como un tema paternalista-asistencialista, y Guatemala necesita otro tipo de programas. Si nosotros tuviéramos desarrollo y le diéramos un espacio para desarrollarse económicamente a las comunidades, la gente y los niños comerían en su casa”, comentó Édgar Choguaj Chajil, educador comunitario y experto en educación. Otro de los cambios que se hicieron a la normativa es que el Ministerio tenga dos opciones para alimentar a los estudiantes: refacción servida y entrega de bolsas con alimentos.

Esta elección queda sujeta a las organizaciones de padres de familia (OPF), en conjunto con el Mineduc, según las necesidades o condiciones de cada establecimiento educativo. Emilio Castillo, tesorero de la OPF de la Escuela Oficial Urbana Mixta El Pedregal 1, jornada matutina, en la zona 6 de Retalhuleu, comentó que este mes iniciaron a servir las refacciones. Ellos cuentan con cocina, mobiliario, equipo y una cocinera a quien paga el Mineduc para preparar los alimentos.

El menú se rige por las recomendaciones ministeriales y fue adaptado a la dieta de la comunidad. Las raciones incluyen pan con pollo, frijoles colorados y pastas, entre otros alimentos. Según Castillo, su escuela es una excepción. “Yo no entiendo cómo el Gobierno implanta un proyecto si no ha hecho un estudio completo de todas las escuelas para ver si tienen tanto la infraestructura como el material humano. Hay escuelas en donde las mamás se turnan para ir a hacer la comida, otras están abandonadas totalmente y en algunos casos, si falta un padre de familia, le toca al maestro sustituirlo, y deja de dar clases por estar cocinando”, comentó.

“Si me pusieran a escoger, yo escogería la bolsa, por practicidad y porque le ayuda un poco más al núcleo familiar, aunque sé que esa no es la finalidad”, agregó Castillo. Johana de Vásquez es madre de una estudiante de la Escuela Oficial Urbana de Niñas número 61 República de Italia, en Santa Faz, Chinautla. Ella también prefiere la bolsa, pues señala que a su hija le sirven tarde la comida, cuando ya el recreo está por finalizar y no le da tiempo para comer. Agregó que, en ocasiones, los alimentos no están bien cocinados.

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“Otra cosa es que cuando los niños salen temprano de estudiar, ese día no reciben refacción, ni siquiera para que se la traigan, y entonces, ¿qué pasa con esos días en que no les dan la comida? Tiene ventajas que les sirvan ahí porque les dan carne, pollito. A veces sí funciona, y a veces no. Antes les daban atol, y ahora solo fresco, frutas y arroz. Aunque yo preferiría recibir la bolsa”, recalcó.

Sin embargo, la intención del nuevo gobierno es priorizar e implementar la refacción servida en las escuelas, más que la entrega de bolsas con alimentos. Según Luis Alonzo, director de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa (Digefose) del Mineduc, cuando la comida se prepara en el centro educativo, los menús incluyen más proteína, como pollo y carne, lo que garantiza que cumplan con los requerimientos nutricionales que necesita el estudiante.

En cambio, al entregar la bolsa, no hay garantía de que la comida sea aprovechada únicamente por el menor. “Esos son los dos factores que nos hacen impulsar que la alimentación debe ser servida (…) Por supuesto que no estamos hablando de un plan a corto plazo, tomando en cuenta que alrededor del 85% de los centros educativos no cuentan con certeza jurídica, lo cual le impide al Ministerio hacer una intervención directa en construcción”, indicó Alonzo.

Aunque la Dirección de Planificación del Mineduc ya está evaluando solucionar el problema para lograr que todos los alimentos sean servidos. El titular de Digefose informó que en el 70% de los 35 mil 881 establecimientos públicos se entregan bolsas y en el 30%, la refacción preparada y servida por los padres de familia. “Yo conozco escuelas que no tienen las condiciones sanitarias como para preparar los alimentos (…) Si apenas tenemos aulas mal hechas, sin escritorios, y estamos pensando en darle de comer a los niños. El tema de alimentación servida es una bomba de tiempo”, manifestó Choguaj.

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En relación con las bolsas con alimentos, el experto comentó que en sus recorridos por varias comunidades indígenas del país ha observado que los padres afrontan problemas para conseguir los productos que propone el Programa y que los proveedores venden la comida más cara que en el mercado, pues deben adquirirlos con alguien que les extienda factura, y eso complica la compra.
Alonzo, por su parte, refirió que la adquisición de alimentos, sea para cocinar o embalar, está en manos de las OPF y que uno de los objetivos de la Ley de Alimentación Escolar es promover la economía entre los agricultores y pequeños empresarios de cada región, pero que es requisito respaldar el gasto contra factura. “La OPF tiene una personería jurídica, es independiente, y en todos los documentos que encontramos en las organizaciones se evidencia que se les hace énfasis en que no hay nadie que pueda influir en ellos.

Los padres son los primeros en denunciar cuando no les entregan los alimentos (…) La misma comunidad educativa es la que audita y garantiza que esos fondos se van a ejecutar de una manera eficiente”, aseguró. En todas las escuelas existe, comentó, un mural de transparencia, donde se anotan los alimentos adquiridos, los precios, la cantidad que se compró y lo que se va a repartir.
Los menús para la refacción servida fueron diseñados por nutricionistas de la Sesán, el Ministerio de Salud, Agricultura y el Mineduc. El presupuesto asignado para el Programa de Alimentación Escolar es de Q3 mil 172 millones. A la fecha se han efectuado tres entregas —de bolsas—, que equivalen a Q1 mil 330 millones repartidos a tres millones 47 mil 803 estudiantes.
Giracca tiene bajo su responsabilidad cumplir con la normativa que se emitió durante el gobierno de Jimmy Morales y que se modificó en el período de Alejandro Giammattei, quienes no contemplaron las consecuencias de implementar un programa de tal magnitud sin antes mejorar la infraestructura de los establecimientos públicos del país.

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Nuevos embajadores de Guatemala construyen la política exterior del gobierno actual

El Ejecutivo gestiona una nueva visión sobre política exterior que abone a cumplir las expectativas creadas en la población.

Sofía Menchú / Especial para Prensa Libre

15 de mayo de 2024

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El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo de León (c-i) acompañado del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken (d), participan durante la tercera Reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección este martes en Ciudad de Guatemala El nuevo gobierno busca definir una mejor política internacional. EFE/ David Toro

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo cumplirá cinco meses en el poder y en este lapso Guatemala ha marcado una agenda diferente en la política exterior a lo que mostraron los dos gobernantes anteriores. Los reclamos por “injerencia extranjera”, la expulsión y declaración de “non grato” contra algunos embajadores acreditados en el país y los intentos por evitar la toma de posesión de Arévalo pusieron en peligro los recursos provenientes de la cooperación internacional.

Sin embargo, el mandatario, un diplomático casi por naturaleza, pues su padre también lo fue, ha sido desde su elección, en agosto pasado, apoyado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países para gobernar Guatemala luego de su victoria en las urnas. En las últimas horas previas a su toma de posesión el 14 de enero, varios embajadores que acudieron al acto de transmisión de mando emitieron un pronunciamiento leído por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para instar al Congreso a cumplir con la juramentación de Arévalo.

“La agenda de la política exterior, creo yo, que es el rostro más presentable de este gobierno. Es donde hay más claridad y rumbo, con acciones más específicas y concretas. Me parece que uno de sus objetivos es volver a Guatemala un país presentable y volvernos a poner en el radar de la comunidad internacional”, expresó Renzo Rosal, analista político. Parte de esa estrategia, añadió, fueron las primeras giras que a inicios de año hizo el presidente por Europa y luego en Estados Unidos. El propio Arévalo manifestó en marzo que Guatemala está pasando por un “momento histórico” en su relación con EE. UU., uno de sus principales socios económicos.

No obstante, el mandatario recibió el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) con un cuerpo diplomático heredado por sus antecesores en al cargo, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, por lo que se está a la expectativa de los profesionales a quienes colocará para dirigir las embajadas o qué pasará en la relación con Venezuela. El escaso tiempo que lleva al frente del Ejecutivo y su experiencia en política internacional le permiten, según académicos, gozar del beneficio de la duda.

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¿Qué ofreció Semilla?

El plan de gobierno 2024-2028 de Movimiento Semilla, el partido que llevó al poder a Arévalo, resume en el apartado “Una ciudadanía sin fronteras. Construyendo una nueva relación con los guatemaltecos en el exterior”, sus objetivos en el tema de política internacional, como duplicar los recursos destinados a los servicios consulares con el fin de ampliarlos y mejorarlos en Q1,850 millones en los próximos cuatro años, establecer un registro voluntario de ADN para facilitar la identificación de personas que han estado sujetas a adopciones, apoyar la creación de un programa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que cubra a los connacionales y sus familias en el exterior, crear el distrito 25 para que los guatemaltecos que viven fuera del país puedan escoger a sus representantes en el Organismo Legislativo, entre otras promesas.

“El plan en materia de contenido, o por lo menos lo que está ahí, no refleja lo que está pasando, y cuando uno lee tiene que ver con agendas bilaterales y la agenda migratoria, que no reflejan contundencia ni el cambio de dirección de la política exterior”, opinó Rosal. La Cancillería, a través de su departamento de Comunicación Social, indicó que entre sus objetivos están posicionar a Guatemala como un país democrático respetuoso del estado de Derecho y de los derechos humanos, facilitar el intercambio comercial, la atracción de inversiones extranjeras y la competitividad.

Guatemala tiene relaciones diplomáticas con 163 países, 42 embajadas residentes en el exterior, 63 concurrencias desde 23 países, 30 países con los que se mantiene relación diplomática a través de la misión en Nueva York ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuatro misiones ante organismos internacionales, según datos oficiales.

Los elegidos

Entre los fichajes del mandatario destaca el canciller, Carlos Ramiro Martínez, antiguo amigo y colega suyo, un diplomático de carrera que fue viceministro en 1994-1995, 2004-2006, 2015-2017 y 2020-2022. Durante la transición de gobierno fue el encargado de recibir la información del Minex para la gestión actual. Francisco Villagrán de León, asesor en temas de política exterior del mandatario, fungió como vicecanciller y embajador ante EE. UU., la ONU, la OEA, así como en Canadá, Alemania y Noruega.

Hugo Beteta, director de la sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) por 15 años, fue designado en abril como embajador en Estados Unidos. Antes de estar en ese organismo internacional fue titular del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. La mayoría del cuerpo diplomático que acompaña al nuevo gobierno distribuido en las diferentes embajadas y representaciones por el momento no ha experimentado cambios.

Se consultó con el Minex qué decisión tomará en relación con Frank Smile y Sandra Estefania, de apellidos Flores Mayorga, asignados en las embajadas de Alemania y Francia, quienes son hijos de la pareja del excandidato presidencial y exdiputado Manuel Conde, como dio a conocer el medio digital Vox Populi, pero no respondió. “Más que una tendencia ideológica en cuanto a su política exterior, lo que se observa es una alineación con la agenda de EE. UU. En otros momentos lo que se veía eran acciones para congraciarse con dicho país, lo cual es diferente. Pero esto es ahora, con un gobierno demócrata.

Aunque EE. UU. tiene políticas de Estado en materia de relaciones exteriores sobre varias temáticas, y estas no cambian más allá del partido de gobierno, hay otras en las que tanto los demócratas como los republicanos tienen intereses diferenciados. Habrá que esperar a las elecciones de noviembre para ver si el contexto cambia”, expuso Virginia Pinto, investigadora de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales.

“Es muy pronto para mencionar aciertos y desaciertos, considero que debe transcurrir más tiempo para comenzar a ver si lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en los primeros meses como parte del proceso de cambio de gobierno en materia de relaciones exteriores tuvo consecuencias positivas o negativas”, añadió.

En estos meses de Arévalo como presidente, dos de los analistas entrevistados destacaron la mediación que protagonizó el mandatario en el Comité Olímpico Internacional para lograr que Guatemala participe con la bandera del país en las olimpiadas que se celebrarán en París, Francia, en los próximos meses. Uno de los retos de este gobierno será mantener la misma relación con EE. UU. si este país cambia de gobernante.

Influencia extranjera

“Guatemala está tratando de recuperar alianzas que se habían terminado con los dos anteriores gobiernos y ahora hay una dinámica diferente. Desde luego, el presidente es un exdiplomático de carrera que entiende las relaciones internacionales y la importancia de la política exterior de un país”, comenta Mónica Pozuelos, catedrática de Relaciones Exteriores de la Universidad Rafael Landívar.

La imagen de Guatemala en el exterior y las relaciones con varios países y organismos extranjeros vivieron sus peores momentos cuando arreciaron los reclamos de “injerencia extranjera” y la expulsión de embajadores.Todo comenzó con el expresidente Morales como parte de la batalla que emprendió para disolver a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ente que denunció, a través de sus investigaciones, importantes estructuras de corrupción y que llevó a la cárcel a gobernantes, políticos y empresarios.

Eso causó que Morales declarara en el 2017 “non grato” al entonces jefe de Cicig, el colombiano Iván Velásquez, a quien después se le impidió el ingreso al país. Al año siguiente, en el 2018, los embajadores de Suecia, Anders Kompass, y Elena Alicia Salcedo, de Venezuela, fueron señalados por la Cancillería guatemalteca, a cargo de la ahora diputada Sandra Jovel, de “interferir con los asuntos internos”, quien pidió a los respectivos países que los retiraran. En esa ocasión el G13, un grupo de nueve países y seis organismos internacionales, respaldó a Kompass y rechazó la decisión de Jovel.

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Remociones y nombramientos

01/03/2024 Érick Estuardo Escobedo Ayala, retirado como embajador en Marruecos. El costo del boleto fue de Q35,200.00, pues viajó con su esposa y dos hijas. 05/03/2024 Jairo Estrada, removido como embajador en Turquía. Viajó con su esposa e hija, y el gasto del boleto fue de Q89,256.00. 12/04/2024 Eduardo Enrique Hernández Recinos volvió a su puesto de embajador en Turquía. El costo de los boletos fue de Q36,387.00, pues viajó con dos hijos. 15/04/2024 Diego Alejandro Ubico Aguilar, retirado como embajador en Japón. El gasto del boleto fue de Q85,360.00, ya que viajó con su esposa y dos hijos. 15/04/2024 Willy Alberto Gómez Tirado, removido como embajador en Emiratos Árabes Unidos. El costo del boleto fue Q36,403.00, ya que viajó con su esposa e hija. 19/04/2024 Ricardo Joaquín Paganini Milán volvió al puesto de vicecónsul en Houston, Texas, Estados Unidos. El costo del boleto fue de Q34,940.00, y viajó con esposa e hijos. Fuente: Guatecompras

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Estos son los factores que retrasan la Justicia.

Luego de la aprobación de la Ley de la Carrera Judicial en el 2016 y su reforma, en el 2017, los procesos de ingreso al Organismo Judicial, traslados, sanciones y evaluación de jueces y magistrados recaen en el  Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), que designa a los responsables de seis órganos: las juntas de Disciplina Judicial, de Apelación, de Supervisión de Tribunales, la Unidad de Evaluación del Desempeño, la Escuela de Estudios Judiciales y la Secretaría Ejecutiva, encargada de poner en práctica las disposiciones del CCJ.

Estos órganos funcionarán como verdaderos filtros del sistema de justicia del país, por lo que una selección negativa de sus responsables puede garantizar impunidad a los procesados mediante represalias para los juzgadores independientes.
Fuentes judiciales consultadas advierten de “un nuevo proceso de cooptación de la justicia”. Jueces en activo, bajo la condición de anonimato, aseguran que “el amiguismo y el tráfico de influencias” persisten en este proceso.

Esquema de cargos que elegirá el Consejo de la Carrera Judicial 

El CCJ debe evaluar 72 expedientes admitidos para 30 cargos en disputa, en un proceso que cierra el 31 de julio y cuya toma de posesión es el 6 de agosto.

Del grupo de aspirantes Prensa Libre ha seleccionado a postulantes con posibles conflictos en su proceso  o nexos que podrían comprometerlos si son  elegidos.

Críticas  al sistema

Independencia judicial

El sistema judicial guatemalteco es un edificio cuyos pisos más altos están sostenidos por el sistema político.
Por diseño constitucional, la elección de los 13 magistrados de la  CSJ y de los 126  magistrados de Apelaciones recae en el Congreso de la República, un ente político, luego de recibir nóminas elaboradas por comisiones de postulación integradas por representantes gremiales.

Esta representación gremial y la participación de actores externos al sistema para ganar influencia ha desatado críticas a la elección.  El estudio de Impunity Watch: Procesos de elección de magistrados en Guatemala y Honduras, en el 2015, señala: “10 de los 11 comisionados que integraron la comisión postuladora a la CSJ fueron seleccionados para las nóminas de candidatos a salas de apelaciones, y luego fueron electos por el Congreso como magistrados de sala”.

“(…)Lo anterior evidencia el tráfico de influencias, ya que 17 de los comisionados de la CSJ (de 34, o sea el 50 por ciento) fueron electos como magistrados de sala”, cita el informe. 

La nómina final fue aprobada en el Congreso mediante una alianza entre el   Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada (Líder) en el 2014, partidos cancelados por el Tribunal Supremo Electoral y plagados de acusaciones de corrupción.

La creación del CCJ y las tareas administrativas,  de evaluación y disciplina de sus órganos buscan garantizar una mayor independencia, pero el proceso de selección de los 30 cargos en disputa se hace sin contar con un reglamento general aprobado y los expedientes de los aspirantes no son públicos, sino hasta terminar el proceso de recepción de objeciones.

Entrevista

“El licenciado Hernández fue mi maestro”

Gilma Esperanza Valladares Orellana,  presidenta en funciones del CCJ, en sustitución del juez Carlos Guillermo Guerra Jordán, quien se encuentra en un viaje oficial por Costa Rica,    es la representante de la Asamblea de Magistrados de la Corte de Apelaciones.

¿Por qué es importante el CCJ para la independencia judicial?
?Es de vital importancia. Es un respaldo para los jueces, para que las decisiones administrativas no estén sujetas a una decisión política o de una sola persona. No es desconocido que en algún momento hubo traslados, nombramientos acomodados a determinadas judicaturas.

A su criterio, ¿era una buena medida la reforma constitucional en el sector justicia para buscar esta independencia?
Tanto como reforma constitucional, no. Había otra cantidad de temas no necesarios. Hay que avanzar como país, pero no podemos imponernos estructuras de otros países. Hay que ir poco a poco avanzando.

En este proceso de selección de cargos bajo el CCJ, ¿hay influencia de operadores como la exmagistrada Blanca Stalling o el abogado Roberto López Villatoro?
No existe influencia de estas personas. No veo que haya actores externos que influyan. El proceso de selección de los integrantes del CCJ es por asamblea nacional.

¿Por qué no hay un reglamento general del CCJ, mientras la selección de cargos sigue en marcha?
No existe un reglamento general, pero sí específicos en forma de bases. Cuando se crea la ley tiene la falencia de no decir quién tiene que elegir a los tres externos. Nosotros —los representantes de magistrados y jueces— fuimos elegidos en noviembre, elegimos a los otros tres por oposición y desde febrero estamos todos integrados (…) Vamos a discutir con todas las partes para la elaboración de un reglamento.

¿Cuál fue su relación con Sergio Hernández? ¿Conoció a Roberto López Villatoro?
Quiero aclararlo. Trabajé por 14 años como mandataria del Bantrab. Lo conocí desde que tuve 18 años. Él me inspiró mucho, fue mi maestro y tutor profesional. Trabajamos en el mismo bufete (…) Nunca estuve reunida con ellos para  ser electa como magistrada. El testigo dice que el licenciado Hernández “pretendía protección”, pero eso fue en el 2014. Me da risa. Yo, igual, podría no haber pasado.

Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial 

Perfiles de candidatos 

El presidente Jimmy Morales tiene treinta meses de gobernar el país y, de esos, veintiuno los ha dedicado a concentrar esfuerzos para debilitar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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La batalla contra este organismo surgió en septiembre del 2016 por la acusación de corrupción en contra de su hijo y su hermano, y se agudizó en agosto del 2017, cuando el Ministerio Público (MP) y la Cicig solicitaron retirarle la inmunidad para investigarlo por posible financiamiento electoral ilícito.

** Prensa Libre entrevistó a fuentes políticas, del Ejecutivo e inteligencia, que pidieron el anonimato por temor a represalias, y  coincidieron en señalar a quienes asesoran a Jimmy Morales en esta estrategia.**

El pulso se libra en  al menos tres planos: la estrategia institucional a escala local, la internacional y la mediática.

La estrategia fue asumida por el Ejecutivo luego de que cayeron en desgracia otros asesores cercanos al presidente, como el coronel Édgar Ovalle, exdiputado y oficial de inteligencia, prófugo por crímenes de lesa humanidad; y el diputado Herbert Melgar Padilla, hermano del general Érick Melgar Padilla, investigado por el caso  Manipulación de la Justicia.

Este vacío de poder fue aprovechado, según fuentes de ese organismo, por un grupo con acceso al mandatario, que incluye a secretarios y asesores.

En el entorno presidencial se conoce al grupo de más confianza del mandatario como el Sanedrín, por el nombre que recibía en la antigüedad el consejo de sabios en Israel.

Círculo de confianza

Este grupo está integrado por Mario Andrés Duarte García,  jefe de la Secretaría de Inteligencia Estratégica  (SIE); Eduardo Andrés Castro Montejo, subsecretario privado de Asuntos Políticos de la Presidencia; José Alfredo Brito Ralón, secretario de Comunicación Social de la Presidencia;  y César Orlando Ramírez Mendoza, jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). Otro de los más cercanos, aunque sin formar parte del Sanedrín, es César Augusto Cabrera Leonardo, asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia.

El Sanedrín se formó a finales del 2016, pero se fortaleció en agosto del año pasado. El presidente comenzó a mostrarse irritado en reuniones de Gabinete cuando las investigaciones del MP y la Cicig comenzaron a tocar a su familia. Eso lo dejó vulnerable para ser influenciado.

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Fuentes alrededor de Morales aseguran que fue este grupo el que recomendó darle a la disputa con la Cicig un tinte ideológico y apelar a una defensa de la soberanía nacional. Además, se encontrarían entre los asesores que  aconsejaron el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén para ganar apoyo en el  exterior.

Este grupo también hace, periódicamente, un monitoreo de medios que utiliza para convencer al mandatario de que toda crítica hacia su gobierno es una confabulación premeditada contra él.

¿Quién es quién?

Según archivos públicos como nóminas de instituciones gubernamentales, el Registro Mercantil, Registro Nacional de Personas y otras fuentes documentales, este es el perfil del círculo más cercano al mandatario:

Duarte García, jefe de la SIE, es esposo de Brenda Zaldaña Bustamante, hija de Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial de inteligencia del Ejército y condenado a 25 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad, por el caso Molina Theissen.

Zaldaña Bustamante es, además, sobrina del general Édgar Ricardo Bustamante Figueroa,  jefe de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) en el gobierno del Partido Patriota.

Duarte García fue director de Monitoreo y Comunicación de la STCNS entre 2013 y 2015, durante la gestión de Bustamante.

El abogado también trabajó en la municipalidad de Mixco durante la administración de Otto Pérez Leal, en donde conoció a Othmar Sánchez, concejal durante este período por el partido  Acción de Desarrollo Nacional (ADN) con el cual Jimmy Morales compitió por  esa alcaldía.

Eduardo Andrés Castro Montejo

Es amigo de Sánchez, investigado por el Caso Botín Registro, y colaboró con FCN-Nación en la pasada campaña electoral. Asimismo, el subsecretario trabajó en el Ministerio de Educación de junio a septiembre del 2014 en el seguimiento y sistematización de noticias durante la gestión del PP.

Lea también: Excancilleres critican débil postura de gobiernos centroamericanos ante EE. UU. 

Fue asesor profesional especializado entre mayo del 2014 y abril del 2016 en el Ministerio de Desarrollo, en la Unidad de Cooperación Internacional.

Es graduado en Relaciones Internacionales por la  Universidad Rafael Landívar y cuenta con un posgrado en Gerencia en Comercio Internacional por la Universidad de San Carlos de Guatemala, además, fue capacitado en el Weitz Center for Development Studies, una oenegé asociada a la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel, Mashav.

César Orlando Ramírez Mendoza

Jefe  de la SAAS, está casado con Silvia Lissette Ordóñez Castro, hermana de la exministra de Comunicaciones Sherry Lucrecia Ordóñez Castro, quien renunció 11 días después de haber asumido el cargo, al revelarse que había sido contratista del Estado y que tenía un adeudo tributario al tomar posesión. Además, brindó  apoyo a FCN-Nación en la campaña del 2015.

El jefe de la SAAS es propietario de una empresa individual de servicios de comunicación con tres nombres comerciales: IAVI Producciones, Inversiones SSS y Ya Support’s Productions, las cuales recibieron entre 2013 y 2014  adjudicaciones del Ministerio de Cultura y Deportes por Q141 mil 525.

Además: Víctima habría denunciado a Jimmy Morales por abusos sexuales

José Alfredo Brito Ralón

El secretario de Comunicación Social es esposo de la magistrada Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quien integra la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, que favoreció con arresto domiciliario al hermano y al  hijo del presidente, recomendó no retirarle la inmunidad al
difunto alcalde  Álvaro Arzú Irigoyen,  y ordenó el cierre de la persecución penal contra la familia Bitkov.

Brito tiene una larga trayectoria en el Grupo Albavisión, propiedad de Ángel González, de 1993 al 2001 y del 2008 al 2015.
Cabrera Leonardo, asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia, es ingeniero en Electrónica, Informática y Ciencias de la Computación. Es hijo del coronel César Augusto Cabrera Mejía, oficial de inteligencia procesado por el caso de desapariciones forzadas Creompaz, en la zona militar 21 de Cobán,   por el cual está prófugo el exdiputado Ovalle.

Cabrera Mejía también fue  representante legal de la  Empresa de Seguridad Privada Élite, y su hijo, gerente general, según reportes del Registro Mercantil y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.  Esta firma fue intervenida el 18 de abril de este año por defraudación tributaria y sus multas fueron reducidas  en Q7.5 millones por  Morales.

También estudió el doctorado en Seguridad Estratégica que cursó el mandatario. En su tesis doctoral analizó las bases de datos sobre seguridad del Estado y  el papel de las redes sociales en la desobediencia civil, en el cual afirma  que la sociedad civil “no abanderó la toma de plazas y calles” durante la crisis política del 2015.

¿La cortina  Bitkov?

En el 2015 la familia  Bitkov, de origen ruso, fue capturada como parte del caso Migración, el cual seguía a una red de falsificación de documentos, de los cuales, según la Fiscalía, la familia rusa fue usuaria. Los Bitkov fueron condenados, pero una resolución de la CC ordenó repetir el juicio.

El gobierno ruso solicitó la extradicción de Igor e Irina Bitkov el 25 de febrero del 2015 por otros delitos investigados en ese país,  y desde el 12 de septiembre del 2016 remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores un proyecto de convenio de extradición sin recibir respuesta hasta la fecha. La familia, además, ha solicitado refugio  en el país, decisión que está en manos del Ejecutivo, a través de la Secretaría General de la Presidencia.

Al respecto, la embajada rusa sostiene que no hay una persecución política contra esta familia. En dicha película, para distraer la atención pública de un escándalo sexual que involucra al presidente, sus asesores le recomiendan inventar una guerra contra un país desconocido.

El panorama para CICIG

Fuentes judiciales señalan que desde la llegada al Ministerio de Gobernación de Enrique Degenhart, en enero pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) no ha contado con  apoyo de agentes de la policía para efectuar allanamientos.

La última captura registrada en un operativo conjunto entre el MP y Cicig fue el  18 de abril último, cuando detuvieron al exdiputado Mario Israel Rivera Cabrera, mientras que el 13 abril el MP denunció que una fuga de información impidió  tres capturas por el caso IGSS-Pisa.

Los mayores respaldos internacionales hacia la Comisión han venido del secretario general de las Naciones Unidas António Guterres,  el 8 y 24 de mayo, cuando destacó el trabajo de la Cicig como “un ejemplo para combatir la corrupción”. Al igual que de parte del grupo de países donantes del G-13 y congresistas demócratas, así como de instituciones guatemaltecas como la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Mientras que las críticas foráneas más duras han provenido de congresistas republicanos, en relación al caso Bitkov, y el llamado de atención de la embajadora estadounidense Nikki Haley a la Comisión, el 1 de marzo, de “no politizarse”.
Respecto de esta información, Matías Ponce, vocero de la Cicig, indicó que no tienen comentarios.

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Nueve de los fugados ya fueron capturados. Esta es la historia de cómo las autoridades descubrieron una de las fugas más numerosas desde 2005.

Complicidad

Los policías y guardias no encontraron túneles ni perforaciones en las paredes. Los candados y las cadenas de las puertas tampoco fueron destruidos. La hipótesis principal en los informes de análisis del Sistema Penitenciario es que existió complicidad de las autoridades de turno.

Por esa razón, en junio de ese año se pidió a Presidios efectuar requisas en los dos centros carcelarios y participar en ellas. Fue así como confirmaron que 18 pandilleros, acusados principalmente de asesinato y extorsión, ya no estaban en sus celdas. Las fugas, hasta entonces, no habían sido reportadas porque en las cárceles era normal que los mismos reclusos hicieran el recuento entre sí y administraran las llaves del sector.

Salvatrucha

Ni la PNC ni Presidios lograron establecer la  fecha exacta y cómo salieron de El Boquerón los 14 reos, solo que las fugas fueron detectadas en 2016, en tres sucesos distintos: una requisa en junio, otra en octubre y porque los reclusos no comparecieron a las audiencias judiciales. 

La investigación comenzó cuando agentes de la PNC se encontraron en las calles con algunos de los pandilleros que hacía años o meses habían atrapado y que debían estar presos.

Estos policías conocen los nombres y  apodos de todos los pandilleros, como si fueran parte de la estructura, y por eso reconocerlos les resultó fácil. Los investigadores han dedicado buena parte de su vida a la persecución de este tipo de perfiles delictivos (extorsionistas, sicarios, asesinos, etcétera), por eso dieron aviso a sus superiores e insistieron en la urgencia de requisar el penal.

“Dentro de los análisis de la Unidad de Inteligencia y nuestra Unidad de Análisis Criminal (…) quedó en claro que había presos que tenían que estar en la cárcel pero que fueron recapturados en las calles. Esto nos mostró la necesidad de
retomar el control en las cárceles”, explicó Nery Ramos, quien para entonces era el director general de la PNC.

El 17 de junio de 2016 se hizo la primera requisa. En esa ocasión se detectó que los fugados eran José Estuardo Jumique Contreras, acusado de asociación ilícita por integrar la clica Coronados Locos, a la que se le atribuyen nueve asesinatos; Frank Lee Espinoza Andrade, acusado de femicidio; Édgar Geovany Herrera Zúñiga, acusado de homicidio y lesiones graves; y Daniel Armando Muñoz García, imputado  por homicidio y asesinato en grado de tentativa. Todos de la MS.

En ese momento, el MP informó a los medios de comunicación que sospechaba de la fuga de 15 reos en El Boquerón, pero hasta ese momento Presidios solo reportó la ausencia de cuatro.

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El entonces director de Presidios, Carlos de León Zea, dejó constancia de la fuga en un memorial, y un mes después de la
requisa, el 15 de julio, presentó la denuncia en el Ministerio Público. En esta incluyó a los cuatro reos  de la MS, a ocho guardias y siete empleados más asignados a esa cárcel como el director, subdirector y  alcaide, entre otros.

La copia de la denuncia presentada por De León, a la que tuvo acceso este matutino, tampoco consigna más detalles del escape.

“Nosotros tomamos posesión en agosto de 2017, pero le hemos dado seguimiento a las denuncias. Lo que sabemos es que en El Boquerón y en otras cárceles como F1, en las que se encuentran pandilleros, no se tenía control. A tal extremo que no se hacían los conteos, o los voceros —de los sectores— eran quienes decían ‘habemos 600 y tantos’, y cuadraban la cantidad”, explicó Érick Cárdenas, actual subdirector del Sistema Penitenciario.

La segunda requisa

Eran las 5.03 horas del miércoles 5 de octubre de 2016. Entre agentes de la PNC y de Presidios sumaban 580 personas. Todos entraron a la cárcel El Boquerón comandados por comisarios, fiscales y auxiliares de Derechos Humanos. Llegaron con los rostros cubiertos con gorros pasamontañas.

El patio del penal pronto comenzó a llenarse con los reclusos de los tres sectores en que compone el lugar. Los dividieron en grupos de cinco, para identificarlos por medio de los dispositivos MI3, que verifican las huellas digitales. Tomaron fotografías de sus rostros, para dejar un fichaje más ordenado y así actualizar la base de datos, según narra uno de los oficios de la Unidad de Análisis de Presidios que se tuvo a la vista.

Este registro confirma  que varios reos habían vuelto a las calles para delinquir y que hasta entonces Presidios no había reportado o no se había percatado de estas ausencias.

Los ausentes eran Luis Alberto Franco, Josué David Pacajoj Márquez, Jairo Daniel Batén Hernández y Léster Waldemar Aguilar Oajaca; la mayoría sindicados por asesinato y extorsiones, entre otros delitos y también miembros de la MS.

Entre los fugados se encontraban,  además, Carlos Antonio Roldán Vásquez, líder de la clica Little Malditos Locos y que cumplía una condena de 186 años por varios asesinatos, extorsión y otros delitos; Marlon Rolando García López, integrante de Vatos Locos y condenado a 295 años de prisión por nueve asesinatos y otros delitos; Víctor Antonio Landaverde Portillo, líder de la MS en Retalhuleu y acusado de asociación ilícita y posesión ilegal de armas de fuego; y Rudy Francisco Quiroa, alias el Destructor, sospechoso de haber coordinado la fuga y acusado de haber asesinado a seis mujeres y dirigido extorsiones en dos sectores de la zona 1 capitalina.

La denuncia fue presentada dos días después de la requisa, el 7 de octubre, y no se incluyó a ninguna autoridad porque tampoco se tenían datos exactos del día del escape. “El MP tiene la tarea de determinar cuándo sucedieron los hechos porque no se contaba con cámaras ni informes, y según los análisis de riesgo, no fue por un túnel y tampoco escalaron, lo que hay es una complicidad, lastimosamente, por parte de los guardias de ese entonces”, comentó el actual subdirector de Presidios.

¿Recuerda la protesta de reos en el Infiernito?
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Más desorden

Dos  integrantes más de la MS  desaparecieron de El Boquerón. A uno lo delataron  sus faltas a las audiencias en tribunales y del segundo solo quedaron registros de su recaptura.

Uno de ellos es Francisco Javier García González, alias el Blacky, acusado de nueve asesinatos y hombre de confianza de Jorge Jair de León Hernández, alias el Diabólico,  uno de los máximos líderes de la MS, condenado en 2010 a 168 años de prisión, y el otro, Luis Augusto Calderón, alias el Gruñón y considerado otro de los principales cabecillas de la MS.

En el Tribunal C de Mayor Riesgo del Organismo Judicial, el personal identifica de inmediato al Blacky. Lo recuerdan porque no asistía a las audiencias y se excusaba por medio de los guardias, argumentando que temía por su vida. Así que optaron por la videoconferencia, pero tampoco llegó. Entonces enviaron a un juez para comprobar si se encontarba en la cárcel y alguien  se hizo pasar por él, hasta que fue recapturado el 8 de septiembre del 2016.

Los investigadores del caso consideran que todos los reos de la MS se fugaron juntos, como sospechó en junio del 2016 el MP, aunque se reportó de las evasiones en diferentes momentos.

Informes de inteligencia policial basados en declaraciones testimoniales registran el pago  de al menos Q150 mil, por cada reo evadido,  para las autoridades de turno del reclusorio. “No todos los que se escaparon son líderes, pero por su efectividad  para coordinar ataques y la necesidad de la pandilla de tenerlos en las calles los sacaron”, se indica en uno de los análisis.

La Fiscalía de Delitos contra Extorsiones  confirmó que tenían conocimiento de las fugas, pero no del  soborno para que se dieran.

El trabajo para esclarecer las fugas se complicó porque ninguno de los involucrados quiso dar a los investigadores los nombres de sus cómplices ni detalles del escape, por temor a ser asesinados por sus pandillas.

El Boquerón es uno de los 22 reclusorios que administra el Sistema Penitenciario  y el segundo clasificado como de máxima seguridad. Fue inaugurado en el 2003 y tiene capacidad para 80 reos; sin embargo, actualmente alberga  622  y desde 2005 recibe solo a miembros de la MS.

Los 18 también

Por alguna razón, el 2016 fue un año de muchas fugas de la cárcel, y no solo de miembros de la MS, sino también de sus rivales del Barrio 18.

“Recuerdo que en esa cárcel (F1) cuatro personas no estaban, no aparecían. A partir de eso se generó una estrategia permanente de requisas en diferentes cárceles del país”, dijo el exdirector policial.

El 17 de noviembre de ese año, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Rivas, confirmó que del centro de detención para hombres Fraijanes 1 se fugaron Andy Santana García Vásquez y/o Andy Santana Díaz Florián, Fernando Muñoz Sinar, Josué Alberto Mendoza Sente y Hans Ludwin Flores Quintanilla, jefes de clicas del Barrio 18.

Según la Policía, se trata de reos de alta peligrosidad, acusados, en su mayoría, de haber participado en no menos de 10 asesinatos, portación ilegal de armas y posesión y consumo de drogas, entre otros delitos. En esa ocasión Presidios denunció penalmente al director de la cárcel y se ordenó el cambio de todo el personal de seguridad.

“La infraestructura de F1 no da para que se escape una persona escalando o perforando una pared; es imposible. Además, no había boquetes ni túneles. Así que asumimos que estas personas también salieron por la puerta principal”, dijo el actual subdirector de Presidios.

En febrero del 2017, el SP, por orden de Gobernación, trasladó a 164 reos, líderes del Barrio 18,  a la cárcel El Infiernito, ubicada en Escuintla, con el objetivo de retomar el control. Fraijanes 1 fue inaugurada en 2007, con capacidad para 160 presos y comenzó a recibir a los jefes del Barrio 18 en 2015. Ahora   se convirtió en centro de rehabilitación y reinserción para mujeres, como un nuevo modelo penitenciario.

La eterna batalla

Una de las mayores quejas de los investigadores policiales y que los condujo a descubrir estas fugas es  que después de meses de trabajo para capturar y desarticular a bandas del crimen organizado, Presidios no tiene control sobre la población recluida.

“Al tener fugas y no detectarlas ni reportarlas complica el trabajo, porque el reo vuelve a las calles  a delinquir y no podemos capturarlo porque al consultar con registros oficiales la persona aparece recluida”, comentaron algunos oficiales consultados que, por seguridad, pidieron no identificarse.

Fuentes del Tribunal C de Mayor Riesgo, que resuelve casos de   pandillas, registra las faltas de los acusados a las audiencias. Estas, a veces, pasan inadvertidas porque están programadas con un lapso de un año o año medio.  Hasta ese momento, si Presidios no ha identificado fugas, los jueces dan la alerta.

El subdirector Cárdenas dijo que pasó más de año y medio desde la primera denuncia de la requisa de junio de 2016, pero no han tenido noticias de las investigaciones del MP. Agregó que en las dos cárceles sucedía lo mismo: falta de control, no se cumplían los protocolos de seguridad, no se hacían conteos diarios y los que anotaban los datos eran los mismos presidiarios.

  La Fiscalía de Delitos Administrativos investiga si hubo complicidad de las autoridades, mientras que  la Unidad contra el Crimen Organizado del MP indaga las evasiones.

Según Cárdenas, para evitar las fugas se redujo la cantidad de visitas y de encomiendas. La comida, por ejemplo, se revisa por escáner en las oficinas del SP, y en los últimos seis meses se efectuaron 160 requisas.

Además, se instalaron cámaras en las puertas de los penales, los  guardias  son rotados con más frecuencia y se nombraron directores en las cárceles donde no había, entre otras medidas, aunque eso, dijo el funcionario,   ha sido motivo de protestas de familiares y reclusos.

Los cambios frecuentes de directores en Presidios y  el casi 400 por ciento de sobrepoblación en los   reclusorios despiertan dudas sobre el control  en el SP.

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