Justicia

Edificio en proceso de extinción tiene vinculación con Marllory Chacón Rossell

El rastro del dinero alrededor de la adquisición del edificio del extinto Banco de la República, ubicado en la diagonal 6, 10-26, zona 10 de la ciudad de Guatemala, conduce a la narcotraficante confesa Marllory Dadiana Chacón Rossell, por medio de Sergio Aníbal Hernández Lemus, exdirectivo  del Banco de los Trabajadores (Bantrab).

Por Bill Barreto y Urias Gamarro / Guatemala

Inmueble del desaparecido Banco de la República sería el primero extinguido a la narcotraficante Marllory Chacón Rossell. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)
Inmueble del desaparecido Banco de la República sería el primero extinguido a la narcotraficante Marllory Chacón Rossell. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)

El departamento de comunicación del Bantrab declinó dar declaraciones respecto de este reportaje. El banco, aseguraron, “colabora con las investigaciones. Ha trasladado toda la información sobre el caso al Ministerio Público y a la Cicig. Son estas instituciones las que deciden qué hacen público y qué no, en aras de no obstaculizar el proceso”.

El  6 de noviembre del 2017, el juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio decretó la inmovilización y el embargo por el Ministerio Público del edificio  en cuestión  a nombre de dos sociedades anónimas: Clarissa, S. A., y J. L. Corporation, S. A.

La extinción de dominio del antiguo edificio de Banco de la República es el primer bien inmueble que será incautado a Marllory Dadiana Chacón Rossell, procesada en los Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

La administración del inmueble estuvo a cargo de familiares de Chacón, conocida como la Reina del Sur, por su participación en el trasiego de drogas y lavado de dinero.

Entre los responsables de la empresa estuvo su hermano Ferdy Oswaldo Chacón Rossell, quien fue administrador único de la compañía Clarissa, S. A., en el 2009, según consta en reportes del Registro Mercantil.

Se buscó contactar a Chacón Rossell a través de los teléfonos registrados de su empresa Distribuidora Los Pinos, pero no se obtuvo comunicación.

Todos los caminos conducen a Chacón alrededor de estas dos sociedades. La sociedad  J. L. Corporation, S. A., fue creada por el notario Christian Alejandro Lanuza Monge, quien a su vez es el mandatario de  la entidad fuera de plaza Broadway Commerce Inc, con registro en Panamá.

Una investigación de Univisión Noticias, de abril del 2016, señala que esa financiera era presidida por Marllory Chacón, según información revelada en la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca conocida como Papeles de Panamá.

Esta no es la única conexión de Chacón con Broadway Commerce Inc.  La financiera también figura como intermediaria de la entidad Casa Vogue, en reportes de la herramienta Offshore Leaks Database, del International Center for Journalists.

Casa Vogue figura entre las empresas relacionadas con Chacón  por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el 2012, vinculadas con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Esa compañía fue incluida en el reporte de la Ley de cabecillas extranjeros del narcotráfico -Foreign Narcotics Kingpin Designation Act- de agosto del 2012, que señaló por primera vez a Chacón como narcotraficante.

La relación con Clarissa, S. A., por otra parte, conduce a dos vínculos claves. Antes de que Ferdy Oswaldo Chacón Rossell fuera el administrador único de la empresa, ocupó ese cargo Carlos Manuel Pinzón Ramos.

Pinzón Ramos fue  jefe de Recursos Humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hasta que fue ligado a proceso en el 2015 por el caso Redes.

Ese funcionario fue nombrado por el expresidente Alfonso Portillo director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec). Según fuentes confidenciales cercanas a la operación, habría representado los intereses de Portillo en Clarissa.

Pero, ¿cómo se relaciona esa operación con el exmandatario y por qué tendría interés en esa empresa? Para entender la aparición de Portillo y su vinculación con Chacón y Sergio Hernández hay que remontarse a la venta del Banco de la República, en el 2008.

Origen de la trama

En la compra del Banco de la República, en el 2008, por parte de Bantrab,  a un costo de alrededor de Q160 millones, la entidad fuera de plaza de esta última institución, Oxxy Financial Corp., quedó fuera de la operación.

Según el testimonio adelantado el año pasado por  Eduardo José Liu Yon, exdirectivo del Bantrab, por el caso de presunta apropiación de bienes del banco en Villas de Elgin, por parte del Banco de la República se crea un fideicomiso para pagar a los inversionistas en Oxxy Financial Corp.

Liu declaró que la entidad fuera de plaza “tenía un avance por Q200 millones  y la instrucción que da la SIB Superintendencia de Bancos-  es la constitución de un fideicomiso  en donde los señores Aguilar aportan el 100 por ciento de una sociedad anónima que se llama Clarissa, S. A., y le da la orden a ese fideicomiso de pagarles a los inversionistas,  tanto con dinero como con acciones de Clarissa, S. A., que tenía en su totalidad la propiedad del edificio de la Diagonal 6”.

La SIB era presidida en esa época por Édgar Barquín, exvicepresidenciable de Libertad Democrativa Renovada (Líder), condenado por el delito de  tráfico de influencias, en el 2016, en el caso llamado Lavado y Política.

El Fideicomiso de Administración Inmobiliarias Unidas, creado con ese fin, pagó a los inversionistas de Oxxy Financial Corp, detalló Liu en su testimonio.

A los inversionistas minoritarios se les pagó en efectivo, a los medianos en efectivo y en acciones de Clarissa, S. A., mientras que a los mayoritarios solo en acciones de esa entidad.

En ese tercer grupo de inversionistas, según Liu, “el mayor inversionista de Oxxy Financial Corp., con casi Q100 millones, un 50 por ciento de las acciones, era el expresidente Alfonso Portillo y Julio Girón -su secretario privado-”. Entre estos activos se encontrarían los del edificio del Banco de la República.





Al cierre de esta edición no se había logrado establecer un contacto con el expresidente.

Oxxy Financial Corp fue utilizada por Portillo para cobrar dos cheques provenientes del gobierno de Taiwán en el 2002 para mantener el reconocimiento de Guatemala a esa nación.

Según el expediente de acusación contra el exmandatario, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que lo condenó por lavado de dinero: el Gobierno de Taiwán “emitió dos cheques adicionales, cada uno en la cantidad de US$500,000 a una compañía conocida  como Oxxy Financial Corp. Al igual que con los tres cheques previos emitidos en el 2000, estos dos cheques también se tomaron de la cuenta bancaria del gobierno de Taiwán en el Banco Internacional de China en Nueva York”, detalla el expediente 09CRIM1142.

Según fuentes cercanas a la operación, el pago en acciones de Clarissa, S. A., permitió el traspaso del inmueble del Banco de la República de Portillo a Marllory.

Para esto se utilizó al intermediario de Portillo, Carlos Manuel Pinzón Ramos, quien dejó de ser administrador de Clarissa, S. A., el 23 de diciembre del 2008. Mientras que por parte de Marllory Chacón fue su hermano, Ferdy Oswaldo Chacón Rossell, quien administró la entidad hasta el 27 de mayo del 2009.

Casa de naipes

La conexión entre Marllory Chacón y Sergio Hernández tiene algunos de sus vínculos más fuertes  alrededor del inmueble del desaparecido Banco de la República.

Tras la operación del fideicomiso, Hernández le ofreció a la Junta Directiva la compra del inmueble; sin embargo, esta no lo autorizó, según testimonio de Liu.

La intermediaria en esta operación fue la cuñada de Hernández, Karla Judith García Guzmán, señalan fuentes al interior de Bantrab, quien se habría presentado como representante de Clarissa, S. A. García Guzmán actualmente se encuentra prófuga por el caso Villas de Elgin.

Hernández cambió de estrategia y propuso el alquiler del inmueble. La declaración adelantada por el exdirectivo Liu señala: “-Hernández- él presenta a una persona conocida como el Chino Soto, como un comprador de estos activos. Este señor compra el 51 por ciento de las acciones de Clarissa, y en ese momento toma control del edificio y a través del mismo fideicomiso del banco se comienza a  comprar las restantes acciones”.

Pese a que el banco contaba con activos como para adquirir o construir su propio inmueble, Hernández se oponía a estas operaciones.

Una fuente interna del banco, bajo reserva de confidencialidad, detalló: “Sergio siempre se negó en las reuniones del consejo de administración a construir el edificio y seguir con la renta del edificio de la zona 10. El edificio, poco a poco empezó a ocuparse. Se empezó el rumor más fuerte de que Hernández tuvo vinculación con Chacón Rossell. La renta del edificio era, además, muy alta”.

Cuando el Bantrab se trasladó en el 2009 del edificio solo se ocupaban tres de los 10 pisos del inmueble. “La agencia y dos niveles, y él -Sergio Hernández- utilizaba el penthouses como parte de su oficina privada. A esa oficina acudían políticos y empresarios como Fernando Peña  -expresidente de Banrural, sindicado por financiamiento electoral ilícito-, Pavel Centeno, Mauricio Lopez Bonilla, Juan de Dios Rodríguez y otros altos funcionarios del Partido Patriota”, detalló la misma fuente.

La operación comenzó a resquebrajarse en el 2012 con la aparición de Marllory Chacón en una lista del Departamento del Tesoro estadounidense, señalada como líder narcotraficante y lavadora de dinero, y su aceptación de los cargos en el 2014. Previamente ya era de conocimiento de altos cargos del Bantrab la relación comercial entre Hernández y Chacón.  Hernández fue capturado en el 2016 y enfrenta un proceso por lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.

Explican relaciones

En consulta con el abogado defensor de Sergio Hernández, el litigante Óscar Colindres, este afirmó que no hay documentos que acrediten un vinculo entre su defendido y Marllory Chacón, más allá del testimonio del exdirectivo del Bantrab Eduardo Liu.

Colindres compartió a Prensa Libre algunos fragmentos del libro que Hernández prepara, respecto a este caso, con autorización de su cliente.

“Liu aprovechó que yo confié, como lo he hecho con cualquiera que me lo pregunta, que tuve amistad con la familia de la señora Chacón Rossell, a quiénes conocí por haber sido hace más de 15 años mis vecinos de condominio. No obstante, pese a esa vecindad, JAMÁS ella o alguna empresa relacionada manejó ninguna cuenta en BANTRAB, que en el fondo es lo que presumen o han tratado de insinuar” (sic), señala uno de los fragmentos compartidos.

En su publicación, Hernández también arremetió contra la declaración de Liu al señalar que una hermana de ese exdirectivo también se vería implicada en el caso.

“Sólo un retrasado mental puede confesar delitos en donde no los hay, implicándose él y su hermana. Ese día este señor increíblemente se hizo RESPONSABLE y pretende convertir en DELECTIVO todo el caso armado irresponsablemente por la IVE y SIB, con la finalidad de mantenernos indefinidamente en prisión” (sic), según aparece en el texto de Hernández.  

            

Cadena de empresas

Las empresas investigadas por el antiguo edificio del Banco de la República J. L. Corporation, S. A., y Clarissa, S. A., son las que llevan a través de distintos vínculos hacia Marllory Chacón.

El abogado Christian Alejandro Lanuza Monge, notario que registró la constitución de J. L. Corporation, confirmó a Prensa Libre que realizó esa operación y que conoció a los fundadores de la sociedad, Jaime Josué Valencia Hernández y Luis Marcos Trujillo, en el 2005, pero indicó desconocer cualquier vínculo con Chacón.

En el 2009, Lanuza  laboró en el bufete Díaz-Durán y Asociados, en esa época. Según datos del Registro Mercantil, figuró como mandatario en ese año de la entidad fuera de plaza Broadway Commerce Inc., presidida por Marllory Chacón.

“Yo en esa época prestaba mi protocolo, y esta gente-Bufete Díaz-Durán y Asociados-  hizo esas empresas. En el mismo 2009 dejé de trabajar allí, porque asumí como magistrado al Organismo Judicial. En consecuencia, no pude ejercer ninguna actividad de representación”, aseguró Lanuza.

Por su parte,  uno de los fundadores del mencionado bufete, el diputado Juan Manuel Díaz-Durán, del partido Visión con Valores, Viva, afirmó: “Yo recuerdo, por noticias periodísticas, que esa sociedad la adquirió el  licenciado —Francisco— Palomo (asesinado en 2015). Parece que esta señora Chacón le compró la sociedad. Esa señora no era cliente de la oficina”.

Respecto de las palabras de Lanuza  de que el bufete  habría utilizado su protocolo,  Díaz-Durán dijo: “Son 25 abogados, cada quien hace sus escrituras y operaciones. Eso es cosa de él”.

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